Nicaragua: La normalización de un régimen gansteril

Ernesto Herrera

Nicaragua: La normalización de un régimen gansteril

Se trata de una descripción. Sin la pretensión de ofrecer una lectura de la tragedia que ocurre. Ni de analizar con precisión una crisis socio-política de imprevisible desenlace.

Evidente. Ya no se ven tranques (barricadas) La rebelión popular que estalló el 18 de abril y se prolongó por varios meses, fue aplastada. El saldo de la masacre es inocultable: 325 muertos (el régimen reconoce 199), 2.000 heridos, 600 presos políticos, decenas de desaparecidos, 350 médicos despedidos de los hospitales públicos. Más de 30.000 exiliados en Costa Rica. En el campo la cacería fue salvaje y varias zonas rurales se mantienen aún militarizadas por el Ejército y la Policía.

Las organizaciones sociales, (estudiantes, territoriales, y otras) se han replegado. Muchos de sus liderazgos previos, tanto como los surgidos en medio de la insurrección, fueron asesinados o están en las cárceles. Igualmente, centenares de activistas (imposible estimar cuántos) se mantienen en la clandestinidad, refugiados en barrios periféricos, cobijados por familias y amigos, camuflados en diversas instituciones de la sociedad civil.

El argumento de una protesta masiva, cívica sobre pacífica, por ser genuino, debe ser sostenido por aquellos/aquellos comprometidos con la incondicional solidaridad.

Sin dejar de resaltar la otra cara de la formidable lucha democrática: los miles de jóvenes, mujeres y pobladores que se auto-organizaron en Masaya, León, Estelí, Matagalpa y otros tantos lugares. Con valentía temeraria. Levantando tranques, piquetes de auto-defensa, usando morteros de fabricación casera, piedras, palos, adoquines. Dispuestos a todo, como en el municipio de Moninbó (Masaya). Todavía pueden verse allí las huellas de la batalla desigual, en casas, edificios y grafitis.

Contra esos autoconvocados el régimen desplegó una maquinaria criminal: francotiradores parapoliciales armados con fusiles tipo AK y Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. Es decir, armas de guerra que en Nicaragua solo posee el Ejército (o se adquieren por fuera de las instituciones armadas oficiales), como lo denunció Amnistía Internacional (AI) en una investigación de su equipo para Situaciones de Crisis.

Finalizada la “operación limpieza” (bautizada por la dictadora Rosario Murllo, “vamos con todo”), que AI probó a través de fotos, videos y testimonios, (100% Noticias, 8-11-2018), el régimen Ortega-Murillo orquestó una nueva metodología autoritaria. Prohibió las marchas y tranques. Los paros cívicos y las huelgas son considerados actos de sabotaje, la más mínima protesta es acusada de terrorismo. Las etiquetas de “traidores a la patria” (incluido en la lista el general Humberto Ortega, ex jefe del Ejército Sandinista, hermano del dictador) y de “golpistas al servicio del imperialismo” circulan en discursos oficiales, redes sociales y canales de TV adictos al régimen. El Poder Judicial es un instrumento siniestro que responde a las órdenes de la dictadura.

No se perciben, a simple vista, controles y retenes policiales ostensivos. Ni el opresivo clima de sistema totalitario de las dictaduras del Cono Sur en los años 1970-1980.

Por aquellos tiempos, las organizaciones de izquierda estaban todas clandestinas, sin asomar la cabeza, y la oposición democrático-burguesa bajo total proscripción política y mediática. Ningún resquicio de legalidad. Desde las catacumbas, las prisiones y el exilio, así era la resistencia en los años de la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor. Inimaginable cualquier reportaje o columna de opinión en medios de prensa masivos que calificara a los regímenes militares como dictaduras, o que aludieran a sus innumerable atrocidades.

Por esa razón, entre otras tantas (históricas, políticas, económicas, sociales), las analogías son inútiles. Aunque el régimen Ortega-Murillo haya instaurado un Estado policiaco, sistemático, y utilice métodos de represión pinochetista.

En Nicaragua, luego de la matanza, la represión se ha vuelto más selectiva, aunque no menos brutal. Busca descabezar ante todo a las organizaciones y liderazgos sociales activos -algunos con abundante exposición mediática- que generan conciencia y denuncia. Son los principales obstáculos a la continuidad represiva y la impunidad del terrorismo de Estado.

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A partir del 12 de diciembre, la escalada represiva apuntó contra los dos focos principales y más visibles de la resistencia: las organizaciones de derechos humanos y los pocos medios periodísticos independientes (sobre todo los televisivos, como 100% Noticias, Confidencial, La Prensa). Retiro de personerías jurídicas, asalto a locales, saqueos de equipos, robo de cheques y dinero destinados al funcionamiento y pago de alquileres y salarios.

La imagen de Vilma Núñez, 80 años, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), enfrentando a un pelotón policial el jueves 13 de diciembre, es un símbolo indoblegable de este coraje democrático. Muchas de las ONG perseguidas son lideradas por mujeres.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (conformada el 4 de octubre de 2018) por universitarios y campesinos, activistas sociales, dirigentes políticos, colectivos feministas, empresarios, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, está desdibujada.

Las exigencias de renuncia inmediata de Ortega-Murillo (demanda central entre abril-setiembre), y el adelanto inmediato de las elecciones, perdieron fuerza por no decir que se han diluido. La agenda de demandas está centrada en el cese de las persecuciones: la libertad de los presos políticos, el desmantelamiento de los paramilitares; el fin de la censura de prensa.

Mientras tanto, vuelven a instalarse con más fuerza las propuestas de un diálogo nacional para restablecer la institucionalidad. La Iglesia Católica y el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), insisten nuevamente con esta estrategia.

Para el Cosep (reunido en asamblea general el miércoles 12 de diciembre), lo prioritario es que “se busque con urgencia una solución negociada a la crisis sociopolítica del país para que no aumente el problema económico que afecta a la población” (La Prensa, 13-12-2018). Tímidamente, se menciona el adelanto de las elecciones. Sobre todo para contemplar las directrices de Estados Unidos que, a partir del Nica-Act, decidió alinear al conjunto de los empresarios en una postura clara de oposición al régimen.

Por su parte, los patrones de la Unión de Productores de Nicaragua (Upanic) denuncian la expropiaciones que realizan grupos de tomatierras, que han invadido unas 5.400 manzanas (7.780 hectáreas) ocupando, desde abril, propiedades de 65 empresarios. Los tomatierras, fieles al régimen, ocupan esas propiedades, bajo la promesa de que el gobierno legalizaría sus lotes.

No está en la agenda la realización de Paros Cívicos nacionales, ni tampoco manifestaciones masivas, a no ser que el régimen las autorice.

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El estallido social fue la más radical expresión de hartazgo y repudio. Mostrando la completa pérdida de legitimidad política del régimen, tanto como su variopinta y fracturada base social. La rebelión popular desnudó la naturaleza del gobierno Ortega-Murillo. Uno de los nueve comandantes que dirigieron la revolución sandinista, Luis Carrión, apunta una definición: se trata de un régimen gansteril. Represivo, clientelar, mafioso. Con reacciones esquizofrénicas. Que defiende su territorio de negocios a tiros y abierto chantaje. Sus partidarios reciben tanto amenazas como beneficios funcionales y económicos.

El núcleo duro de esa base social es limitado, afirma el sociólogo Oscar René Vargas. “Digamos que son unos mil, 1.500 que están dispuestos a matar para mantener a Ortega en el poder. Tiene la ventaja que son inmunes y pueden hacer barbaridades, te roban, te asaltan, te quitan los celulares, se roban los carros. No están por ahí por una cuestión ideológica. Son fanáticos. (Entrevista en la revista Domingo, La Prensa, 16-12-2018)

Por otro lado, los militantes sandinistas y empleados públicos, usados como fuerza de tarea. Son los rotonderos, que deben hacer presencia todos los días en las 12 Rotondas de Managua, construidas para facilitar la circulación y evitar los pegones en el tráfico automovilístico.

El gobierno pretendió con ellos retomar las calles ganadas por la oposición a partir de abril. Y, de paso, mostrar el apoyo espontáneo hacia el FSLN contra los vándalos golpistas. Obligados a ondear banderas rojinegro y azul y blanco, deben mantenerse bajo toldos precarios en los puntos de concentración. En los primeros meses de la insurrección, también partían desde allí las caminatas en respaldo a Ortega-Murillo.

Como moneda de pago, transporte y comida. La población los bautizó con el mote de sapos. Repudiados hasta por sus amigos, compañeros de trabajo y vecinos, fueron desanimándose. La tropa civil de choque fue siendo remplazada. En su mayoría, los rotonderos de hoy son empleados públicos que cumplen su horario laboral en las Rotondas. Muchos dicen también somos víctimas. Los hay funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) y del Ministerio de Educación (Mined) pero también de otras reparticiones del Estado.

Las órdenes provienen de coordinadores, miembros de la Juventud Sandinista que actúan como tales en todos los ministerios. Subordinados completamente a los Jefes. “Están bien pagados”, dice Octavio, vendedor en un puesto de jugos, cercano a una de las Rotondas. Lo confirma Patricia, profesora, forzada a la fidelidad sandinista que revela, entre susurros, el sueldo de los coordinadores: 22.000 córdobas mensuales (unos 750 dólares).

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, afirma que el control absoluto del régimen y las órdenes partidarias a los empleados públicos “han arruinado la función pública, porque se impone la lealtad al partido sobre el servicio a los ciudadanos”.

La participación decrece. El número de rotonderos no supera la veintena de personas en la mayoría de cada una de ellas, esparcidas por la capital. Aunque el régimen se desvive por demostrar lo contrario: parlantes irradian canciones revolucionarias y consignas alusivas al FSLN. A escasos metros de cada Rotonda, se encuentran patrullas de la policía orteguista, estacionadas junto a los buses rusos que trasladan a los secretarios políticos, encargados del reclutamiento de nuevos rotonderos por los barrios populares.

Finalmente, la clase trabajadora de zonas francas, ocupada mayormente en el sector de la maquila. A través de la dictadora Rosario Murillo, el régimen anuncio un “ajuste del 8,5% para salarios de zona franca”. El salario mínimo de los trabajadores de zona franca pasará de 5.460 córdobas (unos 169 dólares) a 5.910 córdobas (183 dólares).

Nicaragua cuenta con 52 parques industriales y 226 empresas usuarias en más de dos millones de metros cuadrados, que generan 124.334 empleos directos y 350 mil empleos indirectos en el sector de maquilas, según datos oficiales citados por la agencia Efe (14-12-2018). Las empresas instaladas han diversificado en años recientes su producción, ya no solamente producen textiles, sino que también se fabrican artículos más elaborados y también operan empresas de call centers. Gran parte de la inversión extranjera productiva se encuentra en esas zonas francas. En 2019, una empresa textil china comenzará a operar en el sector de Mateare (carretera nueva a León), con una inversión de 200 millones de dólares y una promesa de 1.000 nuevos empleos.

En las industrias maquiladoras, igual que en el sector público, predomina la CST (Central Sandinista de Trabajadores), colateral sindical del régimen, siguiendo el modelo cubano de Partido-Estado.

Durante los primeros meses de la insurrección y, sobre todo en ocasión de los paros cívicos nacionales convocados por la oposición democrática, los trabajadores que adhirieron a las protestas y a las medidas de huelga, fueron expulsados de sus trabajos y perseguidos como agentes de los golpistas.

En tal sentido, la resolución de activar el aumento salarial (suscrito entre el gobierno, patrones y sindicatos del sector, en junio de 2017) manifiesta la intención del régimen de favorecer a las capas obreras que se mantienen fieles, y que compensan la pérdida de apoyos sociales en el conjunto de la sociedad.

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EL estado de excepción presenta una engañosa normalización de la vida cotidiana. Sobre todo durante el día (anochece a las 18 horas) donde prevalece un clima de sosiego. “La situación está más calmadita”, dice Javier un taxista. El movimiento en los grandes espacios comerciales tiene ritmo de celebración navideña.

El Mercado Central Roberto Huembes, impresiona. Localizado en el Distrito V de Managua, abarca 130 mil metros cuadrados, 4.500 comerciantes: vestimenta, artesanías, licores, verduras, frutas, comiditas para el día. Cerca de 10 mil personas lo visitan diariamente. Al lado, la terminal de buses interurbanos. La folletería turística lo describe como el lugar “más seguro para ir de compras”.

En su perímetro circundante, decenas de cuida-coches: pobres, aspecto famélico. Hay cantidad de personas mutiladas, faltan piernas, brazos, manos. Son los lisiaditos, antiguos milicianos de la Contra en la guerra de los años 1980; pensionados miserablemente tras los acuerdos entre Ortega y los jefes contrarrevolucionarios que dieron base a su primer gobierno de reconciliación nacional. Obtienen un ingreso extra, cobrando unos 20 córdobas (70 centavos de dólar) por cada parqueo.

Los contrastes de la normalización se acumulan. En todo caso, muestran los efectos de la crisis económica y el aumento de la inseguridad. Las farmacias han modificado el horario de entrega de medicinas. La mayoría de los restaurantes y pizzerías cierran antes de las 21 horas. Al caer la noche, Managua se apaga. Se respira desolación.

El paisaje se repite en el Puerto Salvador Allende, ubicado en el Malecón de Managua, frente al lago de Xolotlán, al norte de la capital. Según datos oficiales, el Puerto recibe al menos 3.000 visitantes al día y los fines de semana la cantidad de turistas, en su mayoría nacionales, llega hasta los 10.000. Obviamente falso, parte de la campaña de simulacro del régimen. Tanto como un anuncio televisivo en el programa de la dictadora Rosario Murillo sobre el supuesto arribo de dos cruceros con 1.600 turistas, para visitar el famoso mercado de artesanías de Masaya. Las imágenes de las naves se ven antiguas o trucadas.

Viernes 14 de diciembre, a media tarde, el Malecón está casi vacío. En la entrada de los locales, decenas de meseros aguardan la llegada de algún cliente y los taxistas, que se mantienen en las afueras del Puerto, esperan un eventual pasajero. El precio del viaje se regatea, es la norma.

El miedo a la delincuencia, el hostigamiento policial y el atropello de los encapuchados (que pueden ser la mezcla de bandas lumpenes y escuadrones parapoliciales), agregado a la sospecha de persecución, se ve reflejado en bares, avenidas, parques, destinos turísticos, centros comerciales y rotondas. Las bandas de mariachis guardan sus guitarras, deambulan por restaurantes y hoteles con tarifas rebajadas para eventos de fin de año.

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La extrema pobreza es visible, diversas estimaciones la ubican por encima del 40%. Los barrios populares parecen gigantescos asentamientos regularizados, aun provistos de servicios básicos (agua, electricidad, saneamiento), las viviendas son de chapa galvanizada en su mayoría, estrechos pasajes, basurales que se amontonan. El transporte público continúa subsidiado, 2.50 córdobas el precio de un boleto urbano. Aunque el régimen empieza a racionar la venta de combustible. Secuela del fin del petróleo barato enviado por el régimen amigo de Maduro.

Según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la crisis sociopolítica provoca la pérdida y suspensión de unos 400.000 puestos de trabajo. De marzo a octubre se han perdido 142.760 empleos formales, según indican las estadísticas de Mercado Laboral publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El 43% de los empleos perdidos entre marzo y setiembre, pertenecen a la construcción y el comercio. En la industria manufacturera (162.444 trabajadores/as) se perdieron 11.806 empleos. (La Prensa, 13-12-2018).

La precariedad laboral y salarial, otra norma. La informalidad supera de lejos el 50%. El salario medio ronda los 300 dólares, aunque en empresas de seguridad, tiendas y supermercados, es todavía menor. No se paga el horario nocturno, las horas extras son simples, y en muchos sectores los empresarios hacen firmar dos tarjetas a sus empleados/as, una por las 8 horas y otra por las 4 restantes, para evadir el tributo de los impuestos sociales. Así ha ocurrido durante los 13 años continuos de orteguismo.

Justamente al revés de la imagen oficial. La propaganda inunda avenidas, parques, edificios, plazas. “Un pueblo feliz” que vive una revolución “cristiana, socialista, solidaria”. Al tiempo que los gánster se atrincheran en organismos públicos, la Policía, y los escuadrones parapoliciales. En este país alegre y trabajador, sus máximos jefes, por precaución, casi no salen del bunker de El Carmen, residencia presidencial.

Casi todas las predicciones anuncian una caída del PIB, entre 4 y 8%. El crédito al consumo cayó 10%. La inversión en vivienda bajará hasta 70% dicen las empresas urbanizadoras. El turismo, base del crecimiento económico, junto a las exportaciones agrícolas, habanos y mercancías producidas en las zonas francas, ha colapsado. Se estima que este año se percibirán U$S 500 millones menos por turismo, con relación al 2017.

Mientras tanto, el régimen anunció reajustes presupuestarios. Es decir, menos dinero para la enseñanza (sobre todo universitaria, foco decisivo de la organización y rebelión social), y para aquellos hospitales públicos departamentales, donde la resistencia, como en León, fue más fuerte.

Sin embargo, la policía orteguista recibirá más dinero. Pese a que el Presupuesto General de la República 2019 se contrajo para hacer frente a la caída en las recaudaciones de impuestos, donaciones y préstamos internacionales, la Policía, recibirá más recursos para “protección a personalidad”, o sea, para la custodia directa del clan Ortega-Murillo: gastará 263 millones de córdobas, 51.7 millones más que este año, lo que equivale a un aumento del 24.4% con respecto a 2018. (La Prensa, 15-12-2018).

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Difícil un pronóstico. La mayoría de las expresiones opositoras y de los analistas, hablan de la agonía del régimen, describen las reacciones brutales de Ortega como las de una bestia herida. Los dirigentes históricos que se mantienen fieles son escasos. Bayardo Arce como discreto asesor presidencial, aunque al principio de la rebelión intentó tomar distancia de la salvajada represiva. Eden Pastora que en entrevista a CNN en español, justifica la legalidad del régimen. Circulan rumores sobre una supuesta lucha de fracciones al interior de la cúpula del FSLN.

Lo único cierto y visible es que la dictadura no ha logrado normalizar la situación. La crisis de régimen de dominación se mantiene en todos sus términos. Aunque haya sorteado las predicciones de su inminente caída.

Los apoyos internacionales del régimen son, ante todo retóricos, y en algunos casos patéticos: los países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), y las infames organizaciones del Foro de San Pablo. Actores que no pueden ofrecer recursos para el problema más urgente y crucial: la crisis económica. Apenas la generosa amistad con Taiwan que aporta un aumento de las donaciones, informa un reportaje titulado “Taiwán: ¿aliado o rehén? (Revista Domingo, La Prensa, 16-12-2018). De la alianza estratégica con Rusia nadie presenta datos precisos, aunque se ven muchos turistas y hombres de negocios rusos en los grandes hoteles y locales de compras.

No se perciben expresiones políticas organizadas de izquierda (tampoco las había antes del 28 de abril) Y los distintos referentes que provienen del sandinismo revolucionario, tampoco coinciden en una alternativa independiente de las fuerzas patronales y religiosas hoy en la oposición, las cuales mantuvieron por años un pacto de gobernabilidad con el régimen. Algunos de estos referentes de izquierda, no descartan la opción del diálogo y la negociación con el régimen, para no fracturar la concertación democrática.

Mientras tanto, la apuesta a una solución transitoria, que incluía al Ejército (o a una parte de ellos) y contaba con adeptos en la oposición, fue perdiendo aire. Mucho más cuando las sanciones del Nica Act pueden llegar a congelar los dineros del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) que, además de constituir un emporio económico en el país (cientos de millones de dólares invertidos en numerosas ramas económicas), tiene sus reservas depositadas en fondos de pensión estadounidenses y bonos del Tesoro, según dan cuenta informes publicados en El Nuevo Diario y Nicaragua Investiga.

No se trata solamente de dinero. Las sanciones pueden incluir pedido de extradiciones por supuestos lazos con el narcotráfico y responsabilidad en la masacre perpetrada por el régimen gansteril de Ortega-Murillo.

En realidad, como afirma Marcela, socióloga de la Uca (Universidad Centroamericana), los militares perdieron legitimidad. “La impavidez del Ejército es solo aparente. Porque sin intervenir directamente en la crisis, el sólo hecho de callar ante la represión y el genocidio les convierte en cómplices silenciosos del régimen”.

En Nicaragua las mediaciones amortiguadoras son débiles. Los partidos de derecha son fantasmales, como el Liberal Conservador que todavía participa en la Asamblea Nacional (parlamento) dominada por 65 legisladores del FSLN. La alternativa que representaba el MRS (Movimiento Renovador Sandinista) creado el 21 de mayo de 1995 por fundadores, ex comandantes guerrilleros y gobernantes del FSLN que rompieron con la dirección orteguista, tuvo sucesivas escisiones antes de ser ilegalizada por el régimen tiempo atrás. Sus ex cuadros dirigentes se expresan contra el régimen a modo individual, como miembros de diversas ONG, o con la autoridad intelectual que les brinda su profesión, como es el caso del escritor y ex vicepresidente de Ortega en el primer gobierno sandinista, Sergio Ramírez.

Queda la poderosa Iglesia Católica, aliada estratégica del régimen en los dos gobiernos anteriores, hoy desplazada del círculo del poder y afectada por el avance de las iglesias evangélicas que copan horarios televisivos cedidos por el régimen y se benefician de concesiones económicas.

En este cuadro, el odio masivo contra el régimen sigue acumulándose. El estado de desobediencia civil, en repliegue por el momento, está latente. Y bien puede volver a manifestarse bajo la forma de un nuevo estallido social, en un país donde la memoria revolucionaria parece transmitirse de una generación a otra.

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Posdata. Montevideo, 30-12-2018

El informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) es demoledor. El régimen Ortega-Murillo cometió innumerables crímenes de lesa humanidad. Acusa a los responsables, exige justicia y reclama reparación de las víctimas. La masacre está certificada.

Tanto, que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro (ex embajador uruguayo en China durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, luego embajador en Sudáfrica y canciller durante el gobierno de José Mujica), recomendó a la reunión del Consejo Permanente (27-12-201), activar el mecanismo de la Carta Democrática para la suspensión de Nicaragua como Estado miembro, apelando al antecedente de Honduras, cuando el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya.

Un discurso inédito para el ámbito y la ocasión, como si hablara un dirigente de izquierda. Recordó los antecedentes del personaje en cuestión, “uno de los últimos revolucionarios vivos”. Tras cartón, amenaza de sanciones y de más aislamiento internacional. El gobierno “del presidente Ortega” entró en una “lógica de dictadura”. Y “no queremos un Ortega dictador”. Cese de la represión, libertad de los presos políticos, fin de la censura de prensa, regreso al Estado de derecho, reforma del sistema político-electoral. Y vuelta a “la mesa de diálogo nacional”.

Demandas pesadas para el régimen Ortega-Murillo. Que estimularon a la oposición, que las toma como un “bálsamo democrático”. Aun sabiendo que el proceso en la OEA será complejo, lleno de trampas diplomáticas y maridajes en la llamada “comunidad internacional”. Y que, la línea expresada por Almagro para Nicaragua no implica, como para Venezuela, una estrategia de “cambio de régimen” sin vueltas. Es decir, el derrocamiento, a como dé lugar, del gobierno instituido. Pese a la verborragia acusatoria, no se le cerraron todas las puertas al régimen criminal. “Asuman la responsabilidad”, le señaló el Secretario General al gobierno de Ortega (en ningún momento hizo mención a la dictadora Rosario Murillo). Y eso incluye la posibilidad de volver a negociar y/o pactar una “solución a la crisis”.

En todo caso, la hipótesis más probable, contemplada por analistas y militantes conocedores del país y de la sociedad, es una combinación de factores y de actores. Por un lado, la presión internacional encabezada por Estados Unidos y la OEA. Por otro lado, un nuevo juego negociador entre la dictadura y la oposición que enfríe la descomposición del régimen y restablezca las “reglas de juego” de una pretendido “restablecimiento institucional”.

En este contexto, las especulaciones se multiplican. Por ejemplo, que ya estarían en curso negociaciones. Ninguna de las fuentes especifica entre quienes y cuales sus alcances. Aunque se repita desde algunos medios y sectores opositores, que la dictadura “tiene los días contados”.

Por lo pronto, un vocero de la Articulación de Movimientos Sociales, afirmó que luego de conocido el informe del GIEI, la opción de un nuevo diálogo con el régimen es inviable. Quieren participar en la toma de decisiones, y lo único válido, aceptable, es la salida de Ortega-Murillo.

Un objetivo que se enfrenta a dos dilemas simultáneos. Uno: las relaciones de fuerzas políticas y sociales al interior del país, son mucho más desfavorables que en los primeros meses de insurrección popular. Dos: la revolución pacífica tiene como enemigo a una maquinaria de guerra.

Managua, diciembre 2018


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