Justicia financiera

…¿Y usted qué opina?

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

Los Rectores de las universidades públicas, en un pronunciamiento conjunto, abogan con razón por “justicia financiera y social en la tasa de intereses” y la regulación de las tarjetas de crédito.

Se fundamentan en el artículo 50 de la Constitución Política, Título V sobre Derechos y Garantías Sociales, que dice: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Como el agua de claro.

Ese artículo es contundente y resuelve constitucionalmente, sin mucho debate, la controversia ideológica con los economistas neoliberales sobre cuánto Estado y cuanto Mercado en la economía costarricense. ¿O no es así?

Históricamente, sostener el monopolio de los depósitos bancarios no fue posible más allá de los años noventa. La banca nacionalizada se había convertido en un enorme e ineficiente elefante. La ruptura del monopolio en el Gobierno de José María Figueres (PLN) generó que los bancos estatales se pusieran a competir con la banca privada y a mejorar sus necesarios servicios.

Lo hicieron bien por muchos años. Pero con el tiempo, sus altos ejecutivos asumieron los mismos conceptos comerciales de la banca privada y hoy los bancos estatales se desempeñan exactamente igual o de peor forma, por el alto costo de su intermediación, los exagerados pluses internos y los negocios de excepción para algunos privilegiados. Este censurable travestismo de la banca estatal ha desnaturalizado su naturaleza pública y de desarrollo.

Ni qué decir de los intereses de usura que se cobran en las tarjetas de crédito, con tasas que no guardan relación alguna con los Estados Unidos y otros países. Es inaceptable pagar intereses de más del 50% en dichas tarjetas. En su defensa, los banqueros dicen que es por falta de educación financiera de los usuarios, cuando es porque a fin de mes los ingresos no le alcanzan a los sectores de ingresos medios y por el alto costo de la vida en nuestro país.

El Banco Central y la Sugef, con o sin reformas a sus leyes constitutivas, tienen calificados equipos técnicos y suficientes instrumentos legales para regular e imponer topes a los intereses en las tarjetas de crédito, en beneficio y defensa de los usuarios y de una efectiva reactivación de la económica nacional.

Regular no contraviene los principios constitucionales de libertad de comercio, si los topes y condiciones son racionales, justos e iguales para todos los operadores y usuarios. Esto la Sala IV lo ha reiterado muchas veces.

Lo único que hace falta es firmeza y decisión en la Casa Presidencial y trabajar con el Banco Central y la Sugef. No se necesita una ley ni un debate en la Asamblea Legislativa. Lo que se necesita, como en tantos otros frente de la agenda nacional, es acción y nada más. Hacer las cosas y hacerlas con decisión.

Y que, en Costa Rica y en decisiones políticas…, “la estrella que nos guie sea el interés del mayor número”.

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