El vergonzoso Plan de Guetos danés

Anton Ösgård y Jonas Algers

El vergonzoso Plan de Guetos danés

Las elecciones generales de Dinamarca de junio de 2019 fueron una victoria importante para la izquierda. Con un discurso de izquierda en cuestiones económicas, Mette Frederiksen llevó a su Partido Socialdemócrata de vuelta al gobierno en un país reconocido por su fuerte Estado de bienestar y su clase trabajadora casi universalmente sindicalizada. Sin embargo, aunque este éxito prometía el fin del ataque de privatización, financiarización y desregulación que duraba décadas, no está claro que el gobierno haya dado realmente un giro a la izquierda.

Esto es evidente sobre todo cuando le vemos adoptar la agenda propuesta por el anterior gobierno liberal-conservador en 2018, y en particular el llamado Plan de Guetos, que define ciertas áreas como guetos basándose en las tasas de inmigrantes no occidentales, desempleo y delincuencia. Para los residentes de estas áreas, el plan establece un régimen de reglas y castigos arbitrarios, un proceso de disciplina que probablemente terminará en el desalojo y la privatización de sus hogares.

Impulsado por el racismo y enmascarado como política social, el verdadero objetivo del Plan de Guetos es el desmantelamiento del potente sistema de vivienda pública de Dinamarca. En la campaña para las elecciones de junio, se afirmó repetidamente que los socialdemócratas de Dinamarca adoptaban una línea dura sobre la inmigración para conseguir espacio político para moverse hacia la izquierda en la economía. Sin embargo, al profundizar en el Plan de Guetos, vemos que los dos no están contrapuestos, y que la estigmatización racializada de los pobres de hecho va de la mano de la privatización de sus hogares.

El gueto

El populismo de derecha ha sido una fuerza potente en la política danesa en las últimas décadas. Desde que el Partido Popular Danés, de extrema derecha, tuvo influencia política directa en 2003 al inclinar la mayoría parlamentaria a unirse a la guerra de George W. Bush en Irak, el partido ha tenido una influencia creciente sobre la política danesa. A través de amplias restricciones a la inmigración, dificultando el camino hacia la ciudadanía, y con la infame Ley de Joyería de 2016 que permite al gobierno confiscar efectivo y objetos de valor de los refugiados que solicitan asilo, el Partido Popular de Dinamarca ha conseguido poner la identidad nacional y la migración en el centro del debate de política nacional, a pesar de que nunca ha participado en el gobierno.

El año pasado, el gobierno conservador propuso un paquete de políticas denominado Plan de Guetos. El Plan se vendió como una solución para deshacerse de teóricas sociedades paralelas en que los habitantes experimentarían altas tasas de criminalidad, altas concentraciones de inmigrantes (sus palabras) y bajos niveles de educación.

Las personas en estas áreas ahora están sujetas a un conjunto de leyes especiales diseñadas deliberadamente para penalizarlas desproporcionadamente, y la policía tiene el poder de imponer zonas de castigo especial en las que los castigos se duplican. Aquí, lo que hubiera sido una multa de 1.000 DKK [130 euros] por alguna infracción ahora supone 2.000 DKK, y lo mismo ocurre con una sentencia de prisión.

Además, las personas con prestaciones de desempleo no pueden mudarse a estas áreas, y si ya son residentes y cometen un delito, es comparativamente más fácil que las expulsen de su hogar. Este mismo espíritu penalizador se aplica al aula. Junto con otras medidas, las niñas y niños de hasta seis años de edad se ven obligados a superar exámenes de idiomas, hay sanciones sobre el apoyo financiero de las familias si los menores faltan a la escuela o los exámenes, las escuelas secundarias pueden limitar el número de estudiantes de familias inmigrantes, y hay clases obligatorias en valores daneses para el alumnado a partir un año de edad.

El plan también incluye mecanismos que otorgan al Estado nuevos poderes para intervenir en la composición de estas áreas en términos de tenencia y propiedad. Una vez que un área ha estado en la lista de guetos durante cuatro años, se clasifica como un gueto duro, y la proporción de viviendas públicas debe reducirse al 40 por ciento del total. Esto significa que los edificios pueden ser demolidos y la tierra vendida a promotores privados, simplemente porque hay demasiados residentes pobres y de minorías étnicas. En los próximos años, se espera que 11.000 personas sean desalojadas porque viven en uno de los quince guetos duros del país.

El racismo: un arma de capital

A primera vista, estas políticas podrían entenderse como resultados racionales en un panorama político caracterizado por un sentimiento chovinista y racista. Pero la realidad parece más compleja. El Plan de Guetos también funciona como una herramienta para avanzar en el proceso de socavar la vivienda pública y mejorar el clima de negocios para los propietarios privados. El evidente racismo del Plan de Guetos oculta la función paralela, si no primordial, de la legislación: privatizar la vivienda pública en un país donde la mayoría de las personas viven en hogares más o menos protegidos de las fuerzas del mercado.

Veamos la ciudad de Copenhague, que alberga una quinta parte de la población de Dinamarca. Desde principios del siglo XX, los socialdemócratas gobernaron el ayuntamiento de Copenhague. Promovieron un gran sector de vivienda social autónomo que opera principalmente a través de cooperativas. La vivienda fue vista como una parte integral del Estado de bienestar dominante en Dinamarca, y el control público del sector de la vivienda se expandió hasta la década de 1980. En ese momento, casi el 90 % de las nuevas viviendas que se están construyendo en Copenhague se financiaban con fondos públicos.

Descrita por David Harvey como comunal, la vivienda se convirtió en “colectiva y no mercantilizada – fuera de los límites de la lógica del intercambio de mercado y las valoraciones del mercado”. Saltemos rápidamente a la actualidad, cuando apenas se está construyendo vivienda pública.

A pesar de que la mayoría de las nuevas unidades de vivienda que se construyen hoy en día son alquileres privados, y debido a la larga historia de vivienda pública de Dinamarca, solo alrededor de una cuarta parte de los residentes de la ciudad tienen un arrendador privado. Alrededor de un tercio de todos los habitantes de Copenhague viven en cooperativas, un quinto en viviendas públicas y un quinto son propietarios de su hogar. Por lo tanto, una parte considerable del stock de viviendas en Copenhague sigue siendo parte de los bienes comunes. Pero como discutimos a continuación, el modelo cooperativo está bajo ataque, en un intento por eliminar sus características no comerciales.

El Ayuntamiento todavía estaba en manos del Partido Socialdemócrata en la década de 1990, pero el contenido de su política estaba cambiando. En este punto, en el advenimiento del dominio hegemónico del neoliberalismo, la gobernanza urbana estaba en proceso de cambio en las ciudades de todo el planeta. El gobierno local pasó de preocuparse principalmente por atender a sus ciudadanos a concentrarse en atraer capital global, un cambio que algunos analistas han descrito como el paso de un modelo de gobierno de la ciudad gerencial (manejo del stock de viviendas) a otro emprendedor (centrado en las ganancias).

En todo el mundo, este proceso llena nuestras ciudades de pastiche realista capitalista en forma de teatros de ópera, reliquias de un pasado industrial y edificios fabriles reutilizados, imponiendo cultura e historia en espacios por lo demás higienizados. Mirando más allá de la apariencia, resulta en una financiarización de los hogares de las personas, convirtiendo las viviendas en bienes inmuebles. En los últimos tres años, más del 70 % de toda la inversión en vivienda en Copenhague provino del extranjero, cuando en 2012 era apenas el 27 %. Esto es parte de una tendencia global, ya que el 60 % de los activos financieros del mundo ahora están vinculados a edificios.

El hecho de que una parte considerable del stock de viviendas danés esté todavía fuera de los límites de la lógica del intercambio de mercado y de las valoraciones del mercado ahora brinda una oportunidad, ya que los bienes comunes representan un terreno virgen sobre el cual las fronteras del mercado inmobiliario pueden expandirse. Para que esto sea posible, hay que mover a la opinión pública a favor de la privatización.

Cambiar el consenso

Las bases para ello comenzaron a establecerse a principios de la década de 2000 en un período que se ha denominado el tiempo de Fogh Rasmussen, una referencia al tiempo de Giuliani y la política revanchista que reformó la ciudad de Nueva York en la década de 1990. En 2002, el gobierno liberal conservador de Fogh Rasmussen inició un plan de batalla destinado a privatizar las viviendas que eran hasta entonces de propiedad colectiva. El plan incluía medidas tales como la eliminación gradual del apoyo estatal para construir nuevas cooperativas, o desmantelar el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos y colocar la vivienda bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Económicos y Comerciales.

Pero quizás lo más transformador fue un esquema de derecho a comprar la vivienda pública inspirado en el proyecto de Thatcher. Descrito en ese momento como un “ariete directamente en el corazón del movimiento sin fines de lucro”, resultó en un crecimiento sustancial de las cooperativas (ya que los residentes compraron sus casas juntas en lugar de individualmente), y fue seguido por la eliminación del los límites a los precios de las acciones de las cooperativas y de las restricciones a las hipotecas privadas utilizando acciones de las cooperativas como garantía. Las cooperativas fueron rápidamente arrastradas a la esfera de las finanzas.

Dado que las acciones de las cooperativas podían servir de garantía para préstamos, resultaba tentador para los miembros de las cooperativas administradas democráticamente votar por el aumento de sus precios en las asambleas anuales. Estos cambios hicieron que las cooperativas de vivienda fueran más similares a la propiedad directa de la vivienda. La mayor liberalización del mercado inmobiliario ganó el apoyo público a medida que creció el acceso de las personas al crédito barato.

La deuda privada de Dinamarca se disparó después de 2002 y alcanzó su punto máximo en 2008. Ahora se encuentra entre las más altas de todos los países de la OCDE, con un 281 por ciento del ingreso disponible neto. El Plan de Guetos, que es en realidad una herramienta para desalojar a los inquilinos y privatizar la vivienda pública, debe entenderse como el último paso en este proceso de financiarización: no es solo racismo. El racismo no sólo ha sido una herramienta para que la élite política retenga el poder, sino también para que la élite económica cree nuevas oportunidades para la extracción de valor y la redistribución de los ingresos a favor de quienes tienen más.

Falta de cambio

El colapso del Partido Popular Danés de extrema derecha y el crecimiento de la izquierda en las elecciones de junio podrían haber sido el comienzo del fin de una era dominada por el populismo de extrema derecha y la financiarización. Pero, desafortunadamente, los socialdemócratas (pretendidamente de izquierda) y el Partido Popular Socialista mantienen el Plan de Guetos, lo que indica que las cosas van a cambiar poco.

Se podría argumentar que los socialdemócratas se han movido hacia la derecha en temas sociales para poder moverse hacia la izquierda en temas económicos. Pero el Plan de Guetos, una herramienta para la financiarización, demuestra que esta narrativa es demasiado simplista. El centro izquierda está desperdiciando la oportunidad de apoyar a los inquilinos al encadenarse voluntariamente a un programa político ideado por el antiguo gobierno liberal-conservador.

En la izquierda, la Alianza Rojo-Verde ha sido la única fuerza que ha rechazdo el Plan de Guetos. Pero desde que los socialdemócratas formaron un gobierno en junio, este pequeño partido ha cambiado su estrategia para centrarse en suavizar las peores consecuencias del Plan. En las negociaciones con el gobierno, ha buscado una implementación más suave de algunas de las políticas involucradas, por ejemplo argumentando que a los residentes desalojados se les debe ofrecer viviendas públicas nuevas y baratas.

Algunos representantes del Partido Popular Socialista y los socialdemócratas también se han opuesto a la promulgación del Plan a nivel local (por ejemplo, el Partido Popular Socialista en la ciudad de Esbjerg, en la costa oeste), pero ha habido poca protesta dentro de estos partidos. a nivel nacional.

En este contexto, el racismo sigue siendo una fuerza poderosa para ayudar a privatizar y liberalizar el mercado inmobiliario. Los populistas de derecha han tenido tanto éxito en situar el debate que una legislación tan draconiana de hecho goza de una gran mayoría en el Parlamento. Una gran parte de la clase trabajadora está siendo abandonada y sus viviendas están a la venta. Es probable que esto solo aleje aún más a aquellos que sienten que ningún partido político les apoya.

En cambio, una izquierda que quiera ganar a largo plazo necesita desafiar el sentido común que ha dominado el país durante demasiado tiempo, explicar cómo las decisiones políticas han llevado al declive del Estado de bienestar y proponer medidas básicas que beneficien a todas las y los trabajadores, sin importar dónde vivan o de dónde vengan. Para conseguir el objetivo de la izquierda de tomar el poder y mantenerlo no sirve centrarse en las próximas elecciones, es necesario desafiar pacientemente la hegemonía de la derecha. Hay que oponerse al Plan de Guetos y a los procesos que lo hicieron posible.

https://www.jacobinmag.com/2019/12/denmark-ghetto-plan-social-democrats-mette-frederiksen

Traducción: viento sur

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