Hoja de ruta

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Fernando Berrocal

Fernando Berrocal

En materia de recuperación económica ha costado mucho que esta Casa Presidencial se enfoque y defina un plan estratégico. Pero, por fin, pareciera que el gobierno comienza a aterrizar en una aún incierta hoja de ruta.

Esta administración, reacia a la prensa, ha jugado también a la no transparencia, negándose a un constructivo diálogo abierto y público con los sectores organizados de la sociedad civil.

Pero poco a poco trasciende que, al menos, escucha y conversa con algunas personas en su condición particular y pareciera que, también, lee opiniones contrarias a las propuestas de sus primeros dos ministros de Hacienda. Algo es algo.

Así, entre claros y oscuros, vamos avanzando y la variable económica ha comenzado a jugar su papel, al lado de las prioritarias medidas de salud. Esas aperturas, sin duda, tendrán sus efectos positivos para el sector de los medianos y pequeños empresarios y revitalizará las actividades económicas.

El tema de fondo y medular ahora es la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio de un financiamiento concesional por US$2.250 millones en tres años, pareciera que el gobierno deberá negociar bajo cuatro premisas:

  1. Aumento del IVA del 13% al 15% o nuevos impuestos.
  2. Aplicación sin excepciones de la regla fiscal, en los términos de la Ley No. 9635.
  3. Control estricto del gasto público y los presupuestos.
  4. Venta de algunos activos del Estado.

    Juan Pueblo diría: “Báileme ese trompo en una uña”. Esa negociación augura, de seguro, fuertes confrontaciones nacionales y unos debates apasionados.

    Pero mientras se negocian las condiciones con el FMI, hay medidas prácticas y viables para reactivar la economía y al sector privado que han sido propuestas y que el gobierno podría poner en ejecución. Destaco tres:

    1. Utilizar el fondo de recursos ICT para evitar la quiebra de la actividad turística hotelera, propuesto por el expresidente José María Figueres.
    2. Constituir el fondo de avales propuesto por el banquero Gerardo Corrales para apalancar la reactivación económica del sector privado.
    3. Flexibilizar los reglamentos crediticios bancarios (Sugef), propuesto por el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

    También entusiasma la integración de una Comisión de Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa que, en el plazo de un año, deberá entregar su informe. Esto no cubre lo inmediato, pero pone en perspectiva la posibilidad de una reforma integral necesaria por la que venimos abogando y escribiendo desde hace muchos años.

    Por fin a esa idea le está llegando su tiempo y es que esa reforma no debe ser solo fiscal y económica. Es también constitucional, legal, administrativa y funcional del Estado y del modelo de desarrollo nacional para ajustarnos a los nuevos paradigmas y a la realidad.

    A este gobierno no le alcanzará el tiempo, pero esa reforma integral será el gran reto que deberá ser debatido y resuelto en las elecciones de 2022.

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