Tomados por la delincuencia

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

La columna de esta semana la iba a dedicar a reflexionar sobre la seguridad ciudadana. Una vez más, iba a alertar sobre su deterioro en diversos lugares del país, pensando en el peligro que representa que Costa Rica caiga en manos de la delincuencia organizada.

Después de analizar los acontecimientos vividos los últimos meses, llegue a una terrible conclusión: lamentablemente, ya Costa Rica cayó en manos de esa delincuencia organizada.

Está tomada en dos de sus extremos y todos los demás, como el relleno del pastel, estamos en medio de esta descarnada situación.

Por una parte, en la cúspide de la sociedad política y económica, se estableció un grupo de delincuentes de cuello blanco, quienes construyeron y mantuvieron por años una “red de cuido”, encargada de ocultar información, procurando la prescripción o la desestimación de múltiples actos presuntamente delictivos.

Esta situación, no es sino una manifestación más del deterioro de la democracia liberal, donde importa más el dinero y la posición social, que la honestidad y los valores.

En el otro extremo de la sociedad, existen grupos de ciudadanos que no respetan a las autoridades, que violentan las leyes y cuyos actos quedan muchas veces impunes.

En relación con los primeros, los delincuentes de saco y corbata, es imprescindible que se tomen las acciones orientadas a desarticular a los grupos que, violentando la confianza de que fueron depositarios, favorecieron la comisión de delitos y el silencio ante quienes se enriquecían y continúan enriqueciéndose a costa del erario público.

Perplejos hemos visto la denuncia, ante la opinión pública, de posibles delitos en la construcción de la carretera a San Carlos, el tráfico de influencias en los préstamos bancarios y la desestimación de delitos contra la hacienda pública, para mencionar sólo algunos casos. La pregunta es, en otras circunstancias, ¿se hubieran sacado a la luz pública estas situaciones?

En el otro extremo, tres señales indican que estamos perdiendo, como Estado, la capacidad de neutralizar a personas o grupos delictivos, que pretenden dominar las relaciones socio-económicas.

Señal No. 1: Recientemente los medios de comunicación informaban que, por día, se agrede al menos a un policía o a un representante de la autoridad.

El Cantón Central de San José y en algunas otras zonas problemáticas del país, han golpeado a policías con un tubo de hierro, o han pretendido rescatar un bien incautado por ser el transporte de quienes han cometido con ella algún tipo de delito. Días atrás, en otra zona problemática del país, se observaba una mujer agrediendo a un policía, para hacer luego una denuncia, donde supuestamente lo que se dejaba entrever era que el oficial había cometido algún abuso de autoridad.

Ante estas dos circunstancias, los oficiales carecen de los mecanismos que les permitan hacer frente a acciones u agresiones de quienes no respetan la autoridad y pretenden que prive la delincuencia y la anarquía.

La paulatina pérdida de la autoridad y la carencia de instrumentos en manos de los oficiales de policía, son aspectos que deben revisarse y replantearse a muy corto plazo. Si no lo hacemos, el resultado será el fortalecimiento de estos grupos y un mayor deterioro de las normas de convivencia, que deben regir nuestra sociedad.

Señal No. 2: La presencia de grupos o individuos, que cobran una asignación económica por peaje o seguridad en algunos sectores de país, al mejor estilo de las maras presentes en el Triángulo Norte de Centroamérica, son otro reflejo de la perdida de poder por parte del Estado y de los ciudadanos.

Es inconcebible que ciudadanos honrados, comerciantes, emprendedores u obreros, tengan que estar cancelando sumas de dinero, a quienes extorsionan por la venta de seguridad o la posibilidad de no ser asaltados o agredidos.

Recientemente una mujer en Tres Ríos perdió la vida en manos de uno de estos grupos. La muerte de esta señora, debe llamarnos a actuar de una manera inflexible y tajante. No queremos, como ocurre en otros lugares de Centro América, que la sociedad civil sea víctima de la agresión sistemática de delincuentes. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, en El Salvador, durante el mes de junio pasado, estos delincuentes inescrupulosos fueron causantes de 350 asesinatos.

Señal No. 3: Son impactantes los datos que da conocer el diario La Nación el domingo pasado, sobre la intervención del narcotráfico en las exportaciones del sector agroindustrial y las repercusiones negativas que esta realidad genera.

Según este diario, la cantidad de droga incautada entre el 2010 y el año pasado fue de 40 toneladas en Costa Rica y casi 16, exportadas en contenedores que se embarcan en nuestros puertos, al precio de USD $75,000 (Setenta y cinco mil dólares) por kilo, puesto en Europa, hubiera generado ganancias para las mafias organizadas por USD $1,184 (Mil ciento ochenta y cuatro millones de dólares).

Estos datos reflejan la desigual lucha que libran nuestras autoridades, donde no solo están limitadas con el uso de recursos, sino que, además, prevalecen las voces de algunos sectores que se oponen a la instalación de equipos de detección de droga en los contendores. Estos equipos, donados por el Gobierno de China, tienen más de 10 años de estar aparcados, sin darle el uso que corresponde.

El impacto de la actividad de estas mafias organizadas, las muertes que hay en las calles, hasta ahora en su mayoría de delincuentes integrantes de estas bandas, por participar en “tumbonazos” y el ajuste de cuentas entre ellos, cierra el círculo que nos indica claramente, que debemos actuar de inmediato.

Las leyes deben ser inflexibles. La violación a la ley no puede seguirse constituyendo en una actividad de la cual el Estado se mantenga ajeno.

Hay que permitirle al oficial usar su arma de reglamento o cualquiera otro instrumento de defensa, cuando su vida esté en peligro, ya sea sobre la tapa de un vehículo, en una agresión callejera o en el ingreso a un barrio en donde se procura atender alguna situación delictiva. Hay que facilitar a las autoridades los instrumentos que terminen con el maltrato, el escarnio y protegerlos ante la agresión de los delincuentes.

Este es el gran reto que enfrentan los candidatos a la Presidencia de la República, pues quienes libren estas luchas, deben garantizar al país, no tener vínculos con grupos o personas integrantes de estas mafias, que podrían manipular, extorsionar o interferir en sus decisiones.

Es aquí donde adquiere más importancia el saneamiento del Poder Judicial y la depuración de las agencias coercitivas del Estado.

O terminamos con estas manifestaciones de una manera tajante, o estos grupos organizados terminarán debilitando y hundiendo el Estado costarricense.

Creo estimados lectores, que aún estamos a tiempo de actuar, pero se debe ser eficiente, eficaz y contundente, para poder salvar a Costa Rica de esta espiral de delincuencia que estamos sufriendo.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.