Impunes e inmunes

El Sereno

Álvaro Campos Solís
campos.solis.alvaro@gmail.com

Alvaro Campos

Los hombres y mujeres que han participado en las protestas contra el Poder Ejecutivo, en esencia contra el presidente Carlos Alvarado, unos reclamando el derecho al trabajo, otros destruyendo medios de producción y fuentes de empleo, con el argumento de que se oponen a cualquier negociación con el Fondo Monetario Internacional, no han hecho otra cosa que desafiar el peligro de contagio del covid 19, al tiempo que han puesto al descubierto que en nuestro país reina el imperio de la impunidad.

En esas manifestaciones cada quien tiene su propósito: unos los hacen por cálculo político, (la silla presidencial, una curul en el congreso, lo que sea) otros por un ideal, no faltan los que disfrutan de su afán destructivo, además de los que perciben una paga o salario, cuyo patrón aún no está identificado o las autoridades mantiene en reserva su identidad. ¿Serán empresarios y políticos poderosos, cuyos nombres conviene proteger?

Algunos de los participantes podrían dar positivo por el contagio de esa mortal enfermedad, pero los autores intelectuales del movimiento Rescate Nacional junto con la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos) siguen promoviendo el caos y la violencia sin interrupción ni molestia de ninguna clase. Tales protestas, según el ex diputado José Miguel Corrales, están infiltrada por narcotraficantes.

A pesar de los daños que le han hecho al país y a la institucionalidad, uno espera que los manifestantes no se contagien de la covid 19, por el bien de ellos, de sus familias y de la sociedad. Es gente que no está en condiciones de imitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró, tras abandonar el hospital donde fue internado por contagio, que él es inmune a esa pandemia. Sin embargo, ese país registra 216 mil muertos y casi ocho millones de contagios.

La impunidad y la inmunidad de los revoltosos y sus líderes quedó en evidencia desde el momento en que el llamado Movimiento Rescate nacional, grupo que formalmente no ostenta ninguna representación, promovió las protestas y la violencia, en primer lugar, para oponerse a cualquier negociación con el FMI y, en segundo lugar, supuestamente, para buscar algún espacio entre el electorado, de cara a las elecciones previstas para el 6 de febrero del 2022.

Al margen de tanta irresponsabilidad, sobre el caso hay varias cosas que desconciertan: ¿cómo es posible que haya sido la Sala Cuarta la que condene a los ministros de Seguridad Publica y Presidencia por no levantar los bloqueos? O sea, les ordenó a que cumplan con su juramento y sus deberes.

Curiosamente la misma Sala Constitucional pasa por alto la desidia del Ministerio Público para actuar contra los presuntos sediciosos. ¿Será que a los jueces de esa Sala les da pena poner en evidencia a sus compañeros y subalternos?

En el caso de la condena contra los dos ministros, uno esperaría que el presidente de la República envíe a los titulares de esas dos carteras para su casa. Puede ser, también, que la inacción surja por órdenes del mandatario, tal y como ocurrió con las huelgas promovidas por los sindicatos del sector público en el 2018, para oponerse a la creación de un nuevo impuesto.

Desde que asumió el poder, el presidente Alvarado ha confundido tolerancia con falta de autoridad

En ese año, la huelga de los empleados, gracias a la tolerancia del presidente Alvarado, miles de niños y jóvenes perdieron el curso lectivo, pues maestros y profesores cerraron escuelas y colegios. Cerraron, incluso, los comedores escolares, lugar adonde acuden los niños pobres en busca de alimentación. La solidaridad la convirtieron en un mito y la tiraron al cesto de la basura.

La radicalización de los sindicatos y la debilidad del gobierno fue tal que la atención en las clínicas y hospitales de la caja se limitó al funcionamiento, a media máquina, de la sección de emergencias de cada nosocomio. Miles de citas perdidas, centenares de intervenciones quirúrgicas pospuestas, mientras los consultorios médicos, clínicas y hospitales privados hacían su agosto, atendiendo gente adinerada para el pago de los servicios médico hospitalarios. Los sindicatos de la Caja se habían convertido en promotores de la medicina privada. ¿Y los pacientes de la Caja? Unos han muerto, otros abrigan la esperanza de que algún día los llamen.

Envalentonando ante la debilidad del Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, la huelga de sus doce mil empleados fue tan lejos que en determinado momento se negaron a entregar a sus dolientes, los cadáveres que yacían en la Morgue Judicial.

Hubo alguna sanción para algún líder sindical o empleado del Estado?. Ninguna. Todos percibieron sus salarios millonarios con sus pluses. Es posible que algún juicio esté pendiente en alguna sala de la Corte o en el Ministerio de Trabajo, a la espera de la prescripción.

En el caso de la huelga actual, bien financiada y mejor organizada, ¿Por qué tanto rechazo y resistencia al dialogo que promueve Casa Presidencial con el respaldo de algunos diputados? ¿Por qué los autores intelectuales y materiales de tanta violencia canalizan sus necesidades y pasiones contra la policía preventiva? Es decir, la guardia civil y la guardia rural.

Lanzar dinamita, bombas molotov, piedras, palos, incluso un backhoe (bajop) contra la policía, resulta un acto criminal. ¿Que sigue después de herir a un grupo de policías, como ocurrió el pasado lunes 12, o ante la eventualidad de que uno o más agentes del orden mueran a manos de los revoltosos?

Se trata de ciudadanos que visten un uniforme y cuyo trabajo consiste en la preservación del orden y la tranquilidad social. Bajo ninguna circunstancia se les puede considerar como enemigos del pueblo. En esta crisis han llevado la peor parte, aunque no ha faltado algún colega mío que hable de represión. Ojalá que en esa visión de algunos periodistas prive la ignorancia, mas no la mala fe.

Tampoco es justo que los policías expongan su integridad física y hasta su vida, mientras su Comandante en Jefe, el presidente de la República, promueve el dialogo, pero da la impresión de que no se entera del riesgo y maltrato que sufren sus subalternos. Cuando se pierde el respeto a la autoridad, en el país puede ocurrir cualquier cosa, incluso convertirse en un estado fallido.

“Por lo general, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político, y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica”, esta es la definición que ofrece Wikipedia.

La definición puede causarnos cierto grado de preocupación. Muchas cosas de las que engloba el término se han convertido en parte de nuestra realidad social y política.

Esperemos que en nuestro país no surja la figura del refugiado, porque ahora no hay lugar alguno que resulte seguro y atractivo. Prácticamente en ningún lugar del mundo, mucho menos en América. Para ser honestos y despojados de todo chovinismo, ni al norte ni al sur de nuestras fronteras existe un país que garantice bienestar y prosperidad. El sueño americano ya no existe y para hablar sobre la situación de México y el resto de las naciones centroamericanas, conviene ser muy prudente, para no ofender. Otro tanto ocurre desde Paso Canoas hasta la Patagonia. Así pienso y no me considero narcisista ni patriotero.

En torno a esta crisis, surge otra pregunta: por qué la policía represiva, El OIJ, no procede en contra de los cabecillas del movimiento, ya sean sindicalistas y políticos, apoyados por grupos extraños, como Rescate Nacional que, además de lesionar a los agentes del orden, también causan daño a la economía, a empresarios, a trabajadores y a las mismas instituciones?. Al igual que el Ministerio Publico, el OIJ tiene como una de sus principales responsabilidades perseguir a todo presunto delincuente.

Al respecto, la única reacción significativa la ofreció el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, el pasado martes, cuando anunció su decisión de acusar ante los tribunales de justicia al ex diputado y cabecilla de Rescate Nacional, Célimo Guido, por llamarlo “mafioso”.

Ojalá que los protestantes, entre los que figuran empresarios, educadores y desempleados, después de volar pedradas a diestra y siniestra, no terminen en una unidad de cuidados intensivos. De lo que estoy seguro es que difícilmente terminen en los tribunales de justicia y mucho menos en prisión, pues al no haber denuncia tampoco habrá delito que perseguir.

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