Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
A un año del Gobierno de Alvarado; el país atraviesa grandes dilemas e incertidumbres en un mundo que se ha tornado confuso y complicado. La globalización sigue avanzando a veces a pasos agigantados y en otras de manera sostenida. Costa Rica no es una isla aparte ni puede jugar en este mundo de forma independiente; prácticamente ningún país o región del mundo puede auto declararse que va a sacar la tarea de forma solitaria; esta es la realidad en que vivimos, donde los “imperios comerciales” entran en una lucha comercial sin precedentes (EE.UU. y China se enfrascan en una competencia por quien vende más productos en el mundo; y colateralmente afecta a todos los países). Nuestro país depende en mucho de las compañías norteamericanas, europeas, chinas y asiáticas; veamos las estadísticas en exportaciones versus importaciones etc.
Los grandes retos y desafíos del sistema basado en la democracia y libertad; es la búsqueda constante del desarrollo y crecimiento económico; de la distribución de la riqueza y equidad y la eliminación de la pobreza y la desigualdad social. Solo dando respuestas claras y coherentes podemos fortalecer la credibilidad en nuestro sistema político republicano y representativo; y que no se convierta peligrosamente en “caldo de cultivo” para que el “comunismo y las posiciones extremas” puedan ganar la partida. Sentimos que con la entrada del “multipartidismo” se ha perdido la gobernabilidad en detrimento de la democracia (antes esta era sinónimo de “bipartidismo”, donde solamente entre los dos partidos mayoritarios se ponían de acuerdo y se aprobaban las leyes necesarias) y así estábamos acostumbrados a ver la democracia representativa.
Hoy, la situación política es otra; conlleva a replantearnos una serie de situaciones reales que vive el país; avanzar en transformaciones institucionales para mejorar en todos los aspectos y esto debe basarse en la toma de una real y clara “política pública”. El gobierno actual del PAC con visos de una alianza nacional con algunos sectores provenientes de otros partidos políticos; ha cumplido un año de gobierno y lógicamente se centró en la aprobación de la reforma fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que hasta ahora está entrando en vigencia), y todavía sus proyecciones económicas e impacto social está por verse. Lo que es real es que la mayoría del pueblo lo que quiere es la simplificación de los trámites; bajar los índices de desempleo, reactivación de la economía, inversión en obra e infraestructura pública, atacar la inseguridad, el combate a la corrupción y el narcotráfico; en fin implementar una verdadera política pública con orden y planificación; sin ocurrencias ni dejando nada al azar.
Ante la situación fiscal y los graves problemas nacionales; tanto en el gobierno (Poder Ejecutivo) y la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo) se han dado alianzas y acuerdos estableciendo una “agenda pro país”, buscando que prive el interés público para poder enfrentar los problemas y temas difíciles en que vivimos. En realidad en nuestra historia política, tenemos pocos precedentes de este tipo de alianzas de gentes provenientes de distintos partidos políticos coadyuvando en el desarrollo del país; y esto no debe verse como malo; que aunque existen funcionarios que piensan ideológicamente diferente; al final el país es uno y es de todos. Después de la Guerra Civil de 1948; donde se consolido la democracia, las garantías sociales y económicas, el sistema electoral etc.; logramos entrar en una estabilidad y solidez institucional (más de 330 instituciones públicas que son parte del aparato público; incluyendo a las Municipalidades y demás entes)
Seguidamente lo más importante es que entre todos ayudemos a implementar las metas de una “gran política pública nacional”; y para eso existen múltiples diagnósticos, estudios, estadísticas etc.; de cuáles son los problemas en las áreas económica, social y política; y entonces es que entre todos podamos aportar sobre el método, las acciones y decisiones que se deben tomar. El objetivo principal debe ser el bienestar de todos los ciudadanos; y esto solo se logra si existe un crecimiento económico, la redistribución y equidad en la riqueza a nivel nacional. El Gobierno de la República señala que hasta el mes de junio dará a conocer la Política general de reactivación económica. Mientras tanto, por ahora el sector productivo ha afirmado que confían en superar un año 2018 marcado por huelgas; todo el problema fiscal y los problemas financieros como la variación del tipo de cambio etc. Y han venido proponiendo una serie de ejes de acción para reactivar la economía del país.
“Las propuestas se basan en estos cinco ejes tanto publicadas en enero como abril del 2019; y que la reactivación económica es uno de los pendientes del Gobierno. Contar con los eurobonos, crear infraestructura de primer mundo, reducir rápidamente los trámites para nuevos negocios, reformar el empleo público y bajar las tarifas de servicios públicos para empresas. Estas son las medidas que los empresarios piden que el gobierno implemente de aquí en adelante:
Estabilidad fiscal de largo plazo. Piden una política de reactivación económica para la generación de ingresos sanos y una reforma del Estado que elimine el gasto improductivo y los abusos del sector público, por ejemplo, pluses desmedidos. Además, piden a los diputados regular el derecho a la huelga.
Combate al sector informal. Solicitan al gobierno una ofensiva fuerte contra el sector informal: topadores, contrabando y prácticas de mercado que destruyen el valor de los productos, golpean el empleo formal y generan riesgos para la salud de las personas, evasión fiscal e inseguridad jurídica, etc.
Guillotina a trámites y requisitos que no aportan valor a la sociedad. La burocracia del Estado sigue siendo un dolor de cabeza para el sector productivo, ya que limita el crecimiento económico del país debido a la lentitud en el registro de alimentos, licencias de operación innecesarias o duplicadas y regulación repetida entre instancias del Poder Ejecutivo (ministerios de Salud, de Agricultura y de Ambiente y Energía) con las municipalidades.
Tarifas. Los empresarios demandan una estrategia país en la que se aborden los diversos escenarios de política, iniciando con la facilitación, liberalización y apertura de mercados de energías alternativas, así como la revisión de un modelo tarifario cargado de costos e ineficiencias que no deben endosarse al sector productivo.
Presentación de programa nacional de competitividad. Piden una política decidida en temas como carga regulatoria; conectividad y calidad de carreteras; eficiencia en puertos marinos; barreras no arancelarias al comercio; acceso al crédito para pequeña empresa; costo de iniciar un negocio. Sin una estrategia nacional para abordar y avanzar en estos temas, el país se condena al estancamiento.
Además el apoyo a las Pymes y emprendimientos con más opciones de funcionamiento y acompañamiento; las mejoras en empleabilidad con educación dual, teletrabajo, jornadas flexibles y otra; infraestructura política que permita reducir presas y conectar puntos que agilicen el comercio etc.” (Fuente: Diario La República, enero y abril 2019)
Finalmente, considero que la principal meta de una política pública nacional en estos momentos es la “reactivación económica” y salir de la desaceleración; para seguir la senda del crecimiento y desarrollo económico que le urge al país. Considero que las propuestas del Sector productivo deben tomarse en cuenta y espero que en junio el Gobierno se refiera a ellas y emita sus propuestas oficiales. Todos tanto en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben tomar las acciones y decisiones que le urgen al país; reitero no se trata de seguir haciendo diagnósticos; si no de trazar la hoja de ruta que busque el bienestar de todos los ciudadanos; dentro de una democracia y de respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país.