¿Politiquería o transparencia?

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Notas al Tema

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Guillermo E. Zúñiga

Varias personas me han pedido que explique por qué razón el Ministerio de Hacienda se vio obligado a pagar amortizaciones de deuda sin tener autorización presupuestaria. Ensayo una hipótesis, puesto que no tengo acceso a toda la información que me permita hacer una relación de hechos precisa. Para eso existen órganos de control, tanto en el campo administrativo como en el político. La rendición de cuentas es un mecanismo propio de las democracias.

Cuando se presentó el presupuesto para este año, el Gobierno anterior nos dijo: “El proyecto de presupuesto 2018 evidencia compromiso de Gobierno con la contención del gasto, (cero crecimiento)” (Pág. 9, Exposición de Motivos).

Cito: “… debido a una adecuada gestión de la política de endeudamiento al utilizar los canjes de deuda para evitar atender una importante suma de vencimientos en 2018, la amortización cae en -13,1%…”. (Pág. 10, Exposición de Motivos).

En el segundo semestre del año pasado, el Ministerio de Hacienda le informó al país que estaba trabajando en la venta de hasta unos US$ 1.500 millones de bonos de deuda a través de un contrato de colocación. Esa era la expectativa cuando se hizo el presupuesto. Pero esta operación se les cayó.

Entonces, en el último cuatrimestre de 2017 se dieron una gran cantidad colocaciones de deuda a corto plazo, con vencimiento durante el 2018. Y “El volumen de canjes de deuda realizado en el primer semestre del año 2018, estuvo muy por debajo de lo estimado en la elaboración del Presupuesto 2018”. (Pág. 3, Exposición de Motivos, Primer Extraordinario de 2018).

Esto quiere decir que el Gobierno se vio obligado a hacer colocaciones a corto plazo, pensó que podría hacer canjes de deuda, con lo cual no tenía que informar a la Asamblea Legislativa. Pero los canjes esperados no se dieron y los vencimientos (a corto plazo) se vinieron encima. Como el Gobierno anterior no avisó a tiempo, Hacienda se vio obligado a hacer los pagos de las amortizaciones sin tener la autorización presupuestaria.

NUEVAS ESTIMACIONES. Con este endeudamiento adicional que Hacienda le está pidiendo a la Asamblea, el Banco Central estima que la deuda este año subirá 4.8 puntos porcentuales respecto al cierre de 2017. Ahí mismo dice que el nuevo cálculo del déficit lo estima en -7,5% del PIB. (Certificación del BCCR, GER 0200-2018, del 27 de julio de 2018).

REACCIONES. Ya hubo la primera reacción internacional. La calificadora Moody´s le explica a los inversionistas que bajo la ley costarricense el Gobierno necesita autorización legislativa para emitir deuda y también para hacer los pagos, y que esos límites los define la ley de presupuesto.

Después sentencia: “Estos pagos adicionales del capital no se habían autorizado en el presupuesto original de 2018 y el gobierno violó el límite legal en junio. El problema pone de relieve la falta de supervisión financiera adecuada de Costa Rica y la continua dependencia de la deuda a corto plazo, un factor de crédito negativo”. (Traducción libre. Comentario publicado por Moody´s el 13 de agosto de 2018). Este es de los comentarios más duros y más negativos que he leído sobre el manejo fiscal del país.

Y también se dio una reacción interna. Hacienda logró captar esta semana, pero subiendo los rendimientos que paga. La presión al aumento de las tasas de interés sigue presente.

CONCLUYO. No hubo tal “crecimiento cero del presupuesto” del 2018; no hubo tal “adecuada gestión de la política de endeudamiento” como dijo el Gobierno anterior. Los ¢600.000 millones adicionales que se necesitan para enfrentar las amortizaciones de este año, representan un aumento de 37% en esta partida respecto a lo que originalmente se presupuestó. De haberse incluido ese monto (que ahora sabemos se necesita) el presupuesto del 2018 habría crecido casi un 10%. Sin duda, se hubiera visto muy mal.

D. Helio dice que a él no le informaron de esta situación; D. Rocío dice que a ella tampoco le informaron. El Presidente dice que él avaló los pagos aunque no tenían contenido presupuestario. Es imperativo aclarar estos hechos. No es politiquería.

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