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Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

En estos casi dos años, el Gobierno del presidente Alvarado ha metido las patas, y feo, varias veces. Pero esta vez, el texto del Decreto 41996 que crea la UPAD, cruzó los límites de la Constitución Política y violentó uno de los Derechos Humanos Fundamentales que más respetan y defienden los costarricenses, al afectar la intimidad y la privacidad de las personas y violentar con ello principios y normas esenciales de la vida en libertad y democracia.

Una cosa son los datos públicos, sobre los cuales es inteligente y necesario trabajar para formular políticas de Estado que estén bien fundamentadas y sean viables políticamente. Otra cosa son los datos privados, propios de la intimidad y la privacidad de todo ser humano. Estos datos son intocables.

Pero esa enorme distinción legal y ética la desconocieron en la Casa Presidencial y pusieron a un trío de muchachos a realizar minería de datos, en un jueguito progre desde la cúpula del poder político. Se equivocaron.

Para algunos es la prueba de la penetración chavista en las altas esferas públicas y en el PAC. Para otros es un tema de inexperiencia, imprudencia y falta de madurez. Sea como sea, es una solemne irresponsabilidad frente al país y, en términos legales y políticos, hay dos grandes responsables: el presidente Carlos Alvarado y su ministro de la Presidencia Víctor Morales.

Lo demás son “Excusas, excusas y más excusas”, como bien tituló Diario Extra su primera página este martes. Sin embargo, en materia de utilización de datos públicos y mejor coordinación institucional y ejecutiva, reitero dos iniciativas:

1.- El traslado de la DIS del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad Pública, para reforzar con inteligencia policial y necesarias relaciones con otras Agencias de Seguridad, la lucha contra el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, la trata de personas y delitos de similar naturaleza. Costa Rica no necesita una policía política. Sí necesita un Ministerio de Seguridad Pública bien coordinado con el Ministerio Público-OIJ y con la mejor capacidad de información y manejo de datos públicos, en defensa del país y de todos nosotros, para enfrentar la crítica inseguridad ciudadana.

2.- En MIDEPLAN trabaja mucha gente de alto nivel profesional y sería mucho mejor regresar a la idea y la ley original, transformándola en una Oficina Técnica Especializada adscrita al Ministerio de la Presidencia, para así llenar el gran vacío del correcto análisis de datos públicos y fortalecer la capacidad técnica y la generación de políticas públicas bien fundamentadas e inteligentes desde la Casa Presidencial. De esa forma, la supervisión y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo estaría en el Ministerio de la Presidencia, como factor real de poder institucional, coordinación ejecutiva y estrecha y directa relación con el presidente de la República, cualquiera que sea el Gobierno.

Así no tendríamos tantos gazapos, eliminaríamos la DIS como policía política, le daríamos efectividad al actual Mideplan y fortaleceríamos la fundamental y necesaria capacidad de buena gestión ejecutiva en la Casa Presidencial.

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