Transparencia: piedra angular de la democracia

Rafael Arias Fallas

Rafael Arias Fallas

Ante los casos de corrupción y de abuso, por parte de actores públicos y privados, en contra del interés público y de los recursos de la Nación, es conveniente no hacer peligrosas generalizaciones, sin fundamento y con un enorme peso ideológico, que afectan la credibilidad del sistema liberal, democrático y representativo y de sus instituciones. Si bien es cierto, la corrupción existe, tanto en el Estado como en las empresas privadas, éste no debe ser pretexto para promover juicios maniqueos que se sirven de soluciones fáciles y contraproducentes, de carácter autoritario, sino que debe ser un aliciente para mejorar y modernizar los mecanismos de control y de transparencia, de manera que sea posible encontrar alternativas integrales y de largo plazo a los problemas del modelo republicano, que sean compatibles con el Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, que tanto ha contribuido para que Costa Rica progrese hacia el futuro con esperanza.

En el siglo XXI, en pleno auge de la sociedad del conocimiento, fundamentada en la revolución digital de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, los mecanismos burocráticos que han convertido a la gestión pública en un escenario complejo y oscuro, con portillos abiertos para actividades delictivas, deben sustituirse, de manera urgente, por renovados procesos que, en todo momento y por medio de canales informáticos, estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Nuestra democracia, de esta guisa, podrá evolucionar desde el modelo netamente representativo que se limita al ejercicio del sufragio cada cuatro años, hacia un paradigma más deliberativo, participativo y, sobre todo, transparente, que le permita al soberano, el pueblo, erigirse en baluarte de los más altos valores cívicos, éticos y morales en el ejercicio de las funciones del Estado y de sus instituciones.

Así las cosas, por medio de las nuevas tecnologías, es imprescindible que todas las instituciones públicas, desde gobiernos locales a entidades autónomas y al Ejecutivo central, construyan herramientas efectivas y eficientes para permitir las auditorías ciudadanas, una figura fundamental en el futuro democrático de Costa Rica, la cual debe venir a complementar las instancias que, como la Contraloría General de la República, ya existen, en procura de fiscalizar, de forma más minuciosa y pormenorizada, todos los actos de contratación administrativa y la ejecución de obras, proyectos y programas que se realizan para mejorar la calidad de vida de las personas.

Si bien es cierto, no es posible afirmar que la corrupción y la delincuencia de cuello blanco sean generalizadas, sí es lógico pensar que, en los diversos casos que se investigan o que han sido denunciados por la prensa, hay cantidades ingentes de recursos económicos que, de forma inmoral e injustificable, han servido para que unos pocos corruptos se enriquezcan, en detrimento de la mayoría. En este sentido, no es suficiente que los culpables sean condenados a penas justas, por parte de un Poder Judicial que necesita renovarse con urgencia, o que las empresas corruptoras sean castigadas, simplemente, con períodos en los que no pueden ser contratadas nuevamente por el Estado, ya que se necesitan mecanismos para que la sociedad pueda, verdaderamente, recuperar lo que se le sustrajo ilegalmente.

Para que esto sea posible, en este nuevo paradigma de democracia deliberativa, transparente y participativa, que es necesario construir con miras hacia un mejor mañana para la República, es indispensable que, además de hacer una profunda revisión sobre los procesos de nombramiento de jueces y, en general, de funcionamiento del Poder Judicial, se haga una evaluación objetiva, sobre el marco legal vigente, de manera que pueda modernizarse y depurarse la legislación que, hoy en día, complica la investigación y la sanción de los casos de corrupción vinculados con el ejercicio de la función pública. Costa Rica tiene demasiadas leyes, que se contradicen y que nadie hace cumplir, por lo que es una tarea impostergable simplificar y hacer más eficiente el marco jurídico que regula toda la materia de contratación administrativa y que sanciona la corrupción.

Los problemas de la democracia, se resuelven por la vía democrática y sin apelaciones a soluciones simplistas que, sobre todo, están fuera del marco constitucional y democrático que hacen de nuestro país un Estado de derecho. Por ende, la tecnología para una gestión pública más participativa, transparente y ética está ahí y sólo es necesaria la voluntad política para que, de una vez por todas, avancemos hacia un paradigma más deliberativo y directo de democracia social.

Exdiputado
Miembro Directorio Político PLN

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