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Por Jomo Kwame Sundaram
Desafíos en materia de fiscalidad
Para responder a la pandemia y a sus consecuencias económicas, fue necesario movilizar una enorme cantidad de recursos para proteger la salud y los ingresos de la población, frenar el declive y el estancamiento económico y garantizar un progreso sostenible.
La fiscalidad implica que los gobiernos aprovechen y desplieguen recursos. Pero la forma de financiación y de gasto del Estado repercuten en las desigualdades económicas. Las medidas de política monetaria pueden servir de apoyo, pero no pueden sustituir a los esfuerzos fiscales.
Sin embargo, la desaceleración económica requiere mucho más gasto estatal, financiado en gran medida por la deuda soberana, es decir, el endeudamiento del gobierno. Sin duda, esto ha sido necesario para hacer frente a la pandemia, pero la política fiscal debería ser sistemáticamente anticíclica: expansiva para contrarrestar las recesiones y conservadora en los buenos tiempos.
En general, los países ricos han sido más audaces en materia fiscal al incurrir en déficits a la hora de gastar ya desde la crisis financiera mundial, pero en especial ahora para responder a la pandemia. Los enormes paquetes de ayuda y recuperación económica han tratado de proteger los ingresos y las empresas en quiebra, aunque de forma desigual.
Impuestos regresivos
Los impuestos coloniales eran regresivos para las poblaciones sometidas, pero la incidencia fiscal se hizo más progresiva tras la independencia en la mayoría de las sociedades poscoloniales, aunque no en todas. En las últimas cuatro décadas, la reformas fiscales en la mayoría de los Estados fueron en retroceso, reduciendo la proporción de ingresos a las arcas públicas y trasladando la carga fiscal de los más pudientes a la población en general.
El asesoramiento político de instituciones financieras internacionales, la presión política de las élites poderosas y los inversores extranjeros han reducido los aspectos progresivos de la fiscalidad. Con Donald Trump, se siguen invocando argumentos risibles como la curva de Arthur Laffer -sin ninguna base teórica ni empírica sólida- para justificar las reformas fiscales regresivas.
Las corporaciones e individuos ricos empezaron a pagar cada vez menos impuestos directos, mientras que las poblaciones pagaban cada vez más en impuestos indirectos, normalmente sobre el consumo. La mayoría de los países siguen gravando la renta, pero los impuestos sobre la renta de las empresas, los individuos con altos ingresos, la propiedad y las herencias disminuyeron en la mayoría de los países en las últimas décadas.
Los activos de las personas más ricas son principalmente acciones, participaciones y propiedades inmobiliarias. Sus ingresos proceden sobre todo de esos activos, y no los perciben como salarios. Gravar el exceso de ganancias y de riqueza puede significar ingresos considerables para las arcas públicas, los que se pueden destinar a financiar políticas de desarrollo, además de reducir las diferencias entre los privilegiados y los demás.
En cambio, suelen aplicarse tasas bajas a la riqueza, mientras que enormes vacíos jurídicos permiten ocultar esos activos, normalmente en el extranjero. Cifras multimillonarias se atesoran en cuentas, a menudo secretas, en paraísos fiscales, tanto off como on-shore. Todo esto aceleró la concentración de la riqueza y la desigualdad económica.
Fiscalidad más progresiva
Los gobiernos obtienen recursos principalmente de los ingresos tributarios o mediante préstamos. La fiscalidad es, sin duda, el medio más sostenible, eficaz y responsable que tienen los Estados para recaudar fondos. Tanto los impuestos progresivos como el gasto público pueden reducir las desigualdades, aunque de forma diferente.
Impuestos sobre la renta inesperada
Unos pocos individuos y empresas se están beneficiando de la pandemia, mientras que la mayoría se ha visto perjudicada. Muchos multimillonarios se han vuelto mucho más ricos, y los diez más ricos duplicaron su riqueza, pasando de 700.000 millones a 1,5 billones (millón de millones) de dólares desde marzo de 2020.
Los impuestos inesperados con tasas elevadas se justifican fácilmente. Al fin y al cabo, la mayoría de los que ganaron mucho deben su nueva riqueza a circunstancias que en gran medida no son de su incumbencia. Los ingresos o ganancias inesperados durante la pandemia pueden determinarse comparando las ganancias recientes con las anteriores. Y por la misma razón, deben gravarse de forma contundente esas ganancias.
Impuestos sobre el patrimonio
Los impuestos sobre el patrimonio han disminuido significativamente en las últimas décadas debido a la exitosa presión de los ricos. La introducción o reintroducción y ampliación de la imposición progresiva sobre el patrimonio permitirá obtener ingresos considerables si se logran llenar los vacíos legales, no sólo a nivel nacional, sino también internacional.
Tal vez más que los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre el patrimonio son un medio progresivo para mejorar las arcas públicas. También ofrecen más posibilidades para hacer frente a otros privilegios y desigualdades heredados, como los vinculados a la cultura, origen étnico y género.
Ayudas con condiciones
El gasto público -como subvenciones y medidas de alivio fiscal- no debería beneficiar a las empresas que pagan impuestos en el extranjero o que no pagan nada. Muchas empresas recurren a paraísos fiscales y a otros vacíos legales para pagar menos impuestos donde tienen sus opoeraciones y donde obtienen las ganancias.
Sistemas más progresivos
Los sistemas fiscales deberían obtener mucho más de aquellos a los que les corresponde pagar y pueden hacerlo. Concretamente, deberían incluir;
– Introducir o aumentar los impuestos sobre activos como bienes inmuebles, patrimonio, herencias y rentas de inversión (“ganancias de capital”).
– Aumentar las tasas y la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las empresas.
– Cambiar la dependencia relativa en los impuestos indirectos -por ejemplo, sobre el valor añadido o las ventas o el consumo-, que tienden a ser regresivos, por un impuesto directo más progresivo.
– Tomar medidas contundentes contra la falta de pago y la evasión fiscal, en espcial por parte de los ricos, por más influencia política que tengan.
– Mejorar la cooperación internacional en materia de fiscalidad para aumentar y distribuir progresivamente los ingresos fiscales.
Estas reformas sistémicas son esenciales para una redistribución fiscal progresiva, por ejemplo, financiando el desarrollo sostenible a medio y largo plazo. Por supuesto, una prioridad inmediata a corto plazo es financiar la recuperación de la pandemia y sus consecuencias negativas.
Coordinación de la política fiscal
La ciudadanía espera que el Estado tenga fondos suficientes para financiar los servicios, los bienes, las instalaciones y la infraestructura que deben proporcionar, es decir, para cumplir con las expectativas públicas con respecto a sus derechos. La presunción popular es que la incidencia de los impuestos no sólo es progresiva, sino que cada vez lo es más, aunque lo más probable es que sea lo contrario.
Se espera que la fiscalidad reduzca, sino remedie, las desigualdades. Si está bien diseñada para su aplicación y cumplimiento efectivos, la historia a escala internacional sugiere que es posible. De acuerdo con las expectativas de redistribución progresiva del público, se espera que el gobierno sea como Robin Hood, es decir, que tome de los ricos para dar a los pobres.
Por supuesto, que los impuestos sean progresivos depende de cómo se recauden y cómo se gasten los fondos públicos. Por lo tanto, las políticas fiscales y de gasto deben considerarse de forma conjunta. Pero ahora está claro que algunos paquetes de ayuda contra la pandemia han beneficiado principalmente a empresas influyentes, mientras que a los más necesitados solo les llegaron migajas.
La cooperación internacional es necesaria para llevar a cabo reformas fiscales adecuadas en esta época de globalización financiera, y para evitar la creciente salida de capitales de los países en desarrollo. Por el momento, reducir la evasión fiscal depende de una cooperación internacional equitativa y eficaz en condiciones justas para todos, y no impuestas por los países ricos, como ha sido el caso.
KUALA LUMPUR, Malasia
(IPS)
