Vía costarricense: El respeto al principio de legalidad, el anillo de contención en el GAM y la política ambiental

Johnny Soto

Johnny Soto Zúñiga

Costa Rica escogió el modelo occidental de Estado de Derecho, para la organización de una sociedad, con normas claras y estables, por lo que todas las actuaciones públicas, la emisión de actos administrativos que realice la Administración debe basarse en el principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y demás principios y leyes del bloque de legalidad)

Algunos ciudadanos (as) han venido manifestando que nuestro Estado está entrabado y que existe una ingobernabilidad, echando la culpa a nuestro Estado de Derecho, que establece que las normas se mantengan vivas o vigentes hasta tanto no sean derogadas o modificadas.

Aquí discrepo en este sentido: sin bien puede haber leyes repetitivas, traslapadas y sin contenido económico cuando se trata de poner en funcionamiento y ejecutar los programas, esto no sería el problema central de un Estado entrabado, sino debe pasarse por el tamiz del consenso entre los distintos actores de la sociedad, para ponerse de acuerdo en una agenda país y enrumbarlo hacia un desarrollo social, económico y político, dentro de esto debe ser prioritario planificar y regular el territorio nacional con la participación de la sociedad civil que es la más afectada con decisiones arbitrarias, que se toman a la sombra de los intereses particulares.

Es definitivo y no hay la menor duda que la creación de la Sala Constitucional con su jurisdicción constitucional desde 1989, y la entrada en vigencia hace cuatro años del Código Contencioso-Administrativo, cambiaron la historia jurídica del país, de no permitir que la Administración Pública fuera un reducto soberano, con poderes inmanentes, ya que su legitimidad deriva de las potestades que se le atribuyen.

Con lo anterior, nuestro sistema democrático, de división de tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) fortalece nuestro sistema político y de respeto de los Derechos humanos, y no es el dedo de un dictador, o un emperador el que dicta las directrices y normas a su pueblo; nuestro país nos guste o no algunas decisiones debemos seguir siendo sumamente respetuosos de sus órganos decisores que dictan el acto administrativo, sentencia o decisión final, esperando lo más ajustado al principio de legalidad y los principios de justicia, sana crítica, razonabilidad y moral.

Puede haber atrasos en los procedimientos administrativos, alegando ingobernabilidad o afectando una supuesta competitividad, pero prefiero el respeto al Debido Proceso, el derecho de recurrir de las partes, el derecho de defensa como aspecto subjetivo y demás garantías para la verificación de la verdad real de los hechos y toma de una decisión final – esa es la vía costarricense que respetamos todos-.

En el caso concreto, la Sala Constitucional mediante resolución N° 13436-11, anula el Decreto Ejecutivo emitido en febrero de 2010 que habilitaba la ampliación de 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana (GAM) para construir urbanizaciones en áreas protegidas (se constituye el tercer intento fallido de la Administración Pública)
Por lo anterior la Administración, no puede seguir con ocurrencias, sin haberse hecho estudios técnicos, de planificación urbanística, el querer ampliar en 5.700 hectáreas para nuevas construcciones o urbanizaciones, simplemente es una barbaridad, que atenta contra el modelo de respeto al ambiente y la naturaleza que nuestro país ha protegido. Todos (as) debemos respetar y no permitir que se levanten nuevas construcciones en detrimento de este modelo, las municipalidades tienen su cuota de responsabilidad, no deben dar permisos de construcción que no cumplan los requisitos legales.

La acción de inconstitucionalidad iba en contra de construcciones en terrenos de recarga acuífera y de protección, sitios de alto riesgo por deslaves y deslizamientos en zonas expuestas por gran cantidad de lluvias, que dejarían a muchas personas sin casa adonde vivir.

La cooperación internacional se ha venido corriendo de nuestro país, a tal punto que casi es ínfima la ayuda de los países desarrollados, el mensaje que vamos a transmitir al botar 18 millones de euros del programa PRUGAM (11 millones de cooperación no reembolsable de la Unión Europea y el resto del aporte costarricense), no sé porqué? No puede servir de base para un nuevo proyecto o programa, porque este fue un enorme esfuerzo interinstitucional, y las municipalidades participaron decididamente.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), lo desecha y anuncia para el mes de diciembre un nuevo modelo de ordenamiento territorial; esperemos que respeten las zonas ambientalmente frágiles, sitios de recarga acuífera y área de protección, para hacer un Plan viable y planificado como merece el Gran Área Metropolitana y el país en general.

En este sentido me parece muy bien que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones MINAET, mediante su Ministro René Castro, le dé prioridad a la preservación de las nacientes de agua que están en una zona de protección del GAM (entrevista en el periódico La Nación publicada el 22-10-11)

Señala el Ministro Castro: “Creo que no hubo suficiente énfasis en buscar que el balance entre lo ambiental, económico y lo social tuviera un peso igual, y había mucha preocupación de llevar adelante desarrollo urbano tradicional; ese fue un énfasis que hoy se prueba que era equivocado.”

Es importante que nuestras autoridades encargadas del tema ambiental, realmente se preocupen por hacer los estudios, lograr una verdadera planificación, para que haya una política pública del Poder Ejecutivo en esta materia ambiental, urbanística y de modelo de desarrollo en un país que creció en forma desordenada en este campo.

La Sala Constitucional ha sido recurrente en sus resoluciones de protección al medio ambiente y ha escrito en el Voto N° 2001-6503, lo siguiente: “Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos-la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares.

Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente.

La Sala estima indispensable indicar que- salvo que por norma especial se disponga lo contrario- la evaluación de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental que el Estado central requiera para desarrollar su actividad ordinaria deben ser realizados directamente la Secretaría Técnica Ambiental, que no limita su existencia- como lo entiende el Secretario General del Setena, al análisis de las evaluaciones de impacto ambiental que se presenten ante esa Secretaría, pues ello implica hacer una lectura parcial y fraccionada de la Ley Orgánica del Ambiente que podría vaciarla de contenido.”

Con lo anterior se reafirma el respecto debido al principio de legalidad, y según las jerarquía de las normas, siendo superior lo señalado por nuestra Constitución Política y de ahí para abajo las demás leyes y reglamentos, por lo tanto cualquier decreto ejecutivo deberá tener muy claro los aspectos técnicos, de planificación y balance entre lo ambiental y económico, para que no se cargue a favor solamente del desarrollo urbanístico y económico en detrimento de las comunidades y de los territorios con fragilidad ambiental, esa es la fortaleza de nuestro país que debe seguir apostando a este equilibrio, y gozar del reconocimiento internacional como país amigable con el ambiente y que el turismo siga viniendo a ver las bellezas naturales de nuestro pequeño territorio.

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