La presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Con el fallecimiento del Dr. Luis Paulino Mora el 17 de febrero pasado, quien ejerció 14 años como presidente de la Corte Suprema de Justicia y por ende del Poder Judicial; quedó un vacío en las altas esferas del denominado tercer poder de la República. A la fecha su vicepresidenta la magistrada Zarela Villanueva Monge, había asumido la presidencia en ejercicio y luego de varias rondas en la primera sesión; en la segunda sesión del pasado lunes 13 de mayo ganó por mayoría de 12 votos iniciando su periodo de 8 años, al negociar con su inmediato contendor el magistrado José Manuel Arroyo, quien a su vez fue elegido vicepresidente de la Corte con 15 votos a favor.

La diferencia de esta ocasión es que por primera en 187 años de historia judicial, una mujer asume como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano colegiado integrado por 22 magistrados. Se convierte en un hito histórico y poco a poco el país rompe paradigmas con la igualdad de género. La nueva presidenta se ha ganado esta posición por sus propios méritos, con una trayectoria de 34 años de laborar para el Poder Judicial, ocupando diversos puestos desde juez penal, miembro del Tribunal Penal y los últimos 23 años en calidad de magistrada y coordinando las comisiones de Género, Transparencia y Nombramientos.

Costa Rica ha avanzado en materia de igualdad de género y muchas mujeres pueden competir en similares condiciones por los puestos que tradicionalmente han ocupado los hombres. El caso de la magistrada Villanueva sin duda alguna llega a esta alta posición por su trabajo constante y servicio público dentro del Poder Judicial; no le han regalado nada, ni ha tenido que “besar el anillo de algún padrino” sea político o personaje siniestro con poder magnánimo; como lamentablemente se da en muchos otros países de Latinoamérica, donde se rompe la independencia de poderes y de los jueces.

Lo que no se vale son las mujeres que llegan a algunas posiciones altas como ministras, diputadas, gerentes, miembros de juntas directivas y diversos puestos solamente por amiguismos, o porque le cayó bien al algún personaje; o por bonitas y éstos las quieren tener a la par para hacerse los simpáticos etc., etc. Lo mismo puede ocurrir con los hombres cuando son aduladores, serviles, y que todos sabemos su incapacidad y mediocridad, pero que de pronto aparecen en el poder político o institucional, dando órdenes y creyéndose los grandes destinatarios del control.

La abogada Zarela Villanueva, tendrá su foto para la historia en nuestro querido Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la par de Ángela Acuña, primera abogada, Virginia Martén, primera Notaria, Erika Hernández, primer presidenta del Colegio. Cuando asumió la nueva presidenta de la Corte señaló: “A partir de hoy debemos trabajar unidos y unidas para cumplir con nuestro deber con el pueblo costarricense; debemos estar a la altura de nuestras responsabilidades y exigencias y ser capaces de superar diferencias, para construir juntos un sistema de justicia acorde con la realidad de nuestros tiempos.”

El pueblo costarricense y la opinión pública sigue teniendo altos índices de credibilidad en el Poder Judicial y la administración de justicia; en la independencia de los jueces, en la legitimidad e imparcialidad para resolver los asuntos judiciales que se le sometan para su resolución final, independiente de a quien se juzga, cometa actos ilícitos en la vía penal o causas civiles, comerciales, trabajo, contencioso-administrativas y demás ramas del Derecho. Todos esperamos que se dé una justicia pronta y cumplida. Aquí es donde los usuarios tenemos una percepción real de que existe una gran mora judicial, y esa es una de las grandes críticas al sistema de justicia del país. Esperemos que las nuevas autoridades pongan atención a esta situación para seguir creyendo en el Poder Judicial, y que efectivamente se den los cambios necesarios.

Nuestro país goza de un Estado democrático de Derecho, en el cual la función jurisdiccional se ejerce sin presiones de ningún tipo, respetando siempre el sagrado Principio de Independencia. La Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado lo siguiente: “La Constitución Política en su artículo 9 establece que el Gobierno de la República es ejercido por tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por otra parte, el párrafo tercero de este artículo señala la existencia del Tribunal Supremo de Elecciones con el rango e independencia de los Poderes del Estado. Debe resaltarse la nota de independencia del Poder Judicial en relación a los otros Poderes del Estado. Esta independencia debe concurrir en los jueces, quienes tienen la misión de administrar justicia.

La independencia es la ausencia de subordinación a otro, el no reconocimiento de un mayor poder o autoridad. La independencia del juez es un concepto jurídico, relativo a la ausencia de subordinación jurídica. La garantía de la inamovilidad y el régimen de incompatibilidades tienen como fin asegurar la total independencia de los miembros del Poder Judicial. Es así como la independencia es una garantía de la propia función jurisdiccional. La independencia se reputa en relación al juez en cuanto tal, por ser él quien tiene la potestad jurisdiccional. Se trata de impedir vínculos y relaciones que puedan conducir a una reducción fáctica de la libertad del juez.” (Sala Constitucional. Sentencia N°2883-96)

Las estipulaciones de nuestra Constitución Política sobre la consolidación de un Poder Judicial independiente; y el nombramiento de los tribunales inferiores son de nombramiento y fiscalización de la Corte Suprema de Justicia; evitando cualquier tipo de injerencia de parte del Legislativo o del Ejecutivo. La única participación del Poder Legislativo es el nombramiento de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por periodos de 8 años, siendo reelegidos para periodos iguales, salvo que se acuerde específicamente lo contrario por medio de votación no menor de las dos terceras partes del total de los votos de la Asamblea Legislativa; también nombra los 25 magistrados suplentes, que suplen en las distintas Salas, que integra la Corte Suprema por sorteo.

Finalmente, como abogado y usuario del sistema judicial costarricense, al igual que muchos colegas y ciudadanos (as) de este país, hacemos votos y deseos para que el nuevo rumbo que tome la Corte Suprema de Justicia; bajo la dirección de su presidenta Villanueva, se hagan pensando en los superiores intereses de la Patria; la modernización y nuevas tecnologías; se privilegien los principios de transparencia, imparcialidad, independencia y de justicia pronta y cumplida conforme al mandato constitucional, en beneficio de todo el país.