La Reforma fiscal y las asimetrías sociales (I)

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto Zúñig

Finalmente fue aprobado en segundo debate por parte de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (conocido como Plan Fiscal); considerado por el Gobierno de la República y expertos economistas como un primer paso en la dirección correcta para reordenar las finanzas públicas del Estado; tan venida a menos en los últimos 18 años (varios intentos fallidos en otras Administraciones Públicas); pero hoy es una realidad, nos guste o no sus reformas y cambios etc.; ya que a nadie le gusta pagar impuestos. Desde los años 80s del siglo pasado se han venido haciendo reformas económicas importantes; recordemos los procesos de “Planes de ajuste estructural en sus varias versiones”, la apertura económica y todo el tema de la globalización; los Tratados Internacionales de Libre Comercio, y los cambios en el modelo político-institucional imperante.

Los últimos meses el país se centró en un gran debate sobre la Reforma o Plan Fiscal para avanzar en una justicia tributaria necesaria o dando un primer paso en esa dirección. En el Congreso votado con 34 votos del total de los 57 diputados que lo integran y que a raíz de la sentencia de la Sala Constitucional que expreso que no era necesario los 38 votos de mayoría calificada; si no mayoría absoluta de 29 votos. Otra noticia de relevancia fue la orden de la Sala IV de permitir al Ministerio de Hacienda publicar por primera vez la lista de los “grandes contribuyentes” de los tributos al fisco y se han dado sorpresas de que unas cancelan y otras están exentas por supuestamente no generar ganancias (bueno debe revisarse caso por caso); para ver en realidad cuánto dinero realmente deben cancelar, según estudios técnicos jurídicos y financieros. Esto será de ardua tarea para el Ministerio de Hacienda. Lo importante es que las personas físicas así como las empresas que generen más ingresos contribuyan proporcionalmente más al Estado.

Con fundamento en lo anterior; el objetivo principal es la salud financiera del Estado como un todo y que ingresen los recursos necesarios para pagar tanto la deuda interna como la externa; y además existan los recursos para la inversión en las obras públicas y que los ciudadanos tengan una calidad de vida digna. El país es de todos y nadie puede arrogarse la representación absoluta del pueblo; como algunos grupos de presión gremiales lo han pretendido. Todos tenemos derecho y libertad de pronunciarnos así como emitir nuestros propios criterios; pero nadie tiene la verdad absoluta sobre algún tema; pero si se parte de los estudios técnicos, el respeto al ordenamiento jurídico y la voz de los expertos; de un país claramente diagnosticado y que estamos llenos de documentos que podríamos recorrer todo el país territorialmente (incluso el Estudio del Estado de la Nación es un excelente referente y base de estudio) para poder tomar acciones y decisiones para lograr el desarrollo del país y evitar a toda costa una crisis fiscal que afectaría a todos y por supuesto sufrirían los más vulnerables.

Me preocupa que las asimetrías identificadas a nivel regional, social y económica; con un 20% de la población en las líneas de la pobreza; confirman la tesis de que algo está mal en el país, y que durante ya 3 décadas no hemos podido salir de este bache y cerrar la brecha social. Todo esto genera una falta de buena planificación; malas decisiones y hasta desperdicio de recursos, engarzado con la delincuencia en todos los niveles, la corrupción como mal social, y el establecimiento de mafias criminales que atentan contra el buen vivir de todos los ciudadanos. Si se hacen reformas fiscales y financieras; deben ir unidas con reformas al Estado; control del gasto público y análisis de las diversas Instituciones públicas (por cierto alrededor de 335 entes públicos; que genera enormes gastos en el pago de planilla y queda poco para la inversión social y económica del país) Seguimos siendo una país centralizado; donde las grandes decisiones se toman en la capital San José; de funcionarios sentados en sus cómodos escritorios decidiendo por el resto del país.

Con todo este debate financiero generado; se han dejado grandes enseñanzas y salido a la luz pública un sinnúmero de problemas que muchos ni conocíamos su situación real. Estamos en un momento histórico de grandes retos y desafíos; y de poder entre todos enderezar la barca y avanzar hacia un puerto seguro; dejando a un lado los “egoísmos e individualismos” sectoriales o gremiales; porque el país es de todos. Queremos una Costa Rica en paz y tranquilidad; inclusiva y llena de oportunidades para todos sus integrantes. Así como hace 70 años don José Figueres Ferrer abolió el Ejército militar; y que la mayoría de los recursos se dieran a educación y salud y no a la compra de armas; hoy los desafíos son otros y entre todos debemos aportar nuestro grano de arena en el desarrollo social y económico y hacer nuestro sacrificio; y ahí es donde seremos vigilantes de que los recursos realmente se inviertan de manera transparente.

Por eso me duele; que nuestros niños y jóvenes estudiantes perdieran más de 85 días en una “huelga política” dirigida por los sindicatos “autoproclamándose los representantes del pueblo”. Esa pérdida de tiempo no se repone y va en detrimento de la educación del máximo tesoro que tenemos que es nuestra juventud. Traigo como recuerdo los acuerdos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995) como parte de las acciones y objetivos de integración social que deben promover los gobiernos, en el campo de la educación, entre otras, las siguientes medidas: a) Ampliar la educación básica mediante la adopción de medidas especiales, dirigidas a los grupos más vulnerables. b) Asegurar que la ampliación de la educación básica vaya acompañada de una mejora de la calidad, una atención apropiada a los niños de diferentes capacidades, una cooperación entre la familia y la escuela y una vinculación estrecha entre los programas de enseñanza y las necesidades del medio laboral.

c) Asegurar que todas las personas puedan tener acceso a una diversidad de actividades de enseñanza formal y no formal a lo largo de su vida que les permita contribuir a la sociedad. d) Proporcionar a las niñas igualdad de acceso a todos los niveles de la educación, incluida la formación no tradicional y profesional.” (Cita: Asimetrías Económicas, Sociales y Políticas en Costa Rica. J.Nowalski. Págs. 267 y 268)

Lo anterior; sigue siendo un gran desafío para el desarrollo costarricense; y siempre debemos privilegiar y priorizar el tema educativo; para obtener mejores estudiantes y futuros profesionales que tengan empleo y colaboren en dicho desarrollo y podamos hacer de Costa Rica un país altamente competitivo. De ahí que observo una Asamblea Legislativa de querer realmente entrarle de manera decidida con el bisturí a los diversos problemas heredados durante muchos años; como una Ley de Empleo Público que ordene todo el tema laboral; reformar los diversos regímenes de pensiones; y otros complementos a las medidas ya tomadas en el Plan Fiscal sobre los plus salariales y los excesivos años por pagos de cesantías; de manera discriminatoria con los empleados privados; y esas diferencias abismales entre funcionarios públicos y privados; así como reducir los altos salarios que hacen demasiada la carga financieras en las Instituciones Públicas que todos pagamos con nuestros impuestos.

El Congreso debe entrarle fuerte a la evasión y fraude fiscal, además de otros aspectos sobre los tributos de renta y otras reformas fiscales importantes que vengan a ordenar la casa que es de todos. Aunado a lo anterior; es importante avalar las resoluciones de la Sala Constitucional colaborando también en la solución integral de las finanzas públicas; desaplicando normas y artículos altamente inconstitucionales y que violan el ordenamiento jurídico que se deben basar en el interés público superior de todos los costarricenses. Esperemos que realmente se entre de lleno a una reforma integral o parcial del Estado costarricense; tomando medidas estructurales; con el fin de obtener el bienestar de la mayoría de los ciudadanos de esta querida Patria.

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