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Ágora
Guido Mora
Esta estrategia incrementó nuestras exportaciones y atrajo un mayor flujo de divisas a la economía costarricense. Pero también, cómo impacto negativo y resultado del fortalecimiento de un capitalismo posmoderno desencadenó, por un lado, procesos de concentración de la riqueza en pocas manos y, por otro, el empobrecimiento de grandes mayorías de costarricenses.
Según la Encuesta Hogares de 2019 realizada por el INEC, como resultado de la aplicación de este modelo de desarrollo, mientras que los tres quintiles inferiores de la pirámide de ingresos -en donde se ubican 3.285,299 ciudadanos- reciben el 27.4% del ingreso; los dos quintiles superiores, integrados por 1.765,392 personas, concentran el 75.6% del ingreso nacional.
Según el Informe del Estado de la Nación, “mientras una familia en pobreza extrema recibe ¢150.000 o menos por mes, las clases más altas concentran entre ¢4 millones y ¢7 millones de colones o más”.
Un modelo en crisis
El modelo de desarrollo imperante generó, a lo largo de los años, una sociedad desigual, con poca o ninguna equidad; una profunda crisis socioeconómica y el desasosiego para los costarricenses, por las implicaciones socioeconómicas que conlleva, formar parte de la vergonzosa lista de las 10 naciones más desiguales del mundo.
La desvinculación de importantes grupos sociales de los beneficios generados por este sistema, desencadenó un marcado y paulatino deterioro de los índices socioeconómicos de una nación que, en el siglo pasado exhibía índices de bienestar que competían con los de países del Primer mundo.
Las decisiones políticas no se ejecutan desde la vacuidad, ni están exentas de intereses. Son acciones orientadas a obtener determinados resultados, y están impulsadas por los grupos más privilegiados de la sociedad, vinculados a las estructuras de gobierno, de poder y a los partidos políticos. La influencia en estas estructuras posibilita la aprobación de leyes, el impulso de acciones y privilegia intereses qué, en nuestro caso, con el pasar de los años, sólo han profundizado la desigualdad y la inequidad, en detrimento de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad.
La clase política, la empresarial e importantes sectores de la burocracia estatal, son protagonistas y cómplices de esta realidad, ya sea por impulsar y aprobar leyes, por concretar decisiones políticas o bien, por postergar la toma de decisiones o la ejecución de acciones orientadas a detener esta frenética voracidad.
Los partidos políticos son actores, cómplices y medios de transmisión que, con una absoluta desvinculación y ninguna sensibilidad social, han patrocinado impulsado y permitido esta macabra realidad y, consecuentemente, el desastre social que enfrentamos.
La Costa Rica previa a la pandemia
Antes de la crisis sanitaria, nos encontrábamos con una Costa Rica en donde prevalecía la concentración de la riqueza en pocas manos; en que importantes sectores sociales estaban desconectados de los beneficios del sistema. Una economía con crecimiento insuficiente para atender los requerimientos del país; con altos niveles de desempleo, provocados por una crisis estructural y la incapacidad del sistema de vincular a importantes grupos sociales, mediante la educación y la formación, a las exigencias de la economía y la sociedad del conocimiento. La incapacidad de prospección por parte del sistema educativo -los educadores incluidos-, para anticipar los requerimientos de esta nueva economía es apabullante.
Nuestra sociedad no está preparada para una economía en que la aplicación de la tecnología al mercado laboral, libera importantes masas de trabajadores y mano de obra poco calificada, que ante salarios bajos o el desempleo, no logran satisfacer sus necesidades básicas.
En conclusión, ante la incapacidad del sistema político y económico de satisfacer sus demandas, importantes masas sociales, catalogadas como «los perdedores del modelo», ven reducidas, paulatina y progresivamente sus posibilidades de subsistencia, situación que colateralmente genera una disminución del apoyo y credibilidad en el sistema político democrático. Esta actitud los motiva a favorecer otras formas de gobierno, presuntamente más eficientes y eficaces.
Los actores empresariales, particularmente el grupo mercantilista- financiero -uno de los grandes ganadores en la aplicación de este modelo de desarrollo-, favorece y promueve formas de administración corporativas, equiparando los mecanismos de manejo de una empresa, a las formas de administración del Estado, bajo premisas falaces, tales como la eficiencia y eficacia absoluta del sector privado para solucionar problemas, la infalibilidad de ese sector y la ausencia de corrupción en el interior de esos grupos.
La indefinición, la procrastinación de alternativas y la defensa de intereses de grupos y sectores privilegiados, provocan que Costa Rica esté, antes de la pandemia, inmersa en una profunda crisis social, política y económica.
La revelación de falencias y el choque con la realidad
El arribo de la pandemia desnuda la realidad de una Costa Rica desigual, revela las inequidades y profundiza las desigualdades.
Se estima que, ante el impacto de la crisis económica provocada por la pandemia, el desempleo crecerá a tasas por encima del 24%, revelado por la reciente encuesta realizada por el INEC.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ya para el año 2017 existían más de 1.100.000 pobres, para un nivel de pobreza de un 20.5%. Asimismo, existían 86.663 hogares en pobreza extrema. La crisis económica provocada por la Covid-19, fácilmente puede duplicar la pobreza y la pobreza extrema prevaleciente en nuestro país.
La economía, en términos generales, amenaza con decrecer hasta en un 10%, como resultado de este terrible desastre sanitario y económico.
Estamos protagonizando la crisis más profunda de la última centuria y sin duda alguna, esta situación acarreará una catástrofe social sin precedentes para los próximos años.
Mientras se deterioran aún más los medios de vida de los sectores menos favorecidos de la economía: jóvenes, mujeres, adultos mayores y otros grupos vulnerables, los sectores “ganadores”, los que por décadas se han visto favorecidos por la aplicación del modelo de desarrollo, pretenden mantener y profundizar sus privilegios, en momentos en que la economía nacional y mundial, se ha empequeñecido y la pobreza, el desempleo y la desesperanza campea en miles de hogares.
Los representantes de estos sectores se han dado a la tarea de contratar a defensores de sus intereses quienes, cuan sicarios o condotieros, promueven la defensa de esos intereses en diversas instancias políticas e institucionales, sin preocuparse por las penurias económicas de otros grupos sociales, impactados hasta sus cimientos, por el desastre que enfrentamos y la debacle socioeconómica que se avecina.
Las oportunidades que genera la crisis
En la crisis, se consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad.
John F. Kennedy
Si antes del Covid-19 estábamos viviendo situaciones económicas complejas, la crisis sanitaria ha exacerbado esas condiciones, desnudando las inequidades de un sistema que no puede ser perpetuado.
No es posible hablar de la reactivación de la economía, si quienes usan esta terminología lo que se pretenden es volver a las condiciones socioeconómicas previas a la pandemia sanitaria.
Aunque muchos no quieran reconocerlo, esta crisis ha transformado al mundo y, posiblemente lo siga modificando los próximos meses y años.
La situación exige la toma de decisiones y la ejecución de acciones inmediatas.
Ante la contundencia y profundidad de esta crisis, las personas no pueden continuar esperando. Las medidas deben ser aplicadas de inmediato y deben orientarse a mitigar el impacto de la pandemia.
Las acciones legales e institucionales que se tomen y ejecuten deben de posibilitar el reinicio de relaciones económicas, que generen las transformaciones en el corto, mediano y largo plazo. Primero, es impostergable atenuar el impacto de la crisis en diversos sectores sociales y económicos. En el mediano plazo deben de posibilitar qué en el reinicio de la actividad económica, se fortalezca una economía más inclusiva e igualitaria, en donde prevalezca la salud de las personas, por sobre la defensa de los intereses económicos de los sectores más favorecidos. En el largo plazo, que asumamos la responsabilidad de reestructurar nuestra pequeña economía, de manera que logremos una mejor inserción en el nuevo orden económico mundial, que estará vinculado sin duda, a la economía del conocimiento, a la tecnología, y a los inventos y desarrollos que se están generando en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.
Además, es imperativo que tomemos conciencia, superado este “apagón económico”, de la necesidad de fortalecer el valor de la solidaridad, -erosionada por el modelo de desarrollo imperante-, que debe prevalecer en la sociedad costarricense y que la ha diferenciado de las realidades socio económicas de otras naciones latinoamericanas.
Es el momento de que el Poder Ejecutivo, los diputados y los partidos políticos impulsen las transformaciones y tomen las decisiones que favorezcan los intereses de las grandes mayorías, los de aquellos sectores más necesitados, que son los que más apoyo requieren.
En el marco de estos cambios, no es de recibo seguir postergando las transformaciones tributarias que permitan la aplicación de sistemas impositivos progresivos, en donde cada cual contribuya al funcionamiento del Estado de acuerdo con sus posibilidades: en donde el que tiene más, sea el que pague más.
Es momento de abandonar la renta cedular y aplicar la renta global, retomando los mecanismos de declaración tributaria personal, que combate el ocultamiento de capitales y utilidades en estructuras empresariales.
En el campo de la educación, actividad trascendental para la inserción inteligente de la economía costarricense al nuevo orden económico mundial, resulta imprescindible materializar un gran acuerdo nacional, que permita desarrollar mecanismos de evaluación y mejoramiento continuo de los procesos formativos y educativos -técnicos y profesionales-, que fortalezcan el papel de la investigación y el desarrollo del conocimiento, como política de Estado. Sólo asumiendo con responsabilidad y compromiso estas acciones, lograremos combatir el desempleo estructural que aqueja a la sociedad costarricense.
Por otra parte, en el campo de la política monetaria, es importante que el Banco Central asuma un mayor protagonismo. La banca pública debe de apoyar de inmediato al sector productivo, sobre todo a las micro, pequeña y mediana empresa, para que continúen realizando sus actividades productivas y con ello, mantener el empleo de miles de personas que aun se encuentran laborando.
Se debe además de aprovechar la oportunidad para diseñar y aplicar una política monetaria proactiva, que impulse y fortalezca actividades productivas estratégicas, que faciliten la vinculación inteligente de Costa Rica al nuevo orden económico internacional.
Finalmente, y dentro de las acciones prioritarias para lograr el fortalecimiento del sistema político democrático, del cual debemos de sentirnos orgullosos como país, es imprescindible acometer, de manera impostergable, la modernización del aparato de estado, de manera que la burocracia estatal y las instituciones en que desarrolla sus actividades, asuman el papel de aliado estratégico de los demás actores y sectores económicos y sociales, para procurar el bien vivir de los habitantes de este pequeño país.
La crisis del COVID-19 nos da la posibilidad de volver a poner a Costa Rica en la ruta del desarrollo económico con justicia social, en donde los beneficios del crecimiento económico y el bienestar puedan llegar a todos los hogares costarricenses.
No desperdiciemos la oportunidad histórica que esta crisis sanitaria nos está proporcionando.
* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.
