La gestion de la “cosa publica” en tiempos de incertidumbre

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Promoción Social

Luis Guillermo Coto Moya

Luis Guillermo Coto

La sociedad contemporánea ha venido atravesando por un período excepcional de transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales e institucionales, proceso que acumula diferentes posiciones, evidentes contradicciones, así como expectativas insatisfechas.

La crítica a la democracia representativa, la centralidad de la riqueza, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad social y el desmejoramiento de la condición de vida, sumado a los altos índices de corrupción y enriquecimiento ilícito, así como altos niveles de violencia homicida, son parte del flagelo de la “cuestionada y deficitaria Gobernabilidad” en la mayoría de los países de América Latina.

La pobreza crónica constituye uno de los principales déficits de las democracias de América Latina, lo cual se convierte en el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible.

Tal y como señala el área de ambiente del Programa de las Naciones Unidas, “la riqueza ambiental se ve amenazada debido a las pautas de los modelos de desarrollo económico predominantes en América Latina; el modelo de desarrollo actual ha generado crecimiento económico con degradación ambiental y desintegración social, al punto que actualmente América Latina es la región más desigual del mundo”.

Ahora bien, estas condiciones se han visto impactadas, en la época reciente, por la pandemia provocada a partir del coronavirus tipo 2, del síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2, lo cual hace más difícil y compleja la situación para el abordaje de las acciones desde la “cosa pública”.

Esta nueva condición origina un replanteamiento de las acciones desde la gestión de la “cosa pública”, así como en el rol y contribución de los diferentes actores de la sociedad.

Desde la antigua Grecia y en el ordenamiento del Derecho Romano se entendía la gestión de la “cosa pública”, como el ámbito de acción de la esfera pública, relacionado con los conceptos del sector público y Estado, y la filosofía del bien común.

Sin embargo, desde de la segunda mitad del siglo pasado la “racionalidad de la vida social” se acostumbró a la presencia del Estado como regulador de la sociedad, seguido de una etapa donde se privilegió la presencia de un modelo ideológico inspirado en las capacidades del mercado como motor de la economía y “regulador social”, quedando la sociedad sometida a la “tutela del mercado”.

La alteración del rol tradicional del Estado y la sobre determinación del peso del mercado, provocó nuevas condiciones políticas dentro de la institucionalidad, en la concebida búsqueda de la eficiencia y disminución del estado, para trasladar al sector privado nacional o transnacional, actividades públicas de alta retribución del capital, dentro de algunas de las concebidas “alianzas público – privadas”, como es el caso de actividades de energía, telecomunicaciones, reservas naturales, salud, educación, obras y mantenimiento de infraestructura.

Ante una pandemia como la actual, se da una reconfiguración del rol de las organizaciones, y en esta dirección se demuestra que las instituciones de estado retoman un rol determinante en la atención de los problemas básicos de la población, tratando de dar atención a los temas de interés público.

Ahora bien, la nueva complejidad social y los desafiantes problemas por los cuales se atraviesa, y ante la relativa capacidad resolutoria por parte de los estados en los temas de interés público, obliga al replanteamiento de las formas tradicionales de abordaje de los problemas de interés público.

Bajo la incertidumbre actual resulta fundamental reconsiderar la visión de la “cosa pública”; en este momento toma especial relevancia el rol y la participación efectiva de diferentes actores en la gestión de lo público.

En la actualidad se deben promover acciones de un Estado realmente público, donde el espacio de lo público no se agote en lo estatal; en otras palabras, una conceptualización de lo público como el espacio del intercambio de los intereses colectivos, más allá de la capacidad de gestión del gobierno de turno.

En este particular toman relevancia las organizaciones de participación social, con vocación solidaria, colectiva y comunitaria, donde se privilegia la atención de las necesidades de las personas y sean parte de la construcción de soluciones. Especial mención merecen, entre otros, la generación de cooperativas de trabajo como mecanismo para promover fuentes de empleo, en campos tan diversos como la salud, la educación, la producción de bienes o servicios, manufactura y comercialización, que aporten a la seguridad alimentaria de los países.

Por historia y experiencia, siendo parte de las organizaciones cercanas a los problemas de la gente, las organizaciones de economía social deben ser parte del obligado proceso de participación para acompañar la gestión de la cosa pública. Se deben promover alianzas público-sociales para atender los problemas nacionales y estimular la participación de organizaciones ciudadanas en el desarrollo de sus comunidades.

En este sentido, toma significancia el promover el diálogo político y social entre los diferentes actores públicos, privados y sociales, con el objetivo de identificar de manera conjunta, el modelo a seguir en la atención y construcción de soluciones ante los nuevos desafíos.

Es necesario replantear que en tiempos de incertidumbre la gestión de la “cosa pública” va más allá de la gestión del gobierno de turno para lo cual se requiere del alineamiento de los diferentes actores, para entender que lo público incluye la gestión de los diversos intereses colectivos de la sociedad.

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