Proyecto busca brindar seguridad jurídica a los contribuyentes

Dengo
Diputado Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista. Web/CPNews

San José, 22 jun 2022 (CPNews).- Con el fin de darle una interpretación auténtica al Artículo 1 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril De 1998, el diputado Jorge Dengo Rosabal, acompañado de la Fracción del Partido Liberal Progresista, presentó el proyecto 23.187 a la corriente legislativa.

La propuesta de Ley deja claro que la aplicación del Impuesto Sobre la Renta se hace sobre las ventas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales en el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política donde se establecen los límites geográficos del país, independientemente del origen de los bienes o capitales, o el lugar de negociación sobre los mismos.

“Es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa hacer la interpretación auténtica de normas que en el pasado fueron aprobadas y que su aplicación ha ido en contra del espíritu que tenía el legislador cuando está fue avalada, así lo señala en su artículo 121 la Constitución Política” señaló Dengo

Según el diputado “la iniciativa presentada busca brindar certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley 7092, ya que se aclaran conceptos dudosos y se precisa el verdadero sentido de la normativa, la cual ha sido aplicada de forma inconsistente por parte de autoridades tanto administrativas como judiciales”.

Y es que desde hace varios años autoridades como la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda e incluso las instancias judiciales como el Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, han extendido el Principio de Territorialidad esto en detrimento de los contribuyentes.

Para el legislador “con esto se han gravando rentas obtenidas fuera del territorio costarricense bajo el argumento de que existe una supuesta vinculación económica, en perjuicio de la seguridad jurídica de los ciudadanos y posibles inversores que deseen efectuar operaciones comerciales en el país”.

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