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Progresemos
Carlos Manuel Echeverría Esquivel
Por supuesto que el referéndum es una herramienta importante en el arsenal para apuntalar la democracia, lo que es importante para los que creemos que la práctica democrática va mucho más allá de la participación electoral legalmente establecida como derecho y deber. Su uso tal como lo plantea el artículo 123 de nuestra constitución política y que luego se regula por la vía de la ley 8492 tiene restricciones y límites, es caro de implementar y complejo de administrar inclusive políticamente, ya sea que convoque el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, el legislativo por sí solo o que sea por la vía de la llamada iniciativa popular. No es práctico para las fuerzas vivas sociales estar convocando “referéndums” y además está restringida su convocatoria a uno al año y no 6 meses antes o después de las elecciones presidenciales. Ergo, hablar del referéndum como la herramienta escogida para fomentar una participación de la sociedad civil no es lo correcto. Pero hay alternativas.
Los consejos de desarrollo regional. Una ya probada y que está contemplada en la legislación -ley 5525 de planificación nacional y política y sus modificaciones- y que constituiría una herramienta ideal para sistematizar la mencionada participación es la de la reactivación de los consejos de desarrollo regional, amparados a la mencionada legislación.
El sistema nacional de planificación, conformado por todas las instancias institucionales administrativamente descentralizadas, políticamente nunca, por definición funciona como el cuerpo humano. Está compuesto por partes inter accionantes cada una en la función que le corresponde, pero con el mismo objetivo superior. Teniendo esto claro el equipo de gobierno empezando por el presidente de la República y promoviendo la excelencia en la gestión institucional a todo nivel, el Poder Ejecutivo caminaría por la buena senda con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, respetando y coordinando con el descentralizado Orden Municipal y los otros poderes, desconcentrando donde deba para llevar la efectividad (eficiencia y eficacia) a las instancias del gobierno central cercanas a la comunidad.
Dentro de ese contexto y en la vertiente subsistémica regional de la ley 5525, para fomentar la participación de la sociedad civil organizada están los consejos de desarrollo regional. Deberían funcionar en 22 subregiones agrupadas en 6 subregiones establecidas mediante criterios técnicos para facilitar la planificación regional. En los consejos de desarrollo subregional, cuyo presupuesto operativo es mínimo y coordina MIDEPLAN, participan delegados de las fuerzas vivas sociales organizadas, con los representantes de las entidades del Poder Ejecutivo presentes en la Subregión. Dichos consejos se abocan mediante reuniones sector público- sociedad civil, que en estos tiempos hasta pueden ser “en red”, a revisar los planes operativos subregionales anuales y establecer prioridades, que se convierten en guías para la elaboración de los presupuestos institucionales y del gobierno central hasta donde la flexibilidad presupuestaria permita. En un esfuerzo de consolidación a nivel regional, los consejos de desarrollo subregional designan delegados para constituir los 6 consejos de desarrollo regional con un formato funcional similar. Finalmente el Consejo de Gobierno ampliado con los 6 presidentes escogidos por los consejos de desarrollo regional, se constituye en el Consejo de Planificación Regional-Nacional, presidido por quien ejerza la presidencia de la república. Se debería reunir ordinariamente en forma anual.
Los consejos sectoriales ampliados. La otra herramienta útil, que depende de la correcta aplicación de la Ley 6227 General de la Administración Pública que facilita la gestión política por la vía de la aplicación por parte del presidente y los ministros rectores sectoriales de la llamada directriz política, de cumplimiento obligatorio, es la de los consejos sectoriales ampliados con representantes de los sectores de la sociedad civil organizada pertinentes a cada sector. Por esa vía pueden ser informados de lo que está planteando e implementando el Poder Ejecutivo en cada sector, así como ofrecer sus ideas para que los planes de gobierno sean más provechosos.
Participación sistemática, informada, transparente, inteligente y conducente a algo concreto: participación en la definición de los presupuestos nacional e institucionales. La experiencia cuando operaban los consejos fue fructífera: gobierno y sociedad civil trabajando con dedicación e inteligencia en la misma dirección.
Más que el peligrosísimo referéndum que hasta podría ser manipulado por un gobierno de carácter autoritario, es por la vía de los mencionados Consejos de Desarrollo y los sectoriales ampliados que se puede lograr un salto cualitativo en nuestra democracia, que nos lleve a trascender lo electoral sin desmedro de su carácter fundacional, construyendo así una democracia participativa funcional que facilite la gobernabilidad.
– Ex viceministro de planificación nacional.
