Tiene razón la Uccaep

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Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

Desde que fui ministro de Seguridad Pública y conocí ese concepto jurídico, en un viaje de trabajo a Colombia, he sido el más fuerte defensor de la necesidad de una Ley de Extinción de Dominio, pero circunscrita única y exclusivamente al ámbito de los delitos de narcotráfico y el lavado de dinero en Costa Rica.

El proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa incluye toda clase de delitos penales y transforma este necesario, urgente y vital instrumento de persecución contra los delincuentes y las mafias de la droga en un instrumento generalizado, peligroso y fuera de contexto, en términos incluso inconstitucionales, lo que podría prestarse para cualquier abuso inconfesable en materia penal. Ese no fue nunca el objetivo original de este proyecto de ley.

De un proyecto circunscrito a los delitos de narcotráfico y el lavado de dinero producto de ese ilícito negocio destructivo y criminal, que posibilite la incautación sumaria por parte del Estado de los bienes ilegítimos adquiridos por la producción y comercialización de drogas , como debe ser, hemos pasado a un instrumento que le otorga facultades excesivas y desproporcionadas al Ministerio Público, para actuar en vía sumaria contra “toda actividad contraria al ordenamiento jurídico”, como acertadamente lo denuncia la Uccaep.

La creatividad e imaginación de algunos Padres de la Patria o su populismo, parece no tener límite ni fronteras intelectuales ni jurídicas. La ley debe circunscribirse al narcotráfico, pero no generalizar a incluir un ámbito tan amplio y casi infinito de ilícitos penales relacionados con la corrupción pública.

Ese es otro tema y, para tratarlo, la Ministra de Justicia y la Fiscal General están impulsando otro proyecto y reformas a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y otras leyes, para enfrentar ese mal de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, en las relaciones contractuales, económicas y empresariales privadas con el Estado Costarricense. Pero ese es otro tema y así debe analizarse y resolverse.

Si algo debe ser claro, bien tipificado y concreto, es la materia penal. Dejar por la libre el margen de interpretación jurídica a Fiscales y Jueces no es democrático y puede significar la puerta de entrada para el peor de los autoritarismos en manos del Estado, como es el que, bajo una falsa e inconstitucional legalidad, se da margen a toda clase de abusos, grandes y pequeños, en los Tribunales de Justicia, contra los ciudadanos y contra los emprendedores privados. En una sociedad democrática esto es inaceptable.

Como está escrito el proyecto de Ley de Extinción de Dominio abarca hasta la informalidad en el comercio, en un país con casi 300 mil desocupados necesitados de trabajo, o simples errores de trámite en la excesiva, abusiva y agobiante tramitología estatal, como lo denuncia la Uccaep, en nombre del sector privado y en nombre igualmente de todos los ciudadanos de este país.

El peor de los autoritarismos es el que se aplica en el marco de una aparente legalidad democrática. América Latina está llena de esos equivocados ejemplos y ese camino autoritario jamás lo debe seguir nuestra Costa Rica.

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