El presidente y su pensión

…¿Y usted qué opina?

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

La ética y la coherencia entre lo que se dice y se hace, son una condición esencial de la política. Esos valores fundamentales se deterioraron en nuestro país, especialmente cuando el PAC los transformó falsamente en uno de sus pilares electorales y, después, en su financiamiento y en el gobierno, negó en los hechos sus severas críticas al PLN y el PUSC. Una gravísima contradicción.

Le creo a don Carlos Alvarado cuando anuncia que renunciará a su pensión legal, el 8 de mayo del 2022, cuando sea Ex presidente de la República. Su decisión merece el aplauso y el noble reconocimiento de la ciudadanía.

Con franqueza digo que los Ex Presidente de la República sí merecen una pensión razonable por el alto cargo, el honor y el servicio de primer nivel que le han dado al país durante cuatro años. Esa pensión legal debería ajustarse al tope máximo que otorga la CCSS. En otros países, incluso, la ley contempla que los expresidentes puedan contar, en vida, con un pequeño equipo asesor y de apoyo institucional, a cargo del Presupuesto Nacional, para que con su experiencia le sigan sirviendo a su país, como siempre debe ser.

La anunciada y ejemplar renuncia del presidente Carlos Alvarado, se produce en el contexto de una fuerte y legítima reacción nacional contra las desproporcionadas y desvergonzadas pensiones de lujo y de una exigencia popular necesaria de control y racionalización integral del gasto público.

Pocos exfuncionarios públicos de alto nivel, por razones éticas y de coherencia política, también han renunciado a su derecho por ley de acogerse a regímenes especiales de pensión y han optado por la pensión normal que otorga el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también los hay.

También hay que reconocer la lucha ciudadana en redes sociales, encabezada por Luis Loría Rojas y la valiente Petición Ciudadana para acabar con esta sinverguenzada de exdiputados, exministros, ex académicos y ex altos funcionarios públicos de acogerse a leyes especiales con cargo al Presupuesto Nacional e inflar por esa vía lo que realmente cotizaron en su vida laboral.

El año pasado se avanzó, pero todavía falta y, en este período de sesiones extraordinarias, la Asamblea legislativa debe completar un esfuerzo integral legal y establecer, en todo el sector público y sin excepciones de ninguna naturaleza para el Poder Judicial, las universidades públicas y el Magisterio Nacional, un tope máximo igual al máximo monto de pensión otorgado por la CCSS, bajo la máxima incuestionable de que la pensión debe responder, nada más, a lo realmente cotizado durante los años de trabajo en el servicio público.

Lograr la integración de los distintos regímenes de pensión, será más difícil y puede que no sea necesario, si todos los regímenes se administran con buenas prácticas de control y, sobre todo, con austeridad, ética y responsabilidad.

Lo que se debe acabar es con la figura detestable de los pensionados de lujo.

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