Rescate Nacional denuncia que el gobierno “nos quiere robar el agua”

Rescate Nacional
Dirigentes de Rescate Nacional. CP/Web

San José, 27 nov 2020 (CPNews).- El Movimiento Rescate Nacional manifestó su oposición al expediente 20.212, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Por tal razón hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atentos, porque según ellos el gobierno nos quiere robar el agua.

Además, indicaron que el agua es un derecho humano y el gobierno quiere transformarlo en una mercancía con valor económico. Explicaron que esta dañina ley que desean aprobar crearía una especie de “policía del agua”.

Insistieron en que no es una broma y que de esta forma podrían entrar en la propiedad de los costarricenses sin autorización a realizar inspecciones que consideren necesarias y oponerse a esto sería delito.

En días anteriores el presidente de la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel), Sergio Ortiz, denunció que “la nueva Ley de aguas contiene importantes y peligrosas regresiones ambientales”.

Asimismo, Ortiz comentó a los diputados, mediante nota dirigida a cada uno de los legisladores, que existen importantes y peligrosas regresiones ambientales de desprotección que genera en comparación a la actual Ley de Aguas 276 y el peligro de dotar de todo el poder sobre el recurso hídrico a un ente político e ineficiente como lo es el Minae.

Ortiz alertó a los legisladores que el proyecto de Ley de Aguas que se tramita bajo expediente legislativo No. 20.212 plantea un nuevo orden político, a todas luces antidemocrático, contrario a los artículos 1, y 50 de la Constitución Política y contraria al derecho a la vida y a la salud (artículo 21), “pues lejos de avanzar, plantea una propuesta regresiva donde toda la gestión y actividades esenciales asociadas al recurso hídrico y que se establecen en la legislación vigente, las elimina o traslada para ser concentradas en un único órgano del Poder Ejecutivo (MINAE), que por su naturaleza es esencialmente político, eliminando frenos y contrapesos técnicos establecidos en la legislación ambiental vigente, propuesta política en la que además no se da espacio alguno a la participación ciudadana, y con ello no solo desprotege al interés público, sino que se favorece el autoritarismo y se incrementa el riesgo de que se den desviaciones de poder en beneficio de élites actuales y venideras.


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