Justificada reelección

…¿Y usted qué opina?

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

No todo es coronavirus y decisiones para enfrentar la crisis. El país sigue su marcha y muchos otros temas también están abiertos para emitir opinión:

Hay dos instituciones, en nuestro Estado de Derecho, que deben estar al margen y actuar con absoluta y total independencia de la política partidista y que deben tener la capacidad de reclutar a los mejores especialistas, a todos los niveles, con salarios dignos, razonables y justos.

Una de ellas es la Contraloría General de la República. La otra es el Ministerio Público. Su independencia debe ser absoluta y de ello deben dar constancia y prueba, permanentemente, los jerarcas y funcionarios de ambas instituciones.

Ser contralor o fiscal general de la República es un cargo duro y difícil, requiere de excelente formación profesional y amplia experiencia, pero sobre todo exige una fuerte personalidad y no tenerles miedo a las cúpulas del poder, sea la Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia o los círculos fácticos de poder político, económico y mediático.

En ambos cargos hay que hacer siempre lo que se debe hacer con la ley en la mano y hacerlo muy bien, a un alto nivel profesional y con un gran equipo de apoyo profesional, sean los auditores o los fiscales. De la confianza y la seguridad que proyecten en sus actos concretos, ambas instituciones, depende en mucho la certeza de nuestro sistema republicano y democrático de vida y la fortaleza y coherencia de nuestro Estado de Derecho.

La Asamblea Legislativa reeligió, justificadamente, a Marta Acosta como contralora general. En su primera gestión, Acosta demostró todas las condiciones profesionales y de excelencia que se requieren para ese fundamental cargo, así como su independencia absoluta y el valor de no tenerle ningún miedo a esos grandes poderes. Dos condiciones difíciles de encontrar para ese cargo, pero indispensables y necesarias.

La fiscala general de la República, Emilia Navas, hasta ahora ha dado pruebas de independencia política, fuerte personalidad y capacidad profesional y ejecutiva, pero su gran y definitiva prueba de fuego en el cargo y ante el país está aún pendiente y sigue siendo el Cementazo que afectó fondos de la banca estatal y comprometió a altos jerarcas de los tres Poderes de la República, en una red delictiva e ilícita de corrupción y tráfico de influencias.

Es cierto que se trata de un caso complejo. Pero ha pasado suficiente tiempo y es hora de que el Ministerio Público concluya las investigaciones y defina la situación jurídica, acusando formalmente a quien tenga que acusar, en los distintos grados de acción y complicidad, que son seguramente muchos, porque la “ley es igual para todos” y el Ministerio Público debe ser siempre el guardián de la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción en Costa Rica.

Con coronavirus o sin coronavirus, el control de legalidad y la lucha contra la corrupción son temas constantes y siempre prioritarios de la agenda nacional.

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