Vía costarricense: La majestad del Tribunal Supremo de Elecciones y los funcionarios de elección municipal

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Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto Zúñiga

El Código Electoral promulgado mediante Ley N°8765 de 19 de agosto del 2009, significó un gran esfuerzo por fortalecer y modernizar la institucionalidad electoral, así como consolidar nuestro Tribunal Supremo de Elecciones -TSE: ser el ente rector en materia de financiamiento de los partidos políticos, se pueda ampliar la participación política con una visión de promoción de los derechos humanos, creación del Registro Electoral y el Instituto de Formación y Estudios para la Democracia –IEED-.

Desde su inserción en la Constitución Política de 1949, quizás esta nueva reforma del 2009 impulsa integralmente la materia electoral para una mejor justicia y se da la majestad del TSE como prácticamente el cuarto Poder de la República, mérito de nuestra sólida democracia, donde el derecho al sufragio, la voluntad popular, la transparencia y reglas claras para la realización de los distintos procesos electorales, tengan la garantía de que sus resultados se respetan, “vox populi, Vox Dei”= “la voz del pueblo, es la voz de Dios”. Esto hace sagrado el sufragio y nada ni nadie puede violentarlo o burlarse de él (remember las elecciones de 1948, en que se fue a una guerra civil por este atropello a la voluntad popular)

En estos últimos meses, nuestro Régimen Municipal, ha venido siendo salpicado por malas noticias de actuaciones irregulares de parte de funcionarios municipales de elección popular (alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, e intendentes), que han dejado muy mala imagen ante sus pueblos locales y a nivel nacional. Es que las acusaciones ante los tribunales de justicia, sea en materia civil, penal, contenciosa-administrativa, constitucional, o sede administrativa en la Contraloría General de la República, conlleva un deterioro muy lamentable del accionar de las municipalidades ante la opinión pública, por culpa de algunos funcionarios.

Las transgresiones éticas y morales, así como la violación del bloque de legalidad, de parte de funcionarios municipales de elección popular, ha llevado mucho trabajo a nuestras autoridades jurisdiccionales y al TSE, máximo jerarca que regula el aspecto de anulación y cancelación de credenciales a los funcionarios municipales electos en los 81 cantones del país.

El artículo 25 del Código Municipal expresa que le corresponde al TSE: “a) Declarar la invalidez de nominaciones de candidatos a alcalde municipal y regidor, con las causas previstas en este código. b) Cancelar o declarar la nulidad de las credenciales conferidas al alcalde municipal y de los regidores por los motivos contemplados en este código o en otras leyes; además, reponer a los alcaldes, según el artículo 14 de este código; asimismo, convocar a elecciones conforme el artículo 19 de este código.”

El artículo 19 se refiere a la convocatoria del plebiscito, que señala: “Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser vetada. Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el cantón.”

Un plebiscito, se convierte automáticamente en un debido proceso, de cara al pueblo del cantón respectivo, ya que se estaría evaluando la rendición de cuentas, programas, gestión y actuación del alcalde como el gerente del gobierno local, y es la participación directa del pueblo quien decide si lo deja seguir o lo quita; democracia directa del pueblo como garante, fiscalizador del gobierno local que se debe a éste y no a los intereses de unos funcionarios que se creen los dueños de la municipalidad.

Asimismo, el TSE consolida su majestad y autoridad como máximo órgano de jurisdicción electoral, al establecerse el principio según el cual es posible impugnar, mediante recurso de reconsideración, las resoluciones finales que dictara en los procedimientos sancionatorios de la jurisdicción electoral, pasa a ser autoridad de cosa juzgada material, no se admite discutir el asunto fuera del ámbito electoral, o en otras instancias, con fundamento en el numeral 103 de la Constitución Política que reza: “Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.”

Por lo tanto, el resultado de un plebiscito revocatorio una vez homologado y resuelto por el TSE, los recursos interpuestos se convierte en autoridad de cosa juzgada material y éste procede a cancelar las credenciales del alcalde, como lo sucedido en el cantón de Pérez Zeledón, donde al ser materia electoral, la potestad legal es exclusiva del TSE y no puede acudirse a ninguna instancia judicial llámese la Sala Constitucional, Tribunal Contencioso-Administrativo u otras, para tratar de frenar dicha cancelación o anulación de credenciales.

Por otra parte, se puede perder la credencial de alcalde municipal, según el artículo 18 del Código Municipal incisos: “c) Ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos. d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.” Si se lleva un debido proceso respetando el derecho de defensa, analizadas las pruebas y contrapruebas, en estas instancias jurisdiccionales, su resolución establece cosa juzgada material y el TSE procede a la cancelación de credenciales.

El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -CGR- dispone: “Cancelación de credencial. Será causa para la cancelación de la respetiva credencial, la comisión de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario o suplente, contra las normas del ordenamiento de fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en esta Ley, y contra cualesquiera otras normas relativas a los fondos públicos; o al incurrir en alguno de los actos previstos en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, como generadoras de responsabilidad administrativa. Esto se aplicará cuando el infractor haya actuado en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.”

Con lo anterior, queda claro que la CGR con potestad constitucional y legal, investiga, fiscaliza, las conductas de funcionarios municipales de elección popular que afecten el sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública , en el manejo y administración de los fondos municipales, se entiende incorporada a las establecidas en el Código Municipal. Las resoluciones de la CGR producen también cosa juzgada al igual que la instancia judicial (si el caso está en sede penal) y solicita la cancelación de credenciales al TSE, conforme al artículo 259 del Código Electoral.

Finalmente, si queremos una democracia consolidada, exista transparencia, respeto al derecho del sufragio, debemos desear un Tribunal Supremo de Elecciones fuerte, con autoridad, consolidado en el cuarto Poder de la República, que tenga credibilidad y dicte justicia electoral, su jurisdicción e independencia se respete y no sea por la vía fácil de interponer recursos judiciales se trate de frenar su legítimo accionar, o se le quiera cercenar sus potestades y competencias legales. Esta es la majestad de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones.

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