La clase media: El chivo expiatorio de la pandemia

Manuel D. Arias Monge

Manuel Damián Arias

La pandemia por el COVID-19 implica, no sólo en Costa Rica, sino en todo el mundo, una gravísima crisis económica que debería servir para impulsar un sano debate sobre las más que evidentes fallas del sistema capitalista global. Sin embargo, en Costa Rica, las últimas propuestas del gobierno de la República, bajo la tutela de los sectores económicos más poderosos, implican que, para salir de la emergencia, las cargas no se distribuirán de forma equitativa, sino que serán la excusa para aumentar la enorme brecha que divide a Quines más tienen de quienes menos tienen, en detrimento, sobre todo, de la clase media, que ha sido garantía de estabilidad a lo largo de las últimas siete décadas.

Desde una perspectiva lógica, racional y científica, sustentada en la prioridad de la emergencia sanitaria sobre cualquier otra consideración, — ya que pone a la vida humana por encima de las expectativas de los diversos sectores económicos —, ha sido imprescindible adoptar medidas de restricción, para evitar un contagio masivo, que podría llevar al colapso al sistema de salud nacional. A pesar de las presiones, en este caso el gobierno ha sido responsable y ha evitado que Costa Rica se convierta en un escenario apocalíptico, algo que habría engendrado un estado de caos y de pánico social que, incluso, hubiese sido más dañino para la eventual recuperación económica, que el actual panorama de restricciones delimitadas temporal y espacialmente, de conformidad con la evolución de la pandemia.

Ahora bien, el sector más afectado, por estas necesarias medidas de salud, ha sido el de los emprendedores, que han visto colapsar sus micro, pequeñas y medianas empresas, sin que el ejecutivo aún haya adoptado un plan para salvar a estos importantes agentes De la producción nacional.

Miles de costarricenses, de este modo, han quedado sin trabajo, empujando la tasa de desempleo a una cifra cercana al 22 por ciento, algo inédito en la historia reciente del país.

La solución, desde cualquier punto de vista insuficiente, ha sido la de generar transferencias directas a la ciudadanía en mayor riesgo social, mediante iniciativas asistencialistas, como el denominado “bono Proteger”. No obstante, no hay una política clara de estímulo, para que la banca ponga a disposición de los emprendedores líneas de crédito favorables, que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas capear el temporal, sin despedir a más trabajadores.

En una situación de emergencia, como es lógico, se genera déficit; no obstante, las ideas que impulsa la administración, para sostener las finanzas públicas, pasan por penalizar, aún más, a los trabajadores públicos de clase media, que ganan de 1,5 a 3 millones de colones y que sostienen, por medio del consumo, al comercio y a los servicios.

No se tratta, de ninguna manera, de eximir a los funcionarios públicos en estos momentos de catástrofe financiera; sin embargo, un nuevo impuesto debería ser aplicado de forma escalonada, de manera que paguen más, quienes más reciben, pero también bajo el criterio de igualdad ante la Ley, de manera que el sacrificio abarque a todas y todos.

Paradójicamente, sobre la base de los cantos de sirena de los neoliberales de siempre, que anhelan privatizar las instituciones del Estado del bienestar que le han dado un lugar de honor a Costa Rica en el mundo, muchos emprendedores afectados por la crisis, así como los desempleados que han sido echados a la calle por las grandes empresas del sector privado, apuntan sus baterías contra el sector público, sin tomar en consideración que los tres sectores, micro, pequeños y medianos emprendedores, asalariados y colaboradores de las entidades públicas, forman parte de la misma clase media, que es la que ha sido puesta en el altar de sacrificio al dios mercado.

Mientras tanto, ¿y los más ricos…? Muy bien, gracias. Con sus enormes capitales protegidos en paraísos fiscales y a la espera de comprar las joyas de la abuela, — las instituciones públicas —, sin importar que son propiedad de todas y todos los costarricenses. La oligarquía criolla, que no compra en los comercios locales, ni come en los restaurantes populares, ni se hospeda en los pequeños hoteles, se ha dedicado a promover su macabra agenda, sin solidaridad o empatía y con el único objetivo de que la pandemia sirva para ampliar esa odiosa brecha, cada vez mayor y cada vez más sangrante, que separa su casta de la del resto de los mortales.

En Europa, donde más se ha desarrollado el concepto del Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, la crisis ha impulsado a los gobiernos a gravar los capitales más onerosos, con el fin de distribuir de forma más justa y solidaria la enorme carga que implica poner en marcha las medidas contra cíclicas que las economías necesitan para levantarse de esta emergencia mundial. No obstante, en Costa Rica, la evasión y la elusión fiscal, siguen siendo el pan nuestro de cada día y, ni en sueños, al Poder Ejecutivo o a la Asamblea Legislativa se les pasa por la cabeza la posibilidad de crear un impuesto a las rentas de capital, de manera que los más privilegiados también contribuyan a salir del atolladero en el que nos ha metido el coronavirus SARS-COV-2.

Para empeorar las cosas, los medios de comunicación nacionales, al fin y al cabo empresas propiedad de la misma oligarquía que promueve la falsa dicotomía entre lo público y lo privado, han dedicado todos sus esfuerzos a poner en duda la, hasta ahora, buena gestión sanitaria de la pandemia y a promover que el problema de Costa Rica es el Estado y, por extensión, sus funcionarias y funcionarios.

La agenda del gobierno, así como de la mayoría de diputadas y diputados en el congreso, ha sido delimitada por las grandes fortunas costarricenses, agrupadas en las cámaras que conforman la UCAEF. De este modo, los más ricos, aquellos con fortunas que, razonablemente, no podrían gastar ellos, ni sus hijos, mi sus nietos, ni sus biznietos, han logrado poner a las diversas manifestaciones de lo que queda de clase media en Costa Rica, los unos, contra los otros. Vieja máxima aplicada en este tema: “divide y vencerás!.

Es momento de recuperar la conciencia de clase y de entender que los empleados públicos y privados, así como los micro, pequeños y medianos empresarios somos, todas y todos, interdependientes, porque vivimos en una simbiosis en la que el bienestar de un grupo es, a su vez, el bienestar del otro. No son los privilegiados, que viven con un pie en el avión y el otro en Miami, los que compran verduras en la feria del agricultor, ni ropa en las tiendas de los centros comerciales, ni los que ahorran para irse a un destino accesible de vacaciones en el país, ni los que sacan a la familia una vez al mes a comer en un restaurante.

Si no queremos que Costa Rica se parezca cada vez más a los países que nos rodean, con una pequeña oligarquía que habita en condominios amurallados, con servicios de salud y educación exclusivos y con seguridad privada, mientras el resto malvive en los anillos de miseria que rodean a las grandes ciudades, es hora de unir fuerzas para exigir lo que es justo: que todos, incluyendo a los que más tienen, contribuyan a levantar este país, después del desastre económico que ha generado la pandemia de COVID-19.

Muchos esbirros, mal pagados por las grandes corporaciones, no dudarán de tildarme de marxista o de cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que aquí propongo es la defensa a ultranza de las garantías, libertades y oportunidades que nos da vivir en un país que posee, a pesar de todo, — como lo ha demostrado la Caja Costarricense de Seguro Social en esta emergencia —, unas instituciones propias de un avanzado Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, herencia de la confluencia del pensamiento de grandes líderes como José Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia o Manuel Mora Valverde.

“Sepamos ser libres, no siervos menguados. Derechos sagrados la Patria nos da”.

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