Gobierno 2022-2026

Punto de vista

Enrique García Neim
garcianeim@yahoo.es

Enrique García Neim

Uno de los deseos de la población costarricense para el periodo de gobierno 2022-2026, podría ser que la nueva administración pública nos deje como ejemplo para el futuro una nueva política con actitud histórica. Y ya comenzó el 8 de mayo durante el traspaso de poderes con la creación de varios decretos, como: obligar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a seguir las pautas de las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) y la liberación de la frecuencia 5G secuestrada por el ICE; permitir la importación de fármacos sin la necesidad de pasar por el Registro de Medicamentos del Ministerio de Salud, siempre que estos productos farmacéuticos hayan sido acreditados para su venta por autoridades reguladoras estrictas como la agencia Food and Drug Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), o por autoridades reguladoras de referencia regional como son ANMAT (Argentina), COPREPRIS (México), ANVISA (Brasil), INVIMA (Colombia). Además, dicta el decreto para el rompimiento de las distorsiones del mercado de agroquímicos y otras prescripciones en estudio, como el tema de los precios mínimos del arroz.

Los costarricenses votamos por un cambio en el Gobierno Central porque sabemos que los poderes del sector público (ejecutivo, legislativo y judicial) y la sociedad civil no pueden valernos igualmente lo mismo, simplemente porque los gobiernos modernos no pueden ser un fin en sí mismo, como ha ocurrido en aquellos países obsoletos en los que la sociedad debe ajustarse a la ideología de un partido político por la fuerza, o como ocurrió en la Roma Imperial, cuyo modelo no termina del todo, en la que sobre la base de una estructura jerárquica romana se determinaba la vida de todas las personas del imperio. Entonces, nuestro nuevo Gobierno Central puede mirarse hacia adentro en la sociedad civil buscando el bienestar de todos los ciudadanos. Su razón seríamos todas las personas que vivimos entre Paso Canoas y Peñas Blancas.

Si vemos anatómicamente los poderes del Estado, nos daríamos clara cuenta que tiene un caparazón jurídico que formaliza sus estructuras internas. Sin armazón los órganos caen al suelo desparramados, irreconocibles. En cambio, el conjunto de ciudadanos conformamos una estructura interna que puede soportarse sola. Podemos interrelacionarnos de diversas maneras basados en valores morales y sobrevivir hasta configurar un nuevo pacto social. Esta diferencia morfológica nos hace diferentes.

También somos diferentes desde la perspectiva funcional, porque sin la sociedad civil un gobierno moderno no tendría sentido, ¿a quién gobernarían?, sería algo así como tener un restaurante sin tener clientes, ¿a quién atenderían? A la inversa, una sociedad civil moderna con un gobierno en transición o de cambio, e inclusive sin gobierno, puede organizarse para buscar por medios democráticos personas que puedan y quieran administrar los bienes públicos, dirimir conflictos, y establecer las nuevas normas sociales que regirán la conducta de sus ciudadanos.

Vemos que anatómica y fisiológicamente los poderes del Estado y la sociedad civil no son iguales. Mientras el gobierno tiene oficio de movimiento, en pies y manos, la sociedad tiene las funciones del corazón y el cerebro mediante una buena voluntad que todos quieran cumplir.

El problema que hemos tenido en las últimas décadas es que los pies y las manos se confundieron, uno se creyó corazón y el otro cerebro, y esto no es así, porque el alma costarricense está en su Constitución Política que nos recuerda permanentemente que somos una democracia libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Y que nuestra soberanía reside exclusivamente en el conjunto de personas con corazón y cerebro.

Es por este motivo que un referéndum de grandes proyectos morales, sociales, o económicos es correcto, debido a que la potestad de legislar reside en el pueblo, y aunque lo hemos delegado en la Asamblea Legislativa, no ha sido de forma exclusiva, porque podemos si queremos por lo menos el 5% del padrón electoral, convocar a referéndum para aprobar o derogar leyes, e inclusive, hacer reformas parciales a la Constitución. Los resultados serán vinculantes para el Estado, si participa, al menos, el 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, esto cuando el tema tiene que ver con legislación ordinaria, y de un 40%, como mínimo, para las reformas parciales a la Constitución.
El Gobierno y la Sociedad civil, no son iguales, no valen lo mismo. Podemos rectificar el rumbo que tenemos como sociedad con el apoyo de una nueva dirección administrativa del Estado que entienda que la prioridad somos todos.

Magíster en Bioética

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Un comentario

  1. María Alexandra Oviedo Morera

    Que maravilloso para nosotros los y las costarricenses que deseamos mejorar este país, contar con la opinión experta de Don Enrique García. Es una forma válida y expedita de ampliar nuestros conocimientos, establecer perspectivas y tomar decisiones. Gracias Don Enrique!

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