Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Por Sergio Fernando Bahr

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

Fuente: Nueva Sociedad


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