Los especialistas, las “cuenta pollos” y los verdaderos retos de Costa Rica

Ágora

Por Guido Mora

Quiero reflexionar sobre dos situaciones qué he observado los últimos días, en las que “especialistas” en historia y en economía, pretenden explicar o brindar soluciones a las profundas crisis -la sanitaria, la económica, la fiscal y la de legitimidad política-, que nos aquejan.

En relación con las “interpretaciones históricas”, me parece sorprendente que haya quienes -de esos llamados “especialistas”-, pretendan comparar o asimilar las presentes crisis, con situaciones fiscales o económicas enfrentadas por nuestro país en un pasado reciente.

Cualquier situación que se hubiere suscitado en Costa Rica los últimos 100 años, no tiene ninguna comparación con la profunda catástrofe sanitaria, económica, social y de legitimidad, que estamos enfrentando en la actualidad.

No hay un hecho que recordemos las últimas generaciones de costarricenses, que haya conmovido e impactado, de una manera tan profunda, nuestra economía y nuestra sociedad, como la provocada por la COVID-19.

Es ahí cuando no se comprende la crítica a “la incapacidad”, para enfrentar la diversidad, la complejidad y la profundidad de los efectos que ha tenido el cierre de la economía; sus repercusiones y los daños provocados por la crisis sanitaria. Ante la complejidad de la situación y si hablamos de “incapacidad”, la misma crítica puede hacerse a los gobiernos de países tales como Alemania, Francia, Estados Unidos o Bélgica, para mencionar sólo algunos. La dimensión de la tragedia es monumental, quien no tenga esto claro, definitivamente está aislado del acontecer mundial o no sigue las noticias internacionales.

Aunque hay quienes aún niegan la existencia de una pandemia, no se pueden ignorar las repercusiones qué, para la humanidad en su conjunto, ha tenido esta situación de la que somos protagonistas y testigos.

El segundo aspecto a que deseo hacer referencia es a la ligereza con que algunos “especialistas de la economía”, han tratado la situación fiscal de Costa Rica.

Y es que hay quienes, con una sumadora de escritorio, una calculadora de mano, con la típica “cuenta pollos”, sumando y restando, quitando o poniendo números en gastos e ingresos, o sumando lo correspondiente a la venta de activos e instituciones, pretenden resolver la crisis fiscal que enfrenta nuestro país.

No tengo la menor duda de que, con la famosa “cuenta pollos”, podamos resolver el problema del corto plazo. Sin embargo, esa perspectiva solo procura obviar el verdadero problema que enfrentamos como sociedad: la situación que se ha venido gestando, fomentando, y consolidando a lo largo de más de 20 años, generada por la aplicación de un modelo económico que impulsa la concentración de la riqueza y que excluye del bienestar del crecimiento económico, a las grandes mayorías de costarricenses.

En el inicio de la aplicación de este modelo, el Estado benefició y financió las actividades de emergentes grupos de exportadores, utilizando para ello los famosos certificados de abono tributario CAT´S -que en momentos sólo impulsaron el surgimiento de múltiples casos la corrupción-. Ese esfuerzo país, lo hicimos restando recursos a otras actividades, con el propósito de diversificar y fomentar el aparato productivo destinado a impulsar la fabricación de bienes que el país tuviera posibilidad de exportar.

Hoy, sin embargo, esos grupos otrora beneficiados, utilizan estructuras empresariales complejas y extraterritoriales, como un mecanismo orientado a ocultar utilidades y a evitar el pago de impuestos. Evaden, desde esta perspectiva, la responsabilidad de retribuir al Estado y a la sociedad, la inversión y el respaldo económico que recibieron en su gestación.

Sería absurdo ocultar, pues es vox populi, que la aplicación de este modelo de desarrollo ha provocado el crecimiento de una brecha socioeconómica, entre los más ricos y los más pobres de los costarricenses.

Esta realidad ha conducido a que la sociedad costarricense involucione, de una solidaria e igualitaria, a otra en dónde gozamos del vergonzoso privilegio, tal como lo señalan los análisis y publicaciones de organismos económicos, sociales y financieros internacionales, de formar parte de la lista de las diez naciones más desiguales del mundo.

Esta realidad, aunque algunos pretendan ignorarla, no se resuelve con una calculadora de escritorio, ni con la pretensión de la cacareada reactivación económica que no procura sino, obviar las condiciones de desigualdad prevalecientes, y retornar a la realidad económica prepandémica, sin atacar las causas que generaron la profunda desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva, es importante reconocer la razón que llevan algunos grupos sociales, ubicados en los quintiles más bajos del ingreso nacional y los habitantes de zonas costeras o rurales, en sus manifestaciones y reclamos, contra la visión que impulsa el Poder Ejecutivo, para atenuar la crisis económica prevaleciente.

La propuesta que se pretende presentar ante el Fondo Monetario Internacional, -en cuya elaboración también participaron algunos de los “especialistas” con su “cuenta pollos”-, solo reitera el interés de grupos privilegiados de imponer -nuevamente-, cargas tributarias a amplios sectores populares, sin tocar los intereses de las élites económicas más privilegiadas que, en un secreto a voces, apenas si contribuyen con el mantenimientos de un Estado y un país, al que reclaman una adecuada infraestructura -portuaria, aeroportuaria y vial-; estabilidad política, seguridad jurídica y la formación de recursos humanos que contribuyan con el crecimiento económico de las empresas nacionales -de las que son propietarios-.

Los grupos financieros, los exportadores y otros sectores empresariales, que se han sido los grandes ganadores de la aplicación del modelo exportador, hoy no sólo no reportan utilidades, sino que declaran pérdidas continuas y prolongadas, para evitar el pago de tributos y eludir la consecuente contribución al mantenimiento del estado de bienestar, que ha hecho de Costa Rica, un país diferente de las restantes naciones del Istmo Centroamericano.

En el fondo, la gran preocupación qué prevalece en los sectores sociales y políticos conscientes de esta situación, debe enfocarse en la necesidad y la obligación de encontrar los mecanismos que permitan la reorganización del aparato estatal, para convertirlo en un instrumento de crecimiento económico ágil y eficiente; la búsqueda de ingresos por vía impositiva progresiva, que obtenga recursos económicos frescos, y la depuración y ejecución de mecanismos de distribución de la riqueza, que permitan continuar financiando el estado de bienestar.

No podemos permitir -o como generación, cargar con la responsabilidad-, de ser quiénes por sus acciones u omisiones, privemos a las futuras generaciones de costarricenses, de la posibilidad de contar como un estado social de derecho, que permita atender las necesidades de los costarricenses, por sobre todo de los grupos sociales menos favorecidos.

Es menester señalar la existencia élites económicas que, con el afán de favorecer sus intereses particulares, pretendan desmantelar el estado de bienestar -del cual se han beneficiado- y que, con sus acciones, busquen deteriorar las condiciones económicas de un estado, que debería tener como meta la búsqueda del bienestar del mayor número, por sobre los intereses particulares.

Aunque parezca inconcebible, existen grupos económicos que procuran igualar nuestro país, con las condiciones de producción de otros países Centroamericanos, en donde la aplicación de este modelo sólo ha generado pobreza, miseria, exclusión, desigualdad y estados fallidos, en manos de intereses de grupos narcos o de los sectores económicos más poderosos.

No podemos ni debemos permitir, que la materialización de esos intereses transforme irreversiblemente, el modus vivendi de la Costa Rica que hemos conocido hasta el día de hoy.

Costa Rica no puede transformarse en una plutocracia.

En esta coyuntura, lo que está en juego no es solamente la solución del problema fiscal, lo que está en la picota y lo que debemos definir, es el modelo de sociedad que deseamos para las futuras generaciones de costarricenses y, nuestra obligación es poner las bases que nos permitan construir un modelo de sociedad más justa, más solidaria y equitativa, para lo que resta del Siglo XXI.

Este es, desde mi perspectiva, el gran reto que debemos enfrentar y es el compromiso qué tenemos asumir, ante los costarricenses de los siglos venideros.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.