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De todas las fases que atravesó el país centroamericano desde la revolución sandinista hasta hoy, ninguna tuvo el actual saldo de represión y desprecio a la democracia. Latinoamérica y el mundo señalan a sus perpetradores.
Elvira Cuadra Lira
En cuatro décadas, Nicaragua ha transitado una dictadura familiar, una revolución, una transición política y una regresión autoritaria. Uno de los momentos más reconocidos y emblemáticos fue la revolución en los años 80 del pasado siglo, una época que logró concitar las esperanzas y el entusiasmo de América Latina, particularmente de las corrientes de izquierda del continente. Cuando Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007, instaló un discurso que prometía una segunda revolución, esta vez “cristiana, socialista y solidaria”; discurso amplificado por Rosario Murillo, su esposa, vicepresidente y vocera principal del gobierno. Sin embargo, catorce años después, el país ocupa nuevamente las noticias internacionales por el estallido de descontento social que emergió en 2018.
La crisis sociopolítica ha durado más de tres años. De acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos más de 300 personas fueron asesinadas, miles más fueron heridas y más de 100 mil nicaragüenses están exiliados en diferentes países por causa de la represión gubernamental. El escenario se volvió más complejo por la política sanitaria que adoptó el gobierno para enfrentar el Covid 19 y los efectos económicos que ya pesan sobre la población.
De forma similar a 1990, los nicaragüenses esperan que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en una oportunidad para cambiar el gobierno y abrir otra transición democrática; mientras que todas las señales de los Ortega-Murillo indican su empeño por permanecer en el poder a toda costa.
Tanto las fuerzas de oposición como Ortega comenzaron a prepararse para la campaña electoral de 2021 con bastante anticipación. A pesar de la vigilancia, la persecución y la represión gubernamental, dos grupos opositores importantes, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadanos, conformados tanto por partidos como organizaciones sociales surgidas a raíz de 2018, comenzaron a prepararse para la selección de la fórmula presidencial, las candidaturas para diputaciones y las actividades electorales. Se esperaba que ambas conformaran una alianza de oposición electoral amplia que concentrara un porcentaje mayoritario de votos; sin embargo, las diferencias políticas y de intereses que existen entre ellas, impidieron ese acuerdo.
Aprovechando el control que ejerce sobre el poder legislativo, desde noviembre de 2020 hasta la actualidad Ortega ha promovido la aprobación de un conjunto de leyes, incluidas reformas a la ley electoral, así como el nombramiento de magistrados leales en el Consejo Supremo Electoral y aprovechó las divisiones opositoras para suspender la personería jurídica a dos partidos políticos. Estas leyes han significado mayores restricciones a los derechos constitucionales y se están utilizando en contra de personas opositoras, organizaciones sociales y la prensa independiente.
En las últimas tres semanas Ortega ha escalado los niveles de represión ordenando la apertura de procesos judiciales, las detenciones arbitrarias de cinco precandidatos presidenciales, organizaciones sociales, medios de comunicación, líderes políticos e incluso empresarios privados, sus aliados hasta hace poco tiempo. Entre las personas detenidas están Cristiana Chamorro, aspirante presidencial que había alcanzado un alto porcentaje de aprobación en los sondeos de opinión y que representa una fuerte competencia para Ortega en tanto es la hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien lo derrotó en los comicios de 1990.
Otras personas detenidas son Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco antiguos guerrilleros y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ahora críticos del gobierno. Todos ellos han sufrido violaciones a sus derechos y al debido proceso: los allanamientos y detenciones se han hecho sin mostrar órdenes judiciales y en horas fuera de la ley, algunos de ellos han sido golpeados al momento de las detenciones, no han permitido que los vieran sus familiares ni abogados defensores, a pesar de los recursos de hábeas corpus presentados, las audiencias judiciales se han realizado sin presencia de sus familiares o defensores y los jueces han dictado 90 días de detención preventiva para investigación sin mayores argumentos o aun cuando los supuestos delitos no ameritan procesos penales ni mucho menos, detenciones.
Al momento de redactar este artículo se estaban efectuando nuevos allanamientos y detenciones a periodistas y a la esposa de Arnoldo Alemán, el caudillo que estableció un pacto con Ortega y facilitó su regreso a la presidencia. Así, la cantidad de prisioneros políticos suma más de 140 personas.
Entretanto, se aceleran y profundizan las reacciones de repudio en el sistema internacional. La deriva autoritaria de Ortega ha incrementado el rechazo global y determina su aislamiento acelerado. Recientemente el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua con una votación sin precedentes en el organismo hemisférico. El Parlamento Europeo también emitió resoluciones. La posición más fuerte ha sido la de Estados Unidos, que impuso sanciones a una treintena de familiares y funcionarios cercanos a Ortega, entre ellos su propia esposa, Rosario Murillo, varios de sus hijos, el jefe del ejército y un buen grupo de oficiales de la policía. Organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la chilena Michelle Bachelet, sistemáticamente han presentado informes sobre las graves violaciones que se están cometiendo en Nicaragua.
Los gobiernos de Argentina y México, que antes supieron respaldar la posición oficial de Nicaragua en foros adversos como la OEA, ahora se muestran preocupados. Hace diez días el Consejo Permanente de Derechos Humanos de la OEA había votado por mayoría contra la situación represiva.
Sin embargo, en los hechos se han negado a apoyar otras condenas grupales. Sus oficios para facilitar el diálogo y encontrar una salida negociada a la crisis con la oposición nicaragüenses han sido desestimados por Ortega-Murillo, configurando un escenario cerrado y con perspectivas poco favorables. Managua negó a Argentina y México la oferta de visitar a los presos políticos en sus domicilios de arresto. Este martes Argentina volvió a negarse a suscribir el más duro documento firmado por un grupo de 59 países en la ONU. Sumando a las idas y vueltas, Argentina apoyó la actualización del informe Bachelet de marzo y respaldó la instalación de una oficina local de seguimiento a los casos.
Cierto que los acontecimientos están moviéndose de manera acelerada. El miércoles último, la nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA y la CIDH presentaron un informe actualizado sobre Nicaragua. Poco antes el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU aprobó la Ley Renacer con enmiendas que están orientadas a presionar al ejército. Con un amplio rechazo interno y externo, aislados y empeñados en un escenario político cerrado Daniel Ortega y Rosario Murillo muestran cómo han traicionado la prometida continuidad de la revolución “cristiana, socialista y solidaria” que ofrecieron al país hace más de una década.
Elvira Cuadra Lira es socióloga nicaragüense. Investigadora asociada al Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO). Reside en Costa Rica.
