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Fernando Berrocal
En el “frente judicial”, la semana pasada abogué firmemente por cerrar el portillo de los artículos 239, 239 (bis) y 244 del Código Procesal Penal, sobre medidas cautelares aplicables a detenidos en una etapa previa al juicio.
Hoy abogo por limitar las opciones del artículo 60 del Código Penal, sobre medidas alternativas a las sentencias y que puede aplicar el Ministerio de Justicia y un Juez de Ejecución de la Pena, previo informe técnico y psicológico del Instituto Nacional de Criminología (INC), como es en la actualidad.
Esta reforma se fundamenta en los mismos principios: el derecho democrático que tiene la sociedad, en un Estado de Derecho, de vivir en paz y con seguridad ciudadana y el abuso que se ha dado de las tesis garantistas a favor de los delincuentes, cuando las garantías constitucionales a las que tienen derecho todas las personas se materializan propiamente en el juicio penal, como un Derecho Humano Fundamental, mediante el estricto cumplimiento del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
En absoluto es necesario aumentar las penas. Pero una vez firme la sentencia, en casos tipificados de narcotráfico y de violencia criminal extrema (homicidios y femicidios), la pena debería siempre cumplirse en su totalidad, sin aplicar las medidas alternativas que posibilitan que delincuentes de ese alto nivel de peligrosidad social, con menos de haber cumplido un tercio o la mitad del plazo de su sentencia, sean liberados, como lo facilita ese artículo 60 del Código Penal. Ese portillo también hay que cerrarlo. Esas medidas alternativas significan váyanse para la casa… quedan en libertad y con una tobillera, reincidan y sigan delinquiendo, como ha quedado fehacientemente demostrado en las últimas semanas, con la captura de reincidentes, en varios operativos policiales en Puntarenas, Limón y Golfito.
Suena una posición dura. Pero no lo es cuando hay valores sociales superiores que están en juego y que deben protegerse. Estas son soluciones a la costarricense y muy alejadas de las impuestas en El Salvador y qué SÍ son violatorias de los Derechos Humanos Fundamentales y a un alto costo económico, como construir y mantener funcionando una cárcel para 40.000 mareros. Eso es algo impensable en Costa Rica.
Aprobar estas reformas es poner orden y sacar delincuentes de las calles. Pero aún así hay que trabajar en los otros dos frentes y, sobre todo, dotar de suficientes recursos presupuestarios al Ministerio de Seguridad Pública y devolverle las rentas asignadas por ley. No se puede hacer chocolate sin cacao.
