Sobre armas y el futuro de la DIS

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Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

A principios de enero, escribí dos columnas dedicadas al tema de la seguridad ciudadana y propuse soluciones legales, funcionales y operativas para enfrentar el desbordamiento de la delincuencia y el poder del narcotráfico. Pero dicho análisis no estaría completo sin definir el futuro de la DIS.

Sobre la DIS, reafirmo que ese cuerpo de agentes de inteligencia debe ser trasladado del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad Pública y refundada con funciones de investigación, información e inteligencia orientadas hacia la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y nacional y a la defensa tanto de la soberanía como de la integridad territorial. El nombre es lo de menos.

Este país no necesita una Policía política, sino una eficiente, capaz y profesional inteligencia policial en el Ministerio de Seguridad Pública que, a la vez, mantenga relaciones activas con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, a nivel internacional, con Interpol y las agencias de seguridad de países amigos, en la lucha común por el fortalecimiento del sistema democrático de vida y contra las mafias de la delincuencia y el narcotráfico.

Con una efectiva inteligencia y una obligada coordinación entre los distintos cuerpos policiales, se podría, por ejemplo, intervenir y destruir los búnkers y los centros de actividades ilícitas de las mafias que se han apoderado del cantón central de San José, la GAM, capitales de provincia y zonas turísticas.

Acabar en un año con esos bunkers y combatir de frente, y en el territorio, la venta al menudeo de drogas ilícitas, es un imperativo policial realizable y sería una muestra de firmeza y determinación del Ministerio de Seguridad Pública.

Para tales propósitos, se necesita mucha investigación e inteligencia policial. A eso se debe dedicar la nueva DIS, en el Ministerio de Seguridad Pública.

La otra instancia que debe fortalecerse al máximo es la Inspección Policial. Nada desmoraliza más que unos policías corruptos involucrados en actos ilícitos y de complicidad con los narcotraficantes y las mafias criminales o en delitos de contrabando y de criminalidad común. Contra la corrupción policial se debe ser duro e inflexible, en el plano laboral y, especialmente, en el ámbito judicial penal, estableciendo un procedimiento expedito de baja deshonrosa.

En cuanto al número de armas legales que los ciudadanos puedan registrar, bajo controles y normas estrictas de seguridad, lo que se debe combatir enérgicamente es el mercado negro y las armas en manos de los criminales y la delincuencia. Ahí radica el verdadero problema y no en el número de armas livianas que puedan registrar los ciudadanos honestos.

Así como se puede y debe acabar con los búnkers, también es necesario requisar y destruir las armas de las mafias y las bandas de delincuentes.

Eso SÍ es efectiva y real seguridad ciudadana y ambos objetivos, el de desbaratar los búnkers y las redes de mercadeo de drogas al menudeo y desarmar a los delincuentes, deben ser dos de las prioridades del Ministerio de Seguridad Pública. ¡Hagámoslo!

Jamás podemos terminar doblegados por la criminalidad y las mafias del narco.

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