Sudán, entre la primavera y el abismo

Guadi Calvo

Omar al-Bashir. Foto: spanish.almanar.com.lb

A pocos días de la caída de Abdelaziz Bouteflika en Argelia (Ver: Argelia: El otoño del patriarca) otro “extraño” remezón hace caer al dictador sudanés al-Bashir, tras 30 años en el poder, al que llegó tras un golpe militar en 1989, aunque tras “democratizarse” se impondría en las elecciones de 1996, con más del 75% de los votos, en 2000 con el 85%, en 2005, una modificación constitucional lo obligaría a evitar el engorroso trámite, en 2010 alcanzaría un modesto 68% , pero lograría reponerse en 2015, alcanzando un 94%, aunque será un arcano si podría triunfar en las de 2020, en las que ya había anunciado que competiría.

El país, de unos 40 millones de habitantes a partir del jueves 11 de abril ha quedado en manos del “Consejo Militar de Transición”, encabezado por el general Ahmed Awad Ibn Auf, un hombre clave a lo largo del gobierno de al-Bashir, quien hasta el jueves fue su vicepresidente, nombrado por éste, en el último febrero, Ministro de Defensa en 2015 y jefe de la inteligencia militar.

Ibn Auf a todas luces es quien será el nominado como presidente interino. En un discurso televisado, el general Ibn Auf informó que, tras el arresto de al-Bashir, un consejo militar gobernaría el país durante los próximos dos años, además de ordenar el toque de queda, declarar el estado de emergencia, el alto el fuego en todo el país, la suspensión de las garantías constitucionales, el cierre del espacio aéreo durante 24 horas y el de los todos los pasos fronterizos hasta nuevo aviso. Además de aclarar que el ahora el expresidente no será extraditado y que será juzgado por autoridades locales. El segundo de Ibn Auf será Kamal Abdelmaruf al-Mahi, jefe del Estado Mayor del Ejército.

Después de cuatro meses de protestas y cientos de muertos el pueblo sudanés logró la ansiada caída del dictador, aunque todavía está por verse si con él cae finalmente el régimen.

En unas pocas horas, la dictadura de treinta años, perdió el apoyo del Ejército, por lo que no le ha quedado más posibilidades que “renunciar”. Sin duda en las negociaciones entre el ahora derrocado presidente y sus ex socio militares, se habrá discutido más que nada alguna salida para que no sea entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), que desde marzo de 2009 lo acusa de crímenes de guerra y en contra la humanidad (asesinato, violación y genocidio). A pesar del requerimiento de la CPI, que lo convirtió en el primer jefe de estado en actividad en recibir una orden de arresto de ese tribunal, no se privó de salir de su país viajando a Kenia, Egipto, Nigeria y Arabia Saudita y en 2015 a Sudáfrica, de donde debió retornar “intempestivamente”, ya que esa vez si podría ser detenido.

La primera de las acusaciones del CPI, refiere a los crímenes cometidos durante el conflicto que el actual Sudán del Sur libraba por su independencia de Jartum (1983-2005); la segunda se funda en el genocidio de Darfur (2003-2006), una región al oeste del país donde unas 300 mil personas fueron asesinadas, al tiempo que otras 2 millones 700 mil fueron desplazadas en un conflicto de origen étnico-religioso entre los baggaras (árabes musulmanes) criadores de camellos y tribus (nilo-saharianas) de agricultores como los fur, los zaghawa y los masalait .

Para la represión, el gobierno de al-Bashir dispuso de un grupo paramilitar conocido como Janjaweed (jinetes armados) constituido fundamentalmente por hombres de tribus árabes nómadas, el grupo fue creado por uno de los hombres más cercanos al-Bashir, el general Mohammed Ahmed Mustafá al-Dabi.

Las protestas iniciadas en diciembre que ahora desembocan en el derrocamiento del dictador, comenzaron tras la profundización de la crisis económica a consecuencia de la pérdida de casi el 75 por ciento de sus explotaciones petroleras que han quedado en posesión de Sudán del Sur tras su independencia en 2011, a lo que hay que sumarle, el mantenimiento de las sanciones económicas de los Estados Unidos, que llevó a al-Bashir a una búsqueda de apoyo de Moscú y Beijín.

Desde entonces, el aparente estado de bienestar conseguido gracias al petróleo, aunque un 40% de la población se mantuvo bajo la línea de pobreza, comenzó a degradarse. Ya en 2013 una ola de protestas dejó casi 200 muertos, llegado el colapso en 2018 con una inflación del 72%, escasez de insumos básicos, incluso de billetes. A lo largo de ese año se produjeron intensas manifestaciones, las que fueron reprimidas con la violencia habitual del régimen. La parálisis de la economía y el constante aumento del costo de vida, fue el detonante que terminó de hacer estallar a las clases medias urbanas que en diciembre iniciaron una serie de protestas que continúan hasta hoy.

Todo comenzó el 19 de diciembre en Atbara, una ciudad con poco más de 100 mil habitantes en el noroeste del país, cuando cientos de personas salieron a protestar por el aumento del pan, que triplicó su precio después de semanas de escasez, lo que de inmediato fue replicado en otras ciudades y pueblos del país, incluso en la capital, Jartum.

Las protestas alcanzaron este último sábado seis su máxima representación, cuando las multitudes llegaron hasta la sede del ejército reclamando su apoyo. Según el Comité Central de Médicos de Sudán, desde entonces se produjeron 25 muertes y otras 153 personas resultaron heridas, muchas en estado crítico, por lo que el número de fallecidos sin duda se incrementará.

Mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, en una declaración conjunta emitida desde sus embajadas en Jartum, solicitaron a las autoridades un plan “aceptable” para una transición pacífica del poder.

Desde comienzo de año, el gobierno fue jaqueado por las protestas casi diarias, el primero de enero se conoce la convocatoria firmada por más de 20 grupos políticos, exigiendo un nuevo gobierno. Al-Bashir aplicó una serie de medidas cosméticas tratando de evitar la debacle, por lo que el 5 de enero, pidió la renuncia de su ministro de salud debido al creciente aumento de los medicamentos.

El 11 de febrero, Human Rights Watch (HRW) difundió una serie de videos, donde se muestra la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

En una medida desesperada tratando de reorganizar su gobierno, al-Bashir declara el 22 de febrero el “estado de emergencia” por un año para todo el país y disuelve los gobiernos provinciales, designando oficiales del ejército y de inteligencia para esos cargos.

El efecto matrioshka

Como suele suceder en los cambios de gobierno del continente africano, un golpe militar desplaza a un dictador para dejar a otro, como las clásicas muñecas rusas, y Sudán parece no escapar de este sino, ya que el propio Omar al-Bashir fue producto de del golpe de 1989, liderado una alianza de militares e islamistas fundamentalista, ahora es sucedido por uno de los hombres de su máxima confianza el general Ahmed Awad Ibn Auf, cabeza del “Consejo Militar de Transición”, quien no puede jactarse de ser un demócrata. Ya en 2007, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó las cuentas de Ibn Auf, junto con otros dos funcionarios sudaneses, por su responsabilidad en las masacres de Darfur. Está acusado de haber sido el enlace entre el gobierno y los paramilitares de Janjaweed, además de haberles suministrado apoyo logístico y de inteligencia, al tiempo que se sospecha que ha dirigido operaciones en el terreno.

A pesar de esto, la CPI no ha acusado a Ibn Auf por crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, según la CPI espera más información sobre sus responsabilidades por lo que todavía podría ser procesado.

Las protestas civiles se extendieron al viernes a pesar del toque de queda decretado el jueves. Los manifestantes, instalados en tiendas de campaña siguen reunidos frente al Ministerio de Defensa. La Asociación de Profesionales Sudaneses (APS), una de las organizaciones que emergió con liderazgo tras los cuatro meses de protestas, difundió un comunicado en el que expresa que los golpistas no pueden producir el cambio, exigido por los sudaneses, aunque se ha anunciado la liberación de todos los presos políticos.

Este cambio de guardia podría producir un estado deliberativo en el interior de las fuerzas armadas llevando al país a una crisis todavía más profunda, aunque el poder factico del país no ha cambiado manteniéndose en su cargo Mohamed Salé también llamado Salá Gosh, el jefe del tenebroso Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS), que ha liderado la represión contra los manifestantes desde diciembre, cargo que ocupó entre 2004 y 2009 y volvió a ocupar en febrero de 2018. Gosh estuvo detenido en 2012 acusado de “incitar al caos” y realizar operaciones armadas contra altos funcionarios del gobierno de al-Bashir, de quien difundió noticias alarmantes sobre la salud del presidente. Con estrechos lazos con la CIA, colaboró en la detención de varios hombres vinculados a al-Qaeda y entregó información tras los atentados a las Torres en septiembre de 2011. Sigue también en su puesto Hamdán “Hemeti” Dagalo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar surgido de las filas de los Janjaweed y que sigue operando en Darfur.

Si bien Sudán con la mano férrea de Omar al-Bashir supo sortear la Primavera Árabe en 2011, hoy tiene una nueva posibilidad aunque esto se esté produciendo muy cerca del abismo.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC


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