Ley de Extinción de Dominio

¿Y usted qué opina?

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

La primera vez que oí hablar de una Ley de Extinción de Dominio fue en un viaje oficial de trabajo a Colombia, hace casi 13 años.

Desde el principio, la tesis de invertir la carga de la prueba para que sean los narcotraficantes los que tengan que demostrar el origen de sus enormes, ilegítimas y criminales fortunas, me pareció una idea nueva, formidable y democrática. Este es el meollo del tema y esa es la propuesta legal.

Entendí e interioricé esa nueva visión, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y sus mafias, como una forma contundente y efectiva de combatir y golpear a esa criminalidad organizada en donde más les duele: la acumulación de riqueza mal habida, producto de una actividad ilícita, criminal, destructiva y por la transformación de esas mafias en uno de los principales enemigos actuales del Estado de Derecho y del mismo sistema democrático.

En ese sentido, no vi problemas de constitucionalidad, por la prevalencia de principios y valores superiores, sobre los de naturaleza subordinada y procesal.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública, abogué firmemente por concretar esa trascendental reforma. Poco o nada, lamentablemente, se hizo en los siguientes seis años, hasta que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en la pasada Asamblea Legislativa, retomó esta propuesta, pero sin llegar a votar la ley, porque el debate se banalizó y faltó, entonces, una efectiva voluntad real.

Ahora, los diputados Gustavo Viales y Jorge Fonseca (PLN), Pablo Abarca (PUSC), Eduardo Cruisckshank (RN) y Zoila Volio (PIN), están firmemente empeñados en que la Ley de Extinción de Dominio sea una realidad concreta.

Formidable que así sea y el apoyo del Poder Ejecutivo y que, desde el ámbito de sus competencias específicas, la Fiscal General, el Director General del OIJ y el Director del ICD, estén igualmente apoyando la ley e incluso solicitando, públicamente, que la misma se extienda a los delitos de corrupción pública.

Totalmente de acuerdo con esa ampliación, sea en una sola ley o bien que se aprueben dos leyes, una para el caso específico y concreto de los delitos vinculados al narcotráfico y otra para los delitos de corrupción pública.

El tema merece de una serena reflexión para definir la mejor opción legislativa y jurídica, sobre todo por los controles de constitucionalidad de la Sala IV.

Esto porque corrupción pública son muchas cosas y el juego de los intereses políticos y económicos, así como las informaciones y denuncias de prensa sobre los delitos de corrupción pública o de “cuello blanco” llenan los medios de prensa todos los días a niveles alarmantes sobre los tipos de delito, la profundidad y amplitud de los mismos; el nivel, poder político y burocrático de los personajes involucrados en la estructura jerarquizada del Estado.

Restringida la ley a la idea original y concreta de los delitos de narcotráfico o ampliada a los delitos de corrupción o por medio de dos leyes, lo cierto es que necesitamos incorporar al Derecho Penal el principio de Extinción de Dominio.

Esta vez hay que lograrlo.

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