Procuraduría de la Etica investigará actuación de cuatro exdiputados

Procuraduría de la Etica investigará actuación de cuatro exdiputados

La denuncia por tráfico de influencias y fraude de Ley también incluye al directivo del Banco Nacional,
exdirector del Servicio Fitosanitario del MAG. CP/Archivo

San José, 3 may 2018 (cp/spg) – La Procuraduría de la Etica Pública recibió una denuncia formal para investigar las actuaciones de los exdiputados, Otto Guevara (Partido Movimiento Libertario), Francisco Camacho (Frente Amplio), Julio Rojas (Liberación Nacional) y Víctor Morales (Independiente) quienes aprobaron un informe relacionado con las exportaciones de piña orgánica costarricense hacia el mercado de los Estados Unidos (EE.UU).

Además, la acusación incluye al actual Directivo del Banco Nacional de Costa Rica, Olman Briceño (vinculado a la empresa Frutera La Paz); al ExDirector del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Francisco Dall´Anesse y; finalmente, al funcionario de esa institución, José Miguel Jiménez.

Tanto Morales Zapata, como Guevara y Briceño, ya habían sido objeto de polémica debido al llamado caso del “Cementazo”. Adicionalmente Dall´Anesse causó revuelo por el caso del “Aguacatazo”.

La semana pasada una Subcomisión formada por los mencionados exlegisladores (con excepción de Guevara) emitió un informe -con votación favorable de 4 a 3- relacionado con el tema de la industria de la piña orgánica de Costa Rica tema que se había analizado durante las últimas semanas por la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

El reporte apoyado por Guevara, Camacho, Astorga y Morales valida un reporte llevado a cabo por Jiménez, con la venía de Dall´Anesse, sobre las exportaciones de piña orgánica de las empresas del agricultor, Luis Barrantes.

La Subcomisión recomendó al Ministerio Público abrir un proceso contra Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería;  Ivannia Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería; Marco Vinicio Jiménez, Director del Servicio Fitosanitario del Estado; entre otros.

Sin embargo, el documento de la Subcomisión ignoró por completo los testimonios ofrecidos en las comparecencias de expertos internacionales en la materia en relación con Frutera La Paz compañía, entre el año 2013 y el 2016, envió a EE. UU. varios cargamentos del citado producto sin tener el debido registro y que es competencia directa de “Del Valle Verde Corp” y “Congelados y Jugos del Valle Verde”.

Punto débil

Una buena parte del documento elaborado por la Subcomisión se fundamentó en un informe emitido por Jiménez, quien fue comisionado por Dall´Anesse para investigar las operaciones de las empresas de Valle Verde.

El exDirector del SFE retiró el registro orgánico de esas empresas; sin embargo, posteriormente la Sala Constitucional anuló esa decisión. Igualmente el informe de Jiménez –quien filtró datos confidenciales a Briceño durante la investigación- fue desechado por el Ministro Arauz quien lo calificó de “subjetivo y carente de criterios técnicos”.

La filtración de información a Briceño y a Frutera La Paz motivó que el SFE sancionará a Jiménez con una suspensión de una semana alejado de sus funciones y sin goce de salario. El documento de la Subcomisión aparece luego de que la semana pasada circulara en redes sociales un vídeo de Youtube denominado “El Piñazo”.

“Es imperativo investigar si los diputados Morales Zapata y Camacho Leiva recibieron dádivas económicas por el uso de su condición de congresistas con el fin de causarle un perjuicio económico a las empresas Valle Verde en su posible relación con el competidor de Valle Verde, el empresario Olman Briceño Fallas. En razón de este hecho posible, se pedirá en la pretensión, el levantamiento del secreto bancario de los señores diputados y de Olman Briceño Fallas”, indica la denuncia ante la Procuraduría de la Etica Pública.

La denuncia ante esa instancia establece que “la Comisión Legislativa irrespetando el Ordenamiento Jurídico, en una actuación aparentemente orquestada por los diputados Morales Zapata y Camacho Leiva, dirigen un enfoque legislativo irrespetuoso del ordenamiento, quebrantando el principio del Derecho de la Cosa Juzgada,  donde consta que Camacho Leiva a toda costa luchó porque se sancionara a Valle Verde con el fin de perjudicar el buen nombre de las empresas en beneficio de la empresa Frutera La Paz SA de la cual Olman Briceño Fallas es socio”, añade el escrito entregado en la Procuraduría.

Igualmente el informe emitido por Jiménez carece de validez porque ese funcionario no está incluido en el panel de especialistas calificados para llevar a cabo ese tipo de estudios según la Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica (ARAO) del MAG.

Este mismo caso será llevado al Ministerio Público en los próximos días porque las acciones de la Comisión favorecen a Frutera La Paz que tiene intereses directos en el disputado mercado de la piña orgánica congelada de EE. UU.

Los temas relacionados con ese producto fueron analizados en la Comisión de Ingreso y Gasto Público a pesar de que el tema estaba fuera de la competencia de esa instancia.


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