Un casino del tamaño de Costa Rica

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El sereno

Álvaro Campos Solís
campos.solis.alvaro@gmail.com

Álvaro Campos Solís

La ambición de quienes tienen dinero y la pobreza de quienes buscan un golpe de la diosa Fortuna que los ayude a superar sus precarias condiciones de vida, dos factores que determinan la venta de juegos de azar que administra la Junta de Protección Social y la proliferación de numerosos juegos ilegales que han convertido a nuestro país en un inmenso casino que prácticamente funciona las 24 horas los 365 días del año. Sería este el casino más grande del mundo con una extensión es de 51 mil kilómetros cuadrados.

La novedad es que ahora la Junta de Protección Social impulsa la promulgación de una ley que establezca prisión para los vendedores de juegos ilegales, pero sin ofrecer algún estimulo o atractivo en los premios oficiales ni hacer referencia alguna sobre la identidad de quienes mueven el mercado de las apuestas ilegales. Se trata, supuestamente de gente que ha acumulado grandes fortunas, aprovechando la adicción a los juegos de azar por parte de la mayoría de los costarricenses.

La oferta

La oferta contempla un amplio abanico para atraer a los compradores que se encuentran prácticamente en todos los hogares del país. La Junta de Protección social ofrece los domingos la lotería nacional, los martes y viernes los chances, los tiempos, además de la digital, los tres monazos, (juego electrónico) raspas, loto y parejitas, a cualquier hora del día o de la noche. También ofrece en los tres sorteos semanales un millonario premio acumulado que despierta ilusiones y ambiciones.

Por su parte, la oferta de los juegos ilegales contempla los famosos tiempos, la pulga, la panameña y la dominicana.

Esa institución promueve periódicamente sorteos extraordinarios con el incentivo de que usted podría convertirse en “millonario de la noche a la mañana”. En tales sorteos surgen los especuladores, sin que la junta mueva un dedo en defensa de sus clientes. Los inspectores que la institución envía a determinados lugares, en respuesta a las numerosas denuncias, desde un principio se convierten en gente conocida de los vendedores. Un saludo y queda suspendida, momentáneamente, la especulación. La otra opción que escoge la Junta es salir a vender ella el producto, lo cual es interpretado por los vendedores como competencia desleal.

Hasta hace algunos años los juegos ilegales se vendían en la clandestinidad. Hoy las ventas están por la libre, incluso en establecimientos de concesionarios de la junta que pagan patente municipal, permiso de salud y un largo etcétera, como corresponde en un país con vocación para grabar casi toda actividad humana.

Nuestro país se asemeja en mucho a una tómbola, pues miles de personas están pendientes del resultado de un juego a las 12 del día, también de los que tiene lugar en las primeras horas de la noche o de aquellos que se registran fuera de nuestras fronteras, sin olvidar la facilidad que ofrecen las raspaditas para probar suerte en cualquier lugar y momento.

¿Y por qué han proliferado los juegos al margen de la ley?

Los entendidos en el tema señalan dos razones: el escaso o nulo interés de la Junta de Protección Social que durante muchos años bajó la guardia en el combate a la competencia ilegal, pues esa institución por ley constituye un monopolio. En segundo lugar, por el atractivo de los juegos ilegales: el monto de sus premios y la seriedad con que pagan a cada jugador que haya acertado el número premiado, irónicamente de cada sorteo que celebra la propia Junta. Con los ilegales no hay que esperar a que se abran las puertas de la burocracia.

Los números son evidentes: mientras la Junta paga 70 veces el monto de la apuesta, los ilegales pagan 85 y hasta 90 veces. Algunos chinos llegados al país se han encargado de subir la oferta. Un ejemplo del “milagro” de la competencia.

Esa diferencia tan significativa se debe a que los dueños de los juegos ilegales no pagan salarios, seguro social, ni tributación, ni siquiera el local donde se instala el vendedor para comercializar el producto. Ese gasto también corre por cuenta de ese trabajador independiente. Pero la Junta tampoco paga salarios ni cargas sociales. Miles de vendedores trabajan los 7 días de la semana a cambio de un porcentaje de las ventas obtenidas. Además, deben disponer del dinero necesario para sacar los billetes de lotería y chances que, mediante cuota, la Junta le asigna a cada vendedor. Este es uno de los pocos negocios en los que el crédito no existe.

Según informes extraoficiales, la venta de tiempos y loterías extranjeras mueve un monto anual superior a los cien mil millones de colones, cantidad que supera por casi tres veces el dinero que capta la Junta de Protección social. Con una diferencia altamente significativa: parte de las utilidades obtenidas por la Junta se destinan a proyectos de bienestar social.

De esa manera obtienen importantes beneficios los programas para adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de explotación sexual, educación especial, niños abandonados, así como los programas destinados a la prevención del cáncer y del sida.

Los dueños de los tiempos ilegales son gente que permanece en el anonimato. Se desconoce si las autoridades de la Junta habrían hecho algún intento por identificarlos. O, a lo mejor allí se conozca quiénes son esos “tiburones”. Se supone que son personajes económicamente muy poderosos, que han acumulado verdaderas fortunas y que por la misma razón pueden contar con excelentes contactos en el mundo de la política. Nada de raro tendría que fueran políticos de profesión.

Unos cinco o seis mil vendedores informales en todo el país no tienen ni la menor idea de quién es su “patrón”. Ellos solo saben, con la mayor seguridad, de que pocos minutos después de cada sorteo disponen de su comisión y del dinero para satisfacer el derecho del ganador.

Una genealidad

Personeros de la Junta impulsan en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para prohibir y penalizar la comercialización de lotería y juegos de azar. Uno de los argumentos es que esa actividad en manos particulares estimula la legitimación de capitales, extorsiones y estafas, incluso podría tener vínculos con el narcotráfico.

La novedad del proyecto que acogió el diputado Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es que la aplicación de la ley sea responsabilidad de las municipalidades. En consecuencia: más burocracia municipal y más impuestos que el pueblo paga. Los consejos municipales están integrados por políticos y los políticos tiene claro el problema del desempleo en las cabeceras de cantón y distritos de sus comunidades. Las autoridades competentes tendrían que ir pensando en crear más cárceles o comprar más tobilleras.

Lo curioso del citado proyecto es que no menciona la posibilidad de que la junta mejore los premios, los haga más atractivos y ofrezca mayores facilidades para que los ganadores retiren el dinero que les corresponde cuando acierten. A lo mejor, parte de la solución sería cuestión de revisar la frondosa burocracia y los robustos salarios que allí perciben unos 400 empleados.

Ahora, a como están las cosas, resulta grosero acudir a la Junta o a un puesto de venta para hacer efectivo el premio asignado a la serie del mayor o de los números correspondientes al primero, segundo y tercer premios de la lotería nacional. Es que no pagan ni el viaje.

Sin duda, es el momento de que las autoridades de la Junta de Protección Social salgan en defensa de sus intereses y al mismo tiempo ofrezcan nuevos estímulos a esa legión de jugadores que espera una sonrisa de la suerte, aunque sea por una sola vez en su vida. Son pasos que requieren voluntad y visión empresarial.
Los personeros de esa institución deben entender que vivimos en un mundo altamente competitivo y quien no esté a la altura de las circunstancias corre el riesgo de su desaparición.

Periodista


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