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Por Paolo Sorbello
En un principio, el gobierno trató de responder a los disturbios mediante la estrategia de palo y zanahoria, pero luego se vio obligado a declarar el estado de emergencia y, en última instancia, a solicitar ayuda militar a sus antiguos aliados soviéticos.
El 6 de este mes, efectivos extranjeros aterrizaron en Almaty, la mayor ciudad de Kazajistán, con un mandato de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza militar similar a la OTAN que incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Se trata del primer despliegue oficial de fuerzas de la OTSC en la hasta ahora poco asertiva existencia de la organización.
El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, pidió a los países de la OTSC que enviaran ayuda militar y ayudaran al ejército y a las fuerzas especiales del país a restablecer el orden público. Aunque temporal y limitada en su cometido, la operación de la OTSC podría ser un indicio de la capacidad de las autoridades kazajas para mantener la ley y el orden en el país.
Fuentes oficiales aseguran que hay cientos de víctimas, tanto entre las fuerzas del orden como entre los manifestantes, y que miles de personas resultaron heridas en los enfrentamientos, además de las 164 muertas (número discutido por las autoridades), que duraron varios días en distintas ciudades. Además, hay más de 6.044 personas detenidas.
Explosiva mezcla de inflación y pobreza
La chispa que generó tan masiva ola de protestas se encendió tras el fuerte aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP), un tipo de combustible utilizado en las regiones occidentales de este vasto país de Asia central.
Justificado inicialmente por el gobierno como consecuencia no prevista de la decisión de aumentar la competencia en el mercado de combustibles, el aumento de precios originó protestas callejeras en Aktau y Zhanaozen, principales ciudades de la región de Mangistau, el 2 y 3 de este mes.
Cabe destacar que Mangistau es también una de las principales regiones productoras de combustibles del país y que los trabajadores del sector suelen organizar protestas cuando consideran que las decisones de las empresas o del gobierno los perjudican.
En 2011, por ejemplo, las fuerzas especiales y la policía reprimieron una huelga de ocho meses en Zhanaozen con disparos contra trabajadores desarmados del sector de hidrocarburos, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia. El régimen no permitió una investigación independiente sobre lo ocurrido y encarceló a tres decenas de civiles, considerados culpables de los enfrentamientos que oficialmente causaron la muertre de 16 personas.
Hasta los primeros días de enero, Zhanaozen era sinónimo de «tragedia» en Kazajistán. Es uno de los capítulos más oscuros de las tres décadas de historia de este país desde su independencia. Con miedo hasta de pronunciar su nombre, la mayoría de la gente se refería a la matanza de trabajadores del petróleo como «los acontecimientos».
Esta vez, sin embargo, las protestas se propagaron a otras ciudades del país, alcanzando su punto culminante el 4 de este mes en Almaty, donde miles de personas se reunieron cerca de un estadio deportivo antes de trasladarse a la plaza principal. Como era de esperar, las fuerzas especiales esperaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma para dispersarlos.
La protesta continuó a la mañana siguiente con una multitud más enardecida, que prendió fuego el edificio del gobierno de la ciudad y la residencia presidencial. También se registraron incendios en otras ciudades.
Descontento de larga data ignorado
Sin embargo, los conductores de Almaty o de la capital, Nursultán, no utilizan el GLP como combustible para sus automóviles, lo que lleva a preguntarse: ¿Por qué protestaron? La respuesta es el descontento político, que se resume en tres palabras: desigualdad, injusticia y corrupción.
El contexcto de dos años de penurias causadas también por la pandemia de la covid-19 y un resquebrajado tejido socioeconómico, sumados a la inflación y a la debilidad de la moneda, así como al agravamiento del desempleo, constituyen una receta para el desastre.
Cuatro millones de personas perdieron sus empleos durante la pandemia, la caída del precio del petróleo influyó negativamente en el tipo de cambio, que provocó la caída del tenge en 16 % en dos años.
Mientras los pobres se hicieorn más pobres, los ricos se hicieron más ricos. La lista Forbes de multimillonarios pasó de cuatro a siete en 2021. Y esto no incluye las riquezas acumuladas por el predecesor de Tokayev, Nursultán Nazarbayev, quien gobernó este país desde su independencia hasta su dimisión en 2019.
Bajo el mandato de Nazarbayev y Tokayev, las reformas políticas iban detrás de los relcamos del pueblo. El Estado de Derecho era un concepto arbitrario y considerado un coste sistémico por las empresas trasnacionales que estaban dispuestas a invertir.
Un conjunto de normas débiles abrió las puertas a la corrupción. La élite kazaja tiene fama de haber utilizado cuentas offshore para blanquear dinero, de aceptar sobornos y de frenar la competencia en determinados sectores del mercado. El mercado del GLP en el oeste del país, por ejemplo, estaba amañado, y era sabido.
En 2019 y 2020, se desatendió la promesa de reforma que acompañó al nuevo líder, y la población reaccionó con una ola de protestas que, una vez más, sufrieron una brutal represión. Ya en 2021, la incesante ola de protestas de trabajadores demostró la incapacidad del gobierno para mantener satisfechos a la mayoría de los sectores de la población.
El ángulo geopolítico
El 5 de este mes, cuando las tensiones se tornaron violentas en Almaty, al sur del país, y en Aktobe, en el norte, Tokayev destituyó y arrestó a Karim Massimov, leal a Nazarbayev desde hace mucho tiempo, de su puesto de jefe del KNB, sucesor de la KGB. Tokayev también asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, antes ocupada por Nazarbayev.
Mientras, el mundo se volvió hacia Asia Central. Cuando Tokayev pidió un despliegue de efectivos de la OTSC, se evidenció su falta de legitimidad dentro del aparato de poder nacional. Quedó claro que necesitaba tanto la ayuda material como la aprobación de sus vecinos y aliados para mantenerse en el poder.
Ese escenario le pareció razonable a Rusia, que envió un primer contingente militar y equipamiento al sur de la frontera. Tras hacerse con el control de centros logísticos estratégicos, como el aeropuerto de Almaty, previamente en manos de los manifestantes, efectivos de la OTSC se trasladaron a la ciudad y participaron en una «operación especial» del ejército local para sofocar las protestas.
La versión oficial explica lo sucedido por la infiltración de «terroristas entrenados en el extranjero», pero es más probable que Rusia decidiera empujar a la OTSC hacia una intervención dada la debilidad del régimen de Tokayev.
Parecen prematuras las especulaciones sobre un enfrentamiento entre grandes potencias, según las cuales Rusia y China son las partes interesadas del vecindario y Occidente, un heraldo de democracia e intereses comerciales.
Todavía no está claro si Tokayev se mantendrá en el gobierno y cómo lo hará, qué tipo de concesiones estarán dispuestos a hacer él o su sucesor en beneficio del pueblo -que todavía se siente insatisfecho, marginado y traicionado- y qué reformas a largo plazo se planearán para que no se repitan los episodios violentos de este mes.
ALMATY, Kazajistán
Este es un artículo de opinión de Paolo Sorbello, investigador en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia (Italia) y doctor por la Universidad de Glasgow (Reino Unido). También trabaja como periodista independiente en Kazajistán, cubriendo temas laborales y de economía política para varios medios de comunicación.
Fuente: International Politics and Society, publicado por la Unidad de Política Global y Europea de la Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastrasse 28, D-10785 Berlín.
(IPS)
