Reflexiones sobre la sentencia que anuló el cierre del “Parque Viva”

Por José René Tamariz

En el mes de julio, el gobierno de Rodrigo Chaves cerró el negocio para la realización de eventos públicos llamado Parque Viva del periódico La Nación. La orden sanitaria del cierre fue emitida por el Ministerio de Salud, bajo el argumento de que ese parque producía grandes congestiones de flujo vehicular y eso tendía a ocasionar accidentes y ponía en riesgo la vida de muchas personas.

Recurso de amparo de La Nación y sentencia de la Sala Constitucional

El recurso contra ese cierre fue introducido a la Sala Constitucional por el director de ese medio, Armando González y varios periodistas, y, entre los argumentos esgrimidos, “… resaltó que Chaves es consciente de que Parque Viva tiene la función de apoyar económicamente la operación La Nación, cuyos ingresos han caído a causa de la migración de la publicidad hacia medios digitales, como les ha ocurrido a miles de medios de comunicación en todo el mundo”. (La Nación, 22 de octubre de 2022).

Según los recurridos de ese medio de comunicación, Rodrigo Chaves desde que fue candidato a la presidencia de la República los había atacado por que ese diario destapó públicamente el acoso sexual contra empleadas del Banco Mundial que había realizado Chaves siendo alto funcionario de ese organismo financiero internacional. En un acto de campaña, Chaves dijo que “Somos un sunami y, sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de canal 7. Óigame, Ignacio Santos, óigame el otro… René Picado, óigame, Armando González”. (Ídem).

Por otra parte, esos periodistas argumentaron que dicho cierre “… violentó principios consagrados en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el principio de legalidad por el cual deben regirse los funcionarios públicos”. (Ídem).

El día 21 de octubre la Sala Constitucional o Cuarta, mediante una sentencia que no se ha dado conocer, anuló esa orden sanitaria de cierre contra el Parque Viva. Al respecto de esa anulación la sentencia señala que se realiza “en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia”. Y, entre otros, uno de los argumentos planteados por dicha sentencia dice que ese cierre es “una violación indirecta de la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático”. (Ídem).

De otro lado, en el, por tanto, esa sentencia señala que “se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”. (Ídem).

Aunque no conocemos la sentencia completa de la Sala Constitucional la cual anula el cierre sanitario del Parque Viva propiedad del diario La Nación, vamos a plantear algunas posiciones políticas de dicha sentencia.

Los negocios del grupo económico La Nación

Es importante y necesario señalar que el grupo económico “La Nación” es un conglomerado de diversos empresas y negocios que tiene, como objetivo último, generar ganancias. En la dirección electrónica www.nación.com se mencionan esos negocios, tales como, medios de comunicación GN medios (La Nación, El Financiero, La Teja, revista Perfil y Sabores y otros); GN digital (Yuplón, sitio de ofertas diarias número uno de Costa Rica); Parque Viva “… negocio dedicado al administración de recintos y la creación de plataformas comerciales a largo plazo… es el primer recinto dedicado a la interacción, la generación de vínculo y entretenimiento y el primero en Centroamérica que reúne un Anfiteatro, un Centro de Eventos y un circuito de competencias…”; Bienes Raíces; Unidades de Soporte.

Por otro lado, de acuerdo con un análisis del medio digital “Delfino” el “Grupo Nación (GN) es un grupo de poder económico cuyos principales accionistas son la familia Jiménez, constituida por tres generaciones. Además, dicha familia tiene acciones mayoritarias en la Florida Ice & Farm, productora de cervezas y bebidas, e históricamente ha estado ligada a diversas actividades económicas, en el pasado a la producción de café y caña de azúcar, por mencionar dos casos; y de manera reciente al sector turístico e inmobiliario, entre otros. Por la cantidad de activos en su propiedad, la familia Jiménez es parte de la lista de los diez empresarios más “ricos” de Centroamérica, según la revista Forbes”. (Ramírez, Lorenzo: La pérdida de hegemonía de Grupo Nación. 22 de noviembre de 2019).

Entonces, la familia Jiménez es parte de la vieja oligarquía costarricense que concentra no sólo un gran poder económico sino también político. Actualmente, el presidente del diario La Nación es Carlos González Jiménez, quien sustituyó en 2020 a Manuel Francisco Jiménez Echeverría. Es importante destacar que La Nación ha estado involucrado en caso de defraudación fiscal.

La historia de la intervención política de La Nación

Cuenta el escritor Alberto Cañas la siguiente anécdota del año 1948 cuando se produjo el conflicto político-militar que condujo al poder a la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José María Figueres Ferrer “Pero no puedo omitir un pasaje que yo he contado en otra parte, y fue la visita que a Figueres hicieron el gerente y el director de La Nación, acompañando a don Manuel Francisco Jiménez Ortiz, don Eladio Trejos y don Fernando Lara. Me tocó conducirlos al Club Social de Cartago, donde Figueres y Alberto Martén los recibirían y quedé, con máuser al hombro, de guardia en la puerta… por lo cual escuché, con el otro guardia, Roberto Güell, la conversación.

Simplemente, en San José, “sabían” que la Revolución se proponía “desconocer” la elección de Ulate. Y esa decisión contaría con el apoyo de importantes grupos, y del periódico La Nación, si Figueres accedía a derogar el Código de Trabajo… Figueres y Martén rechazaron casi con violencia. Ni desconocería la revolución la elección de Ulate, ni echaría atrás la legislación social, que más bien sería perfeccionada”. (Cañas, Alberto: 80 años no es nada. Editorial UCR. San José, Costa Rica, 2008. Páginas 207 y 208).

El diario La Nación, por su gran poder económico, a través de los años ha tenido mucha influencia, peso político y capacidad de incidir en diversos gobiernos en Costa Rica. Con sus redes de informantes husmea todos los ministerios, instituciones públicas, casa presidencial y otras organizaciones.

Sus denuncias constantes contra las convenciones colectivas de diferentes instituciones públicas han llevado a que políticos neoliberales y otros elementos de esa fauna interpongan recursos en la Sala Cuarte en contra de artículos que, supuestamente son “abusivos”, han conducido a que ese órgano jurisdiccional elimine, de un solo tajo, múltiples artículos de decenas de convenciones colectivas. Asimismo, ese periódico realiza constantes ataque a los componentes salariales, mejor conocidos como pluses, de los trabajadores públicos, llamando de forma descarada a su eliminación.

Como se puede observar de lo planteado por Alberto Cañas, desde hace muchos años, los dueños del diario La Nación, así como sus directores y demás plumíferos a sueldo, se han opuesto y demandado la eliminación de las conquistas del Estado Social de Derecho, tales como, en su momento, del Código de Trabajo, y, más recientemente, del derecho colectivo, como son el derecho a la huelga y a la negociación y conquistas de las convenciones colectivas. En realidad, más de la apariencia de medio periodístico La Nación se ha constituido como otro poder dentro del Estado Costarricense.

El cierre del Parque Viva… ¿constituyó una violación indirecta de la libertad de prensa?

Implicó el cierre del jugoso negocio millonario del Parque Viva de ese grupo capitalista ¿una violación indirecta de la libertad de prensa? Ese es uno de los argumentos centrales de la sentencia de la Sala Constitucional. Analicemos. Dado que todavía no se conoce en todos sus extremos el fallo constitucional vamos a plantear algunas ideas preliminares, no definitiva, sobre esa cuestión.

En primer lugar, debemos plantear que no apoyamos al gobierno de Rodrigo Chaves ni compartimos sus posiciones políticas, propuestas y proyectos de leyes. El gobierno de Chaves es un gobierno neoliberal sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumple, a pie juntillas, sus mandatos. Además, es un gobierno que trabaja en función de beneficiar a diferentes grupos capitalistas y, en especial, a su grupo económico que financió su campaña política-electoral para llegar la presidencia de la República.

Sin embargo, consideramos que la sentencia de la Sala Constitucional sobre el cierre del negocio de La Nación, llamado Parque Viva, es una sentencia eminentemente política, no es jurídica ni técnica. Sostener que el cierre de ese negocio es una “violación indirecta a libertad de prensa”, no sólo basta decirlo y escribirlo, sino que hay que demostrarlo con datos y hechos probados. Al respecto tomo lo planteado por el científico Carl Sagan que dice “Desconfía de los argumentos que proceden de la autoridad… Las autoridades deben demostrar sus opiniones como todos los demás…”. (Sagan, Carl: El mundo y sus demonios. Editorial Planeta. España, 2016. Página 47).

Entonces, de lo anterior, surgen una serie de cuestionamientos. Concretamente, cuáles son los elementos y factores que, eses cierre, afectó la continuidad del funcionamiento del periódico La Nación. ¿Se afectó o interrumpió la impresión y publicación física de La Nación? No, de ninguna manera, el periódico continuó de forma diaria su publicación, porque disponía de todos los recursos y medios necesarios para su funcionamiento y emisión. ¿Se afectó o limitó los editoriales y artículos críticos de ese medio de comunicación hacia el gobierno y su gestión? No, de ninguna manera. Todos los plumíferos a sueldo y sin sueldo continuaron con línea editorial y sus posiciones políticas. No se les limitó de “forma indirecta” sus opiniones.

¿Depende La Nación de los recursos financieros del Parque Viva para seguir funcionando? Al parecer, no existen datos de los estados financieros que demuestren con la falta de ingreso de ese negocio por parte de La Nación haya contribuido o llevado a un cierre técnico a ese medio de comunicación. La Nación, ha seguido funcionando de forma normal y, hasta donde se conoce, sin problemas de papel, tinta, insumos, repartición y otros necesarios para su continuidad como periódico. Por otro lado, es importante destacar que La Nación y sus principales dueños poseen múltiples negocios millonarios con los cuales pueden apalancar el funcionamiento de las alicaídas finanzas de ese medio periodístico, no por el cierre, sino por el surgimiento de las redes sociales, la Internet y otros desarrollos tecnológicos que han hecho entrar en crisis a muchos medios de comunicación.

El cierre del Parque Viva es un conflicto inter burgués

El argumento falaz al estilo ad populum de la Sala Constitucional es que «El cierre del negocio del Parque Viva representa un ataque indirecto a la libertad de prensa y, por ende, al sistema democrático».

El periódico La Nación han continuado, sin interrupción, con sus políticas periodísticas de mentiras y falsedades que muchos conocemos, por ejemplo, contra los salarios y componentes salariales de los empleados públicos, contra las convenciones colectivas y muchas otras mentiras en contra de las empresas e instituciones públicas. Ha seguido avanzando en su política de destruir el Estado Social en Costa Rica. No se le ha limitado el derecho a mentir las veces que quiera

Entonces, ¿cuál es el problema de fondo del cierre del Parque Viva? Esa cuestión constituye un conflicto inter burgués entre facciones del capital costarricense. La Nación y sus dueños representante de la más rancia oligarquía nacional, trataron a toda costa de bloquear e impedir el ascenso de Rodrigo Chaves a la presidencia de la República, ya que no era un hombre confiable y controlable a lo cual están acostumbrado de gobiernos anteriores. Por esa razón sacaron la denuncia correcta de los abusos sexuales de Chaves contra funcionarias del Banco Mundial, cuando éste era alto funcionario de ese organismo financiero internacional.

Ahora, ¿es el cierre del negocio Parque Viva una revancha o vendetta de parte de Chaves al periódico La Nación por esa denuncia? Es una hipótesis probable, pero no es el problema de fondo. Rodrigo Chaves, representa un ala burguesa emergente que tiene aspiraciones de quedarse y repartirse una parte del pastel de los negocios en Costa Rica y, por ende, necesita el aparato del Estado para desde ahí abrirse paso y desarrollarse como tal. El poderoso grupo económico de La Nación es un obstáculo para sus pretensiones. De ahí que, Rodrigo Chaves, ha golpeado de costado a ese grupo económico, cerrándole el Parque Viva como una forma de advertencia. No obstante, el conflicto inter burgués no ha terminado, sino que veremos su continuación y habrá más golpes y contragolpes en ese pleito entre fracciones burguesas.

De último, debemos sostener de forma categórica que el fallo de la Sala Cuarta que anula la orden sanitaria de cierre del Parque Viva se ubica, políticamente, al lado del bando de la oligarquía costarricense, bajo el falso argumento de la “violación indirecta a la libertad de prensa”, debido a que, evidentemente, muchos de esos magistrado de ese organismo jurisdiccional pertenecen y han sido puesto en esa instancias por los partidos tradicionales, obedeciendo de alguna u otra forma a esas posiciones políticas.

Fuente elsoca.org