Violación a la libertad de expresión y prensa

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Nuestro país es sumamente celoso en el respeto al principio de la libertad de expresión y prensa. Cuando le quieren tocar las fibras mismas de nuestra constitucionalidad republicana, de violentar y limitar a los ciudadanos la comunicación de sus pensamientos de palabra o por escrito; de inmediato levantamos al unísono nuestra más enérgica voz contra cualquier intento por menoscabar estos principios fundamentales. Nuestra Constitución Política es muy clara en su artículo 29 que reza: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.”

Es un derecho fundamental, prácticamente irrestricto, pero con sus limitaciones; no obstante esto no implica que cualquiera en forma irresponsable injurie, calumnie o difame sin prueba alguna a una persona física o jurídica; el que lo hace sin fundamento puede ser perseguido en los Tribunales de Justicia, únicos con potestad jurisdiccional para emitir una resolución o sentencia a favor o en contra del que dio una información falsa porque le dio la gana. Ningún órgano político o administrativo puede limitar la libertad de expresión o de prensa, o mucho menos ejercer una censura previa de las publicaciones. Esta semana la noticia más escandalosa fue el intento por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) de enviar a la Asamblea Legislativa un borrador o proyecto de ley que a todas luces iba en contra de la libertad de expresión y prensa.

Es necesario aclarar que el país requiere modernizarse con una Ley General de Radio y Televisión, que regule todos los aspectos del espectro radioeléctrico, en vista de las nuevas tecnologías, la apertura a la competencia entre empresas públicas y privadas; pero otra cosa es aplicar una “Ley Mordaza” que establezca sanciones “por faltar a las buenas costumbres y verdad, considerarlas vulgar” etc., con el castigo de grandes multas económicas o el cierre de empresas dedicadas a las comunicaciones, y lo peor es que quedaría en manos de funcionarios administrativos, incluso ser manipulados por políticos de turno, emitir las resoluciones sancionatorias subjetivas; esto es muy grave y violatorio contra nuestra manera de pensar, idiosincrasia, y costumbres muy arraigadas en el país desde prácticamente toda nuestra historia Patria.

Lo extraño de todo esto es que el responsable directo del proyecto de ley estaba en manos del viceministro de Telecomunicaciones del Micitt, Allan Ruiz, quien fungió como coordinador de la comisión redactora del proyecto de Ley General de Radio y Televisión, y que cayó en una serie de contradicciones en las distintas entrevistas dadas a la prensa, además salió a la luz pública su distanciamiento con la jerarca y ministra del Micitt, Gisela Kopper, sin embargo la ministra no debería haber permitido que se enviara nada (ni documento borrador, ni proyecto de ley) a la Asamblea Legislativa, hasta no revisar exhaustivamente el proyecto de Ley; de ahí que lo pertinente fuera que ambos renunciaran (o los renunciaran de sus puestos) por parte del presidente de la República.

Incluso el presidente de la República Luis Guillermo Solís había afirmado: “Prefiero pagar el exceso de un medio de comunicación que dice una mentira que tener que pagar el precio de meterle mano a ese medio desde el Poder Ejecutivo mandando policías a cerrarlo”, muy en sintonía con las actuaciones de la mayoría de los presidentes de Costa Rica a través de los tiempos, recordemos también al presidente José María Castro Madriz cuando dijo: “Entre callar a la prensa para defender al gobierno o mantener la libertad de prensa a riesgo de perder el gobierno, escojo lo segundo.” Ese debe ser el respeto de los gobernantes y políticos de Costa Rica, defender nuestra libertad de expresión y prensa.

Incluso lo reafirma la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 inciso 3: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.” Aunque la Ley General de Radio y Televisión, no se refiere a la prensa escrita, está concatenado todo lo referente a la libertad de expresión y comunicaciones. No se debe permitir en “caer o abrir portillos” en las restricciones y limitaciones a la prensa independiente que amedrantan, amordazan, intimiden, sancionan, confiscan, cierran emisoras, como se hace en países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba entre otros; que los gobiernos no permiten críticas, o formas de pensamiento diferente a su línea política de actuar y creer.

Parece también muy extraño querer discutir el pago de los cánones que deben pagar los poseedores de las frecuencias de radio y televisión, al Estado, que en la actualidad son muy bajas (multas de tres mil colones, completamente obsoletas), refiriéndose al contenido de las comunicaciones, que es completamente otra cosa. Basta de querer satanizar y descalificar a los empresarios que han sido exitosos y que gozan del favor de sus audiencias por parte del público radio escucha o televidente; que generan empleo y pagan sus impuestos de ventas, renta y demás impuestos al Estado; para que por la vía de las sanciones se quieran establecer medidas cautelares como confiscar hasta equipos técnicos o establecer grandes multas y pagos de difícil cumplimiento.

Otro “cuento chino” que señaló el ex viceministro del Micitt, es hablar de nivelar con la normativa mundial sobre el tema del espectro radiofónico, también fue ilógico y poco serio enviar un texto a la Asamblea Legislativa, para que los sectores nos digan “saquémoslo”, o en muchos casos se notó la copia de artículos de leyes de otros países. El Poder Ejecutivo debe enviar proyectos de ley consensuados, analizados, diagnosticados, conforme a la normativa legal y constitucional dentro de un sistema republicano y democrático. Hay gentes en este país que piensan como los partidos de extrema izquierda o de derecha de otras latitudes, que buscan establecer formas de “dictaduras en democracia”, ya que dejaron la vía de las armas, para implantar sus trasnochadas ideas, de creer en un “Super Estado” controlador, fiscalizador, confiscador de todo; y este no es el caso de Costa Rica, que desde hace muchos años apostamos por una civilidad donde cabemos todos, sin distingos de raza, creencias o religión.

Finalmente, estoy seguro que en la Asamblea Legislativa, la mayoría de los diputados con muy conscientes del respeto legal y constitucional a la libertad de expresión y prensa, adicionado a la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, que han delimitado en forma clara dicha libertad y sus principios, el marco sancionatorio está dentro del Código Penal, para los que mienten o cometen delitos contra la honorabilidad de las personas, la Ley de Delitos Informáticos, así como el Derecho de Rectificación o respuesta, el respeto al secreto de las fuentes en el periodismo y demás normativa judicial sobre este tema. Considero que los diputados no permitirán portillos de ningún tipo que signifique violaciones a la libertad de expresión y prensa en este país.