Promotores de la pobreza

El Sereno

Álvaro Campos Solís
campos.solis.alvaro@gmail.com

Alvaro Campos

El Movimiento Rescate Nacional y los sindicatos del sector público han confundido libertad con destrucción.

¿Qué fuerzas poderosas intervinieron en los bloqueos de carreteras, agresiones y actos de vandalismo que durante la semana anterior y primeros días de la presente conmovieron al país, como una forma de oponerse a las negociaciones del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional, orientadas a ordenar la hacienda pública nacional? Fue un movimiento de protesta bien planificado, bien financiado, impecable en términos logísticos. Bastaba una orden de la dirigencia de Rescate Nacional, para que surgieran de manera simultánea los bloqueos de carreteras de intenso tránsito en lugares tan distantes como Palmar Norte, Limón, Guatuso, así como en espacios vitales de la Gran Área Metropolitana, además de las carreteras a los puertos de Limón y Puntarenas y al Aeropuerto Juan Santamaria. La operación funcionó como un reloj suizo.

El movimiento contempló el avituallamiento de los participantes con transporte, alimentación, alojamiento, además de la contratación de equipo pesado para obstruir el paso de vehículos que transportaban mercancías para el consumo interno y para la exportación. Empresario y trabajadores llevaron la peor parte. Fue un golpe devastador a la actividad turística que apenas empezaba a levantarse, luego de ocho meses de confinamiento. De hecho, las manifestaciones convirtieron a sus dirigentes en promotores de la pobreza.

¿Cuál fue el objetivo de la protesta? Por qué el movimiento se orientó, básicamente, a golpear al pueblo en general y a los empresarios y trabajadores en particular. Querían tumbar al presidente Alvarado o desgraciar aún más la economía nacional, en medio de una crisis sanitaria y económica que afecta al mundo entero, como no había ocurrido en los últimos cien años. ¿Tuvo ese movimiento alguna motivación político electoral? ¿Fueron empresarios los que financiaron el movimiento o el dinero vino del exterior?

Por qué razón los dirigentes del movimiento, ex diputados José Miguel Corrales Bolaños, Célimo Guido Cruz y Oscar Campos, no reaccionaron cuando debieron enterarse que dentro de los participantes había gente armada, algunos con cuartos de dinamita y bombas caseras (molotov) dispuesta a agredir a la policía, como efectivamente lo hicieron, además de impedir el libre tránsito, incluidas ambulancias y patrullas? ¿Cómo explican haber impedido el paso de ambulancias que transportaban enfermos, incluso de mujeres en labores de parto? Aquel fue un acto de barbarie, cometido por personas sin Dios y sin ley. La crueldad llevada al extremo, en un país donde impera el reino de la impunidad.

Es muy posible que la anteriores y otras preguntas no encuentren respuesta. Se supone que sus dirigentes no vieron ni oyeron nada. Estaban de lleno en labores de coordinación. Por lo visto, los agentes del OIJ y del Ministerio Público solo actúan cuando surge la denuncia de un delito.

Los que si deben tener muchas respuestas son los agentes de Seguridad Nacional. Pero ellos solo dan cuenta de lo que hacen al presidente de la República. Todo es confidencial. Es posible que ellos tengan nombre, apellidos y los propósitos que animan a los protestantes. ¿Querrá el Ejecutivo revelar detalles o prefiere la discreción? ¿Y los derechos del pueblo, consagrados en la Constitución Política, misma que los máximos representantes de los tres poderes del Estado juraron defender? Parece que fue escrita con tinta y en papel mojado.

La Carta Magna en su artículo 22 dice: “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la Republica…”. Ahora, con los bloqueos, hay que esperar a que los dirigentes sindicales estén dispuestos, de buen humor, para aceptar la aplicación de ese derecho constitucional.

Lo mismos dirigentes, cuando el presidente Alvarado accedió a la apertura de un dialogo para alcanzar una propuesta de consenso, se negaron a ordenar el levantamiento de los bloqueos. Corrales Bolaños dijo que no le creía al mandatario. Por su parte, la oferta del presidente de sentarse a la mesa a negociar los términos de una propuesta para el FMI sirvió como detonante para que las protestas cobraran un nuevo impulso y continuara por segunda semana consecutiva, ahora con la participación de poderosos sindicatos que se financian con el aporte de sus afiliados que a su vez reciben salarios y disfrutan privilegios que el pueblo paga.

Antes de que el presidente anunciara al país su disposición a negociar con organizaciones y partidos políticos, la dirigencia de ANEP había dispuesto ignorar lo que dijera o propusiera el mandatario, según revelo el periódico La Nación.

La postura de los líderes sindicales es que no hay nada que negociar con el FMI. Mucho menos si en la propuesta se llegara contemplar cualquier recorte en el gasto público. Tocar ese rubro significa tocar los intereses de mas de 300 mil burócratas que devengan jugosos salarios, producto de numerosos privilegios, en contraste con el desempleo que afecta a más de medio millón de personas, siendo las mujeres las más perjudicadas.

En realidad, las manifestaciones en contra del pueblo no son nuevas en nuestro país. Esa práctica fue inaugurada hace apenas dos años cuando los sindicatos más poderosos del sector públicos paralizaron servicios tan esenciales como la salud y la educación, quemaron vehículos y amenazaron personalmente al presidente Alvarado, mientras que los gremios del poder Judicial llevaron sus protestas tan lejos, hasta negarse a entregar los cadáveres que se mantenían en refrigeración en la morgue de ese poder de la república. La lucha tuvo un solo objetivo: conservar privilegios que paga el estado con los recursos que aporta el pueblo.

Aquellas huelgas, apoyadas incluso por las máximas autoridades del Poder Judicial y diputados nunca recibieron el menor castigo, quedaron impunes porque en el acuerdo para levantar los movimientos de protesta, por lo general se establece una cláusula infaltable: no habrá represalias, en nombre de la paz social. Autoridades y revoltosos siempre se ponen de acuerdo cuando de maltratar al pueblo se trata. En el caso de las protestas en el Poder Judicial, algunos magistrados tuvieron la desfachatez de defender la causa del movimiento. A uno de esos magistrados la Asamblea Legislativa lo acaba de relegir por ocho años más.

No causaría sorpresa alguna ver a alguno de estos personajes que hoy coordinan los movimientos de protesta postulándose para un cargo de elección popular, en los comicios del 2022. Algunos de ellos eran campesinos que un día probaron las mieles del poder, luego se convirtieron en activistas y ahora buscarían una nueva oportunidad en la función pública. Al fin y al cabo, en política no hay almuerzo gratis. Campos que fue diputado por el PLN, ahora se ocupa de fundar su propio partido político con el nombre Encuentro Nacional.

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Periodista


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