Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Fernando Berrocal
Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se estima que solo un tercio está registrado y dos tercios de las armas están sin registrar. Su número total es una incógnita y es muy alto, según criterios realistas.
Por ley, el Estado tiene la obligación de establecer un registro de armas. Eso es correcto y es fundamental que así sea. El derecho a la legítima defensa, igualmente, es parte de nuestro ordenamiento penal, como en todos los países civilizados y democráticos del mundo.
¿Y por qué hay tantas armas en Costa Rica?
En primer lugar, porque las guerras de Centroamérica generaron un gran mercado negro regional y muchas de esas armas vinieron a parar a nuestro país, con el agravante de que muchas de ellas, especialmente un porcentaje de las no registradas, son armas militares de alto calibre.
En segundo lugar, porque en los últimos 10 años el acelerado incremento de la penetración del narcotráfico, aumentó drásticamente la violencia, el sicariato y la criminalidad organizada. Tanto que esos delincuentes cometen sus fechorías y sus crímenes con Ak-47 y metralletas, amenazando calles, barrios, playas, pueblos y ciudades, como un hecho real y objetivo del que da cuenta la prensa nacional todos los días.
Legalizar, facilitando, descentralizando y tecnificando los procedimientos para el registro de armas en el Ministerio de Seguridad Pública, en absoluto significa “armar al pueblo” o “negar nuestra tradición civilista y pacifista” y otras tonterías de esa índole que se han dejado decir, irresponsablemente, algunos aspirantes presidenciales, en estos días.
De lo que se trata, nada más, es de cumplir con normas democráticas vigentes y obligatorias de nuestro Estado de Derecho y trabajar desde el sector público y el privado, eficientemente, por una mejor seguridad ciudadana y nacional.
De la misma forma que accionar policialmente, con determinación y mano dura, contra las mafias del narcotráfico y desarmarlas, es darle más seguridad a la ciudadanía y cumplir con obligaciones fundamentales del Estado.
No contradice esta tesis el hecho de que, al cumplirse los primeros 100 días del segundo gobierno del presidente Óscar Arias, procediéramos a destruir, frente al Monumento Nacional, una cantidad enorme de armas decomisadas que se fundieron, en un monumento simbólico, sobre la vocación civilista de nuestro pueblo.
Menos aún recordar que este pueblo, en 1856, decidió “la tosca herramienta en armas trocar” para defender su independencia amenazada por los filibusteros conquistadores y, en 1948, de la misma forma logró la libertad electoral y erradicó el fraude en las urnas, consolidó las garantías individuales y sociales y “proscribió el Ejército como institución permanente”, ordenando que “para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”, según artículo 12 de la Constitución Política de 1949.
