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Ágora
Por Guido Mora
Flaco favor hace, quien obvia la presencia y participación de representantes de la ciudadanía y del sector privado, en el papel de corruptor de funcionarios públicos: unos por estar dispuestos a recibir dádivas por la ejecución y el beneficio personal en el cumplimiento de sus labores, otros por su disposición -y costumbre- de ofrecerlas y entregarlas.
Y aunque es lamentable lo que está ocurriendo con el renombrado “Caso Cochinilla”, si algo bueno hay que resaltar, es la determinación de la Fiscalía, de identificar y procesar, por presunción de delito, a representantes de empresas privadas, que históricamente se han visto privilegiadas con la adjudicación de proyectos millonarios, cuyos resultados finales, en no pocos casos y a pesar de recibir los avales técnicos de las instancias correspondientes, parecen no cumplir con las normas de calidad establecidas para este tipo de proyectos, que en no pocas ocasiones incumplen los períodos presupuestados de vida útil, o sufren de un deterioro acelerado, por el presumible incumplimiento de las normas de calidad.
Y es que los costarricenses, ante múltiples situaciones observadas, nos hemos formado el criterio de que la ley no siempre castiga los delitos de igual manera, si se es de escasos o de muchos recursos económicos; si se tienen vínculos políticos o no se cuenta con ellos. Casos recientes -para mencionar algunos-, como Yanber, ALDESA, el hackeo de información confidencial de una institución pública, por parte de un banco privado; la lentitud para juzgar a una ex Defensora de los Habitantes o el sonado caso de “La Trocha”, muestran la lentitud en la aplicación de justicia, de las instituciones que están en obligación del cumplimiento del principio jurídico de procurar justicia pronta y cumplida para todos los ciudadanos.
Muchas veces esa lentitud se presume alimento de la impunidad, ante la comisión de delitos, por parte de “personalidades públicas y privadas”.
La corrupción no es una disfuncionalidad o problema de reciente data.
En el inicio de la historia occidental, para señalar sólo un caso en Grecia antigua, Antiquitatem cuenta cómo Demóstenes cambia su posición frente a los embajadores de Mileto, después de recibir dinero de manos de los representantes de Filipo.
La sociedad romana antigua, se caracterizó por el clientelismo, que era una relación económico-política entre una persona rica y altamente situada en el escalafón social, a la que se denominaba patronus, y otras de menor rango, llamadas clientes, a las que éste protegía, ayudaba y otorgaba tierra para que la trabajaran o ganado para que lo criaran, y que devolvían los favores de su patrono ofreciéndole obediencia y sumisión, defendiéndolo con las armas, testificando en su favor ante los tribunales y, en general, sometiéndose a las órdenes de él.
Esta relación constituía un disparador para que los patricios -senadores o cónsules-, establecieran vínculos de beneficio, para cobrar dádivas ante la obtención de favores, para con su clientela. Por otra parte, era frecuente que los cónsules buscaran la forma de no pagar el porcentaje establecido al Estado, obtenido en el ejercicio de sus funciones militares y políticas.
Menciono esta realidad histórica lejana, como se puede hacer con otras tantas suscitadas a lo largo de la historia de la humanidad, con el fin de afirmar contundentemente, que el fenómeno de la corrupción es consustancial a la naturaleza humana y al ejercicio del poder.
Sectores sociales, económicos y políticos pueden desarrollar la propensión de interponer dinero, bienes o favores, a representantes del Estado y a otros actores sociales y económicos, con el propósito de verse favorecidos con su influencia y sus decisiones y resoluciones. Del otro lado, siempre existirá quien esté dispuesto a aceptar un soborno e interponer su influencia o acceso a la administración pública o a la autoridad, para beneficio personal, por encima de la ética que debe de normar la acción del funcionario público o privado.
Cómo esta es una realidad inherente a la naturaleza humana, uno de los problemas que se deben de señalar y resolver, es la incapacidad del sistema de detener, castigar y combatir esta disfunción social, política y económica.
En el caso particular de Costa Rica, debemos de afirmar que, al menos durante las últimas décadas, hemos sido incapaces de desarrollar o aplicar los mecanismos que frenen la lacra institucional de la corrupción. Esta incapacidad es evidente tanto del lado del corrupto como del corruptor.
La sensación de impunidad y de la ausencia de castigo, ante el delito cometido prevalece en la sociedad y, lamentablemente, fomenta la comisión de la infracción, reforzado en no pocas veces, desde la perspectiva económica, con los dineros del narcotráfico.
Gobierno central, gobiernos locales, empresas públicas y privadas, funcionarios públicos y empresarios privados han protagonizado actos de corrupción, que han quedado impunes y restan credibilidad al sistema democrático.
Constituye una tarea de vital importancia resolver este problema legal y atacar el problema ético, de forma impostergable.
La sociedad ya no tiene confianza en el sistema jurídico y en algunos de sus protagonistas y este, estimados lectores, es un pilar fundamental de la democracia costarricense.
No está bien y me enoja, no articular lo necesario para contrarrestar la corrupción.
Excelente Guido, la honradez es un bien que no se cambia ni tiene precio, este se enseña en el hogar. Siempre me pregunto, ¿y las auditorias internas? ¿y la Contraloría?