Warren no se porta bien con los ricos

Ben Mathis-Lilley

Barack Obama asumió su cargo durante la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Una de las principales razones de la crisis fue que los bancos principales habían estado comprando y vendiendo títulos derivados de hipotecas que se emitieron de forma irresponsable e incluso fraudulenta y, cuando se derrumbó el mercado de la vivienda, se encontraron con que debían sumas de dinero que nunca habían planeado que tendrían que pagar. De modo que acabaron fuera del negocio o tuvieron que ser rescatados por el gobierno federal.

Aunque Obama criticara públicamente a los altos ejecutivos de la banca y contribuyó a aprobar la Ley Dodd-Frank, que impuso regulaciones más estrictas al sector financiero, el Departamento de Justicia dirigido por las personas designadas por él solo procesó a un ejecutivo bancario de las empresas que habían realizado transacciones a sabiendas con valores falsos, habían ejecutado de manera fraudulenta hipotecas de propietarios de viviendas durante el derrumbe inmobiliario, habían mentido a la opinión pública sobre su situación financiera interna, y cosas por el estilo. El fiscal que dirigía la sección penal del Departamento de Justicia en aquel entonces declaró que parte de lo que consideró cuando tomaba la decisión fue la repercusión que la imputación de ejecutivos podía tener sobre “los mercados”, un argumento, o reconocimiento, de que a varias empresas financieras se les había permitido volverse tan enormes que las leyes que gobernaban su conducta no pueden aplicarse.

Uno de los bancos principales que se libraron del alcance del sistema de justicia penal fue Wells Fargo. La empresa pagó 2.000 millones de dólares para resolver alegaciones según las cuales, antes del derrumbe inmobiliario, había emitido intencionadamente hipotecas cuya información había sido falsificada y vendió luego esas hipotecas a inversores externos, pero nadie fue procesado judicialmente por este caso. En los últimos tres años, el banco ha estado constantemente en las noticias por fraudes ulteriores, entre ellos cobrar a sistemáticamente a millones de sus clientes por nuevas cuentas abiertas en su nombre careciendo de su permiso.

El jueves anunció Wells Fargo que ha contratado al que fue jefe de gabinete de Obama, William Daley, como “Vicepresidente de Asuntos Públicos”, un trabajo en el que supervisará las operaciones de cabildeo del banco. Así pues:

1. Fraude.
2. Evitar condenas penales por fraude.
3. Más fraude.
4. Contratar a una de las personas del punto 2 para ayudar a gestionar los daños colaterales causados por el punto 3.

Dadas las circunstancias, sería preciso mucho optimismo para imaginar que el punto nº 5 de la secuencia sería que “no habrá más fraude”.

Elizabeth Warren ha convertido en prioridad de su campaña acabar con este tipo de ciclos. Su Ley Anti-Corrupción y de Integridad Pública (Anti-Corruption and Public Integrity Act) prohibiría o limitaría drásticamente estas mordidas de “puertas giratorias” por parte de los grupos de presión, como la que está utilizando Daley (tal como está redactada la ley, prohibiría a los miembros del gabinete cabildear pero, por si sirve de algo, no a asesores como el jefe de gabinete). Devolvería autoridad a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (OPFC), la agencia creada por ella, que es uno de los grupos que descubrió que Wells Fargo estafaba a sus clientes (con la administración Trump, la CFPB está llevando a cabo “medidas de aplicación” a menos de la mitad de su ritmo anterior). Y ha propuesto legislación que haría más fácil procesar a los ejecutivos cuyas empresas roben a sus clientes o mientan a la opinión pública.

Naturalmente, el Partido Demócráta institucional —el partido que cree que el gobierno debería regular la actividad empresarial — le responde actualmente a Warren con una violenta reacción por haber propuesto tales cosas. Pete Buttigieg (que desde este verano ha ido recibiendo aportaciones a su campaña de “al menos quince ejecutivos bancarios de Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup y Bank of America”, según la cadena CNBC) se ha rebautizado como candidato de “unidad” y ha declarado que la postura de Warren en relación a los abusos empresariales equivale a una llamada a un “inacabable pugna partidista” que pone la “lucha” por encima de los “resultados”. Beto O’Rourke, antes de abandonar [la carrera por la presidencia], declaró que “a veces creo que la senadora Warren se centra más en mostrarse punitiva y en enfrentar una parte del país contra la otra, en lugar de levantar a la gente y asegurarse de que este país esté unido”. Joe Biden atacó esta semana a Warren en un acto para recaudar fondos que se celebró en la oficina de una empresa del Distrito de Columbia entre cuyos clientes de cabildeo se encuentran Mastercard y Purdue Pharma. Steven Rattner, ejecutivo de Wall Street y asesor de Obama escribió en un artículo de opinión del New York Times el lunes pasado que los ataques de Warren a los “campeones globales de Norteamérica, como los bancos y los gigantes tecnológicos” desencadenarían un desastre económico.

Verdaderamente, ¿quién no ha sido reconocido como norteamericano, pongamos por caso, en Yemen, por un grupo de niños que empiezan a salmodiar “Wells Fargo” entusiasmados por honrar a los amados campeones globales de los Estados Unidos?

Es cierto que hay gente corriente, que no es rica y que piensa que el plan de Warren para acabar con los seguros de salud privados es lo más importante de aquello en lo que se muestra “demasiado extrema”. Pero los votantes demócratas podrían advertir que la gente que financia a sus rivales piensa que otra cosa que resulta “demasiado extrema” es sugerir que la gente no está bien atendida por un sistema en el que el jefe de gabinete de Obama trabaja para Wells Fargo, su secretario de prensa trabaja para McDonald’s, su primer director de campaña trabaja para Uber y Mark Zuckerberg, su segundo director de campaña trabaja para el American Petroleum Institute y los Emiratos Árabes Unidos, y él mismo trabaja para una empresa de servicios financieros con inversiones de envergadura en el sector de la atención sanitaria . ¿De qué “unidad” y de qué “resultados” estamos hablando de verdad aquí?

Ben Mathis-Lilley es redactor de The Slatest, sección de noticias de la revista digital Slate. Antes trabajó en la revista New York y, como redactor jefe de deportes, en la página BuzzFeed.

Fuente: Slate- The Slatest, 8 de noviembre de 2019

Traducción:Lucas Antón para sinpermiso.info


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