Talibanes institucionalizan discriminación y violencia de género

Enero 17, 2022

Por Corresponsales de IPS

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Niñas y jóvenes que procuran estudiar son víctimas de la discriminación de género impuesta en Afganistán por la milicia islámica que se hizo con el poder en todo el país en agosto de 2021. Foto: Rezayee/Unicef

GINEBRA – Los líderes de la milicia islámica talibán que gobierna Afganistán están institucionalizando la discriminación y la violencia de género sistemáticas y a gran escala contra las mujeres y las niñas, señaló este lunes 17 un documento de un gran número de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

Los 35 expertos, relatores en áreas temáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basado en esta ciudad suiza, reiteraron su alarma expresada desde agosto de 2021 por la serie de medidas restrictivas introducidas desde la toma de Afganistán por parte de los talibanes, en particular las relativas a mujeres y niñas.

“Tomadas en conjunto, estas políticas constituyen un castigo colectivo de mujeres y niñas, basado en prejuicios de género y prácticas nocivas”, dijeron los expertos.

Se declararon preocupados por “los esfuerzos continuos y sistemáticos para excluir a las mujeres de las esferas social, económica y política en todo el país”.

Estas preocupaciones se exacerban en los casos de mujeres de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas como la hazara, la tayika, la hindú y otras comunidades –distintas a la pastún, de la que se nutre principalmente la milicia talibán- y cuyas diferencias o visibilidad las hacen aún más vulnerables.

“Estamos extremadamente preocupados por los informes de ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados de minorías étnicas y religiosas, como los hazara, que sugerirían esfuerzos deliberados para atacarlos, prohibirlos e incluso eliminarlos del país”, indicó la declaración de los relatores.

También señalaron el aumento del riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluida la trata con fines de matrimonio infantil y forzado, así como la explotación sexual y el trabajo forzado.

Estas políticas excluyentes y discriminatorias se hacen cumplir a través de una ola de medidas como prohibir que las mujeres regresen a sus trabajos, exigir que un pariente varón las acompañe en los espacios públicos, o prohibir que las mujeres usen el transporte público por su cuenta.

Incluso se ha impuesto un estricto código de vestimenta en mujeres y niñas.

“Además de limitar severamente su libertad de movimiento, expresión y asociación, y su participación en los asuntos públicos y políticos, estas políticas también han afectado la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse la vida, empujándolas aún más hacia la pobreza”, señalaron los expertos.

“Las mujeres cabeza de familia se ven especialmente afectadas, y su sufrimiento se ve agravado por las devastadoras consecuencias de la crisis humanitaria en el país”, donde unos 23 millones de personas, 55 % de la población, necesita ayuda humanitaria urgente, según coinciden agencias de las Naciones Unidas.

Otra preocupación grave de los expertos se refiere a “la continua negación del derecho fundamental de las mujeres y las niñas a la educación secundaria y terciaria”, bajo la premisa de que las mujeres y los hombres deben ser segregados y que las estudiantes deben cumplir con un código de vestimenta específico.

De ese modo, la gran mayoría de las escuelas secundarias para niñas permanecen cerradas y a la mayoría de las niñas que deberían asistir a los grados del siete al 12 se les niega el acceso a la escuela, únicamente por su género.

“Hoy, somos testigos del intento de borrar constantemente a mujeres y niñas de la vida pública en Afganistán, incluso en instituciones y mecanismos que se habían establecido previamente para ayudar y proteger a aquellas mujeres y niñas que corren mayor riesgo”, dijeron los expertos..

Por ejemplo, se cerró el Ministerio de Asuntos de la Mujer y se ocuparon físicamente los locales de la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos.

Luego, “varios proveedores de servicios vitales, y en ocasiones salvavidas, que apoyan a sobrevivientes de violencia de género, han cerrado por temor a represalias, al igual que muchos refugios para mujeres, con consecuencias potencialmente fatales para las muchas víctimas que necesitan tales servicios”, indicó el texto.

El desmantelamiento de los sistemas diseñados para prevenir y responder a la violencia de género han incluido las unidades judiciales especializadas en hacer cumplir la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009.

Un llamado particular hicieron los expertos respecto de las defensoras de los derechos humanos, las activistas y líderes de la sociedad civil, las mujeres juezas y fiscales, las mujeres en las fuerzas de seguridad, las que fueron empleadas del gobierno, y las mujeres periodistas.

Todas ellas “han estado considerablemente expuestas a hostigamiento, amenazas de violencia y, a veces, violencia”, por lo que, erosionado el espacio cívico, muchas activistas y profesionales se han visto obligadas a abandonar el país.

“Cualquier esfuerzo de respuesta humanitaria, recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres en general, en particular las de comunidades minoritarias, continúan siendo excluidas de la participación plena”, aseguraron.

Reiteraron su llamado a la comunidad internacional para proveer asistencia humanitaria al país asiático, a que se responsabilice a sus autoridades de facto por las violaciones de derechos humanos, y a sostener la exigencia de que se eliminen las restricciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

A-E/HM

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