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Jorge E. Cuéllar
Bukele se apresuró a identificar a sus antagonistas ante la multitud de Miami: los depredadores servicios de transferencias bancarias y los bancos tradicionales que extraen comisiones de las remesas de dólares que envían los emigrados salvadoreños. Bitcoin, dijo, reduciría la dependencia de dólares caros y mantendría más dinero en los bolsillos de los salvadoreños. Al mismo tiempo, el presidente esperaba que la medida impulsara una nueva ronda de inversión tecnológica en el país, expandiendo el prototipo de criptocomunidad establecida en la pequeña ciudad surfera de El Zonte, ahora conocida como ‘Bitcoin Beach’. Destacó la disponibilidad de bienes raíces baratos junto al mar, oportunidades empresariales, proyectos de desarrollo como la minería de volcanes geotérmicos y el inevitable crecimiento de otras industrias que favorecen el turismo. Juntos, convertirían a El Salvador en un cripto santuario tropical, reinventando el modelo de Panamá como centro de servicios financieros offshore desregulado, para la década de 2020. Citando la creciente adopción de blockchain en Europa, Estados Unidos y Canadá, Bukele lo presentó como un faro de esperanza para los salvadoreños de a pie que luchan por sobrevivir en la economía informal.
Más allá de El Salvador, otros estados latinoamericanos están comenzando a ver la criptomoneda como una apuesta que vale la pena. La ven en general como un camino hacia la soberanía financiera, la base de una economía de plataforma exitosa, un medio para impulsar la recuperación pospandémica o renovar el decadente sector financiero de la región. Estos sueños de empoderamiento, desregulación e inclusión financiera se remontan al año 2000, cuando Ecuador y El Salvador abandonaron sus monedas nacionales, el sucre y el colón, por el dólar estadounidense. Impulsado por la hiperinflación y la devaluación, y destinado a estimular la inversión global, el proceso de dolarización de hecho resultó en una desigualdad extrema de ingresos, además de salarios estancados o decrecientes en todos los sectores, seguidos de oleadas de emigración. En la práctica, el dólar estadounidense circula en casi la totalidad de América Latina como una segunda moneda no oficial, un arreglo que Bitcoin puede cambiar.
En Paraguay, bitcoin y otras criptomonedas se están convirtiendo rápidamente en parte del discurso político dominante, con leyes propuestas para fomentar su uso y aplicabilidad. En México y Panamá, pronto se introducirá una nueva legislación para aumentar la movilidad de Bitcoin. Los cajeros automáticos y las casas de cambio de Bitcoin se encuentran dispersos por los centros y calles comerciales de la ciudad de Panamá, lo que brinda un fácil acceso a los comerciantes de criptomonedas, que han operado en una zona gris legal durante muchos años. Uruguay, ahora considerado el ‘Silicon Valley de las Américas’, continúa avanzando en la tecnología financiera global, y recientemente lanzó su propia criptomoneda llamada ñeripeso. En Puerto Rico, los empresarios de bitcoins se han aprovechado de las liberales leyes fiscales para crear un centro de inversión conocido como ‘Puertopia’.
No es una coincidencia que América Latina sea el hogar de tantos paraísos de criptomonedas. La ‘banca de los no bancarizados’ ha jugado un papel clave en las estrategias económicas de muchos países latinoamericanos que se esfuerzan por sincronizar sus economías informales con los ritmos de los circuitos de acumulación global. En la década de 1980, las microfinanzas surgieron como parte de los programas de neoliberalización respaldados por el FMI para enfrentar este desafío en todo el mundo en desarrollo. Acelerando en la década de 1990, las instituciones de microcrédito comenzaron a surgir en América Latina – Argentina, Brasil, Costa Rica, Haití y Venezuela – ofreciendo préstamos de bajo riesgo a los pobres. A medida que la región se convirtió en terreno para la experimentación económica, su población fue utilizada para poner a prueba los incipientes instrumentos financieros, incluidas las primeras formas de ‘fintech’. Las materias primas de los países – banano, palma, caucho, mineral – y, por extensión, sus economías enteras, se convirtieron en objetos de especulación del mercado. Mientras tanto, las políticas de liberalización comercial precipitaron crisis de deuda recurrentes que mantuvieron a sus gobiernos atrapados en la servidumbre fiscal.
El giro hacia Bitcoin es el último de estos experimentos, que probablemente produzca una especie de colonialismo fiduciario. Para los bitcoiners, las reformas de El Salvador proporcionarán datos valiosos sobre la utilidad social de la criptomoneda, demostrando su función como moneda fiduciaria viable. Sin embargo, el enfoque principal es el desarrollo de una infraestructura de cifrado que pueda ser explotada por los emprendedores de riesgo de Silicon Valley. Para el vendedor ambulante que se preocupa por las ganancias diarias, o las familias que se tambalean por las dificultades de la pandemia, la afluencia de estos tecnocapitalistas inyectará aún más volatilidad en la vida económica. Al crear mercados no convencionales de monedas digitales, blockchain esencialmente lleva a la gente común a una burbuja especulativa encriptada, donde muchos terminarán intercambiando sus salarios de subsistencia por sobrevaluados satoshis (los centavos que componen un Bitcoin).
Es probable que el uso de criptomonedas continúe extendiéndose por toda la región a medida que la banca tradicional introduzca nuevos productos de crédito de Bitcoin, desde tarjetas hasta programas de recompensas, en el mercado. Sin embargo, la innovación política de El Salvador, que podría convertirse en un paradigma regional, es encriptar todas las transacciones estatales, dándole paridad oficial con el dólar para las transacciones nacionales. La Ley de Bitcoin exige que todas las empresas se equipen para aceptar las criptomonedas: una medida que amenaza con crear nuevas formas de apartheid tecnológico, dado el acceso desigual a la tecnología de Internet y los teléfonos inteligentes en todo el país. Bitcoin también aumentará el riesgo de delitos cibernéticos y pequeños robos (ya que las personas mantienen la moneda en ‘billeteras calientes’ inseguras), así como también devastará la ecología local al usar energía volcánica para la minería de monedas. Desde su adopción, la aceptación de la criptomoneda ha sido irregular y controvertida, lo que ha obligado al gobierno de Bukele a lanzar campañas de propaganda para inscribir a los ciudadanos en la aplicación Chivo, el deficiente criptomonedero gubernamental. Casi el 70% de los salvadoreños se oponen a la reforma de Bukele, y se ha producido un movimiento para derogarla en las protestas #NoAlBitcoin en la ciudad capital. Pero el gobierno, que es más represivo día a día, no ha dado señales de retroceder.
Si la diplomacia del dólar de principios del siglo XX llevó al imperialismo mediante la inversión, lo que obligó a las naciones latinoamericanas a poner los intereses de Estados Unidos por encima de los suyos, el giro actual hacia las criptomonedas perpetuará esta dinámica. En lugar de ofrecer un desarrollo que responda a la comunidad, la criptodiplomacia hará palanca en las economías abiertas para favorecer a los inversores súper ricos en busca de desiertos fiscales que domesticar. Algunos emprendedores de riesgo ya están recibiendo comisiones por transacciones, ganando en la adopción de monederos y servicios. Los gobiernos también podrán adquirir información clave sobre los hábitos financieros de los usuarios de criptografía, simplemente revisando el registro público, lo que reforzará los mecanismos de vigilancia estatal. Para El Salvador, esto es capitalismo puro, aplicado a través de la criptografía, en el que el sueño de la descentralización del laissez-faire enmascara una inquietante deriva autoritaria.
Jorge E. Cuéllar Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Yale, es profesor en Dartmouth College.
