La democracia en movimiento (I)

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto

En el mundo occidental como conocemos el sistema de democracia sea presidencialista representativa, parlamentarista, la ciudadanía está acostumbrada a que los políticos traten de resolverles sus problemas, y prácticamente en el caso específico de Costa Rica se limitan a asistir a las elecciones y ejercer el derecho al voto eligiendo a sus representantes sean el Presidente y sus Vicepresidentes, Diputados en las elecciones nacionales y las municipales eligiendo las Alcaldías, Regidores, Síndicos y Concejales de distrito. Se respeta la voluntad popular y esa es la forma que tenemos de concebir nuestra democracia. Desde la Constitución Política de 1949 vigente hasta la fecha están delimitados los 3 Poderes Públicos de la República.

El jurista Eduardo Ortiz Ortiz en su escrito sobre “El Orden Jurídico Administrativo” siguiendo la línea de Montesquieu afirmaba: “Un régimen moderado es aquel en que hay división de poderes, de modo que sea el mismo poder, y no el individuo ni la masa, los que controlen el poder. Pero, sobre todo, será aquel régimen que está sometido a la ley, como mandato impersonal y abstracto, desarraigado de toda referencia al prestigio de una persona o grupo. La moderación viene precisamente de que el poder se debilita cuando se independizan unas de otras las diversas etapas en la vida de una ley. En cambio se fortalece si todas se concentran y confunden en una sola persona.”

En nuestro país hemos confundido de creer que la democracia es crear cientos de Instituciones Públicas, a la fecha se dice son 332 entes públicos con su burocracia y recursos propios en su mayoría; esto ha devenido en crear un Estado “ingobernable”, donde prácticamente nadie tiene el poder de hacer y decidir, incluso hasta dentro de los mismos Ministerios a lo interno les crean órganos de desconcentración máxima donde hay que pedirle permiso a los grupos de presión e interés representados en sus juntas directivas. El Estado en sí se encuentra “entrabado” donde se abusa del autocontrol del poder donde todos cogobiernan y deciden, y convierte el sistema en una lentitud desproporcionada con las necesidades del país y su ciudadanía, reinando la ineficacia e ineficiencia en los entes públicos.

Durante décadas los propios Gobernantes se han quejado y cuestionado de esta situación; pero nadie ha hecho nada, incluso algunos afirmaban que solamente convocando a una Asamblea Nacional Constituyente y elaborando una nueva Constitución Política era posible impulsar el cambio sustancial para lograr el real desarrollo económico y de infraestructura. El Estado de Derecho debe estar al servicio de los ciudadanos, pero aquí pareciera lo contrario los jerarcas y funcionarios de las Instituciones Públicas priorizan como objetivos defender la “institucionalidad” para defenderse ellos y sus puestos, y muchos entes adolecen de falta de planificación administrativa y lograr objetivos que realmente impulsen el desarrollo nacional.

Observamos, tanto a nivel internacional y regional que el pueblo está cansado del sistema de los partidos políticos y nuestro país no es la excepción, y en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica estudia de manera sistemática las percepciones de la ciudadanía en diversos temas, estando en el último lugar los partidos políticos, seguidos por la Asamblea Legislativa, y luego la Contraloría General de la República, como las entidades más desprestigiadas del país. En realidad esto preocupa, aunado a la irrupción de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación masiva en diferentes plataformas; que permiten a los ciudadanos obtener la información y noticia, opinando con inmediatez casi absoluta; tanto a nivel nacional como internacional.

El mismo sistema de información actual a que las entidades públicas se ven forzadas a privilegiar los principios de publicidad y transparencia, y hasta el propio Presidente de la República tuvo que adoptar la política de comunicación constante, con conferencias de prensa semanal, informes de noticias, publicitar los acontecimientos de sus giras al interior del país. Lo mismo la Asamblea Legislativa tiene su propio canal de televisión y transmisión directa por radio y redes sociales; igual otras Instituciones públicas, Municipalidades etc. Existe el libre acceso de los diarios de comunicación privados de poder cubrir las noticias e informaciones de los actores. En síntesis existe en el país la absoluta libertad de expresión y opinión. Algunos por razones de intereses particulares o politiqueros se dan el tupé de criticar y cuestionar las nuevas formas de información que llegaron para quedarse.

Estábamos acostumbrados “al aburrimiento de la política”, ahora se da una adrenalina pura, muy propia de “una democracia en movimiento” más parecido a los sistemas parlamentaristas; donde la discusión es constante, sin guardarse nada; y el país debe irse adaptando; aunque alguna gente se quedó en el pasado o son de “cristal” que no se les puede decir nada; o se da “el bulo” que es la noticia falsa propalada con algún fin; término muy usado en España y otros lugares. Los fenómenos actuales dieron un giro total al manejo de la comunicación política, tienen como corolario que las redes sociales permiten un mayor acceso y estoy convencido que la gente ahora lee más y cada quien saca sus propias conclusiones usando el raciocinio y se debe leer las diferentes posiciones, para poder tener una claridad y cercanía con los hechos reales y verdaderos.

En una segunda parte escribiré sobre el anuncio de convocar a un Referéndum de parte del Gobierno de la República, que es un procedimiento jurídico y político por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación (vía iniciativa popular conforme lo expresa la Ley) y estamos esperando a que el Gobierno informe sobre los temas legales que son objeto de este tipo de consultas y si se realiza será la segunda vez que se convoca, el anterior fue sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en Costa Rica celebrado el 7 de octubre de 2007 y la mayoría triunfadora fue “el SI” de parte del pueblo soberano.

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