La huelga judicical

Efrén Arauz C.

Efren Arauz

En cuarenta años de trabajo como abogado litigante nunca había visto esta situación, una huelga atípica e injustificada. ¿Porqué? Por que el servicio público justicia es permanente, ininterrumpible, al igual que la salud, el agua y otros servicios básicos que requiere la población. Injustificada porque ni siquiera hay un dictamen de la Comisión legislativa que los afecte para justificar una huelga, sin agotar los mecanismos de diálogo y negociación que exige la Reforma Procesal Laboral, que entró en vigencia en estos días y es de aplicación obligatoria, según el Transitorio I.

El tiempo se acaba y la Asamblea no resolverá el asunto, será el Ejecutivo el que incluya en la Agenda para las sesiones extraordinarias el punto a partir del primero de agosto, solución de mediano plazo… ¿mientras tanto? Se está violentando el derecho de los administrados, de los usuarios a recurrir ante los tribunales y obtener justicia pronta y cumplida ante sus pretensiones, canon constitucional ratificado por el derecho comunitario y la Convención Americana sobre derechos humanos.

Los señores Magistrados, quienes estaban muy al margen del asunto, solicitan a la Procuraduría gestionar para que abran un juzgado de Trabajo a fin de que declaren la huelga ilegal. Tres aspectos, primero, la Procuraduría no tiene competencia para estas gestiones, segundo, sus resoluciones no son vinculantes y tercero ¿qué juez va a declarar una huelga ilegal en perjuicio de sus compañeros de trabajo? La buena fe de los señores magistrados es plausible pero no es realizable, además, una declaratoria de ilegalidad de la huelga no resuelve nada en este caso y tensa más las relaciones entre las partes, aparte de los diversos recursos de Amparo que hay presentados por litigantes y usuarios perjudicados, que son alternativas de solución -se limita el derecho al trabajo y se niega el servicio público justicia a la sociedad civil- lo procedente es que el Ministerio de Trabajo, que por ley anterior y actual, tiene la obligatoriedad de mediar en estos asuntos y vía Resolución Alterna de los Conflictos, conciliación extrajudicial o laudo arbitral resuelva en corto plazo el problema.
Lo anterior desde una perspectiva legal , pero el asunto también es político, sindicalistas de corte “madurista” están tomando a los empleados públicos y quieren llevar el país al caos, se acercan las elecciones y partidos de corte neo- comunistas quieren “venezualizar” el país, esto no es de recibo, corresponde en última instancia al Ejecutivo resolver un conflicto con tintes políticos en perjuicio de todos los costarricenses.

¿Qué dicen los partidos políticos, los candidatos, el Colegio de Abogados?, tienen la palabra.

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