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El informe del Presidente y la reforma del Estado

Fernando Berrocal Soto

Fernando Berrocal Soto

El desempeño, como dicen los entendidos, fue excelente: la redacción del discurso, el tono en el que se dijo, los énfasis, las pausas, los silencios, los altos y los bajos, la banda presidencial en el pecho, las advertencias, los señalamientos y el entorno con el gabinete detrás. Cien puntos.

La propuesta, seria y responsable, de una nueva política, fundamentada en la rendición de cuentas, igualmente, tiene la mejor calificación. Es un acierto y una necesidad para la democracia costarricense.

En cuanto a lo sustantivo, nada nuevo. El Señor Presidente de la República sintetizo y expuso lo que la prensa nacional informa todos los días: la crisis estructural y funcional del Estado y del sector público. Ese es el problema mayor de la democracia costarricense, desde hace muchos gobiernos.

Claro está, al ser expuesta con crudeza, realismo, sinceridad y al más alto nivel, la denuncia crece sustantivamente y se transforma en un problema de Estado y no solo en material informativo de la prensa. Ese es otro acierto del Informe de los primeros 100 días del Presidente Solís.

Hasta ahí todo muy bien. En lo que diferimos radicalmente del Señor Presidente, es en su propuesta lineal y conservadora de solución y en su llamado a un diálogo en la Casa Presidencial.

Dice el Presidente que no se necesitan más leyes y que de lo que se trata es de cumplir las que existen y volver a la legalidad. Se equivoca. Lo dice porque ni él, ni su Ministro de la Presidencia, tienen experiencia de gobierno, excepto la de estos tres meses. Si así piensa, su propuesta no pasará a más.

El problema es la cantidad de leyes que no sirven absolutamente para nada y que están obsoletas, así como la asfixia y la coraza de hierro sobre la administración pública que significan las que sí se aplican y constituyen el entramado jurídico duro de los controles y límites legales sobre el gobierno y sus instituciones. Eso no se resuelve linealmente ni con buenas intenciones.

Se resuelve con una profunda contra reforma del Estado Costarricense, en algunos casos a nivel constitucional y, en otros, en la mayoría de los casos, en el nivel de la legislación, para lo cual, en ambos casos, se necesita un gran consenso nacional y una sólida mayoría en la Asamblea Legislativa.

Pero primero, se necesita conocer y saber cómo se come esa contra reforma del Estado Costarricense y, para eso, se necesita tener una propuesta escrita y estructurada desde la Casa Presidencial. Eso, lamentablemente, es lo que no tienen el Presidente Luis Guillermo Solís ni su Ministro de la Presidencia.

Papelito habla. Si la Casa Presidencial no propone las reformas estructurales concretas que se necesitan para que el Estado Costarricense sea eficiente y cumpla con sus funciones esenciales, el asunto no va a funcionar y todo se quedará en el buen performance del Teatro Melico Salazar.

Lo primero es una decisión ideológica de fondo sobre el concepto mismo del Estado y el origen del poder en una democracia, a estas alturas del siglo XXI:

¿Qué queremos los costarricenses?.

1.- Un sector público grande, gelatinoso, disfuncional, gastado, superado por las exigencias del desarrollo nacional, amarrado, ineficiente y corrupto (en los niveles bajos, medios y hasta en las jerarquías superiores, como bien lo dijo el Presidente Luis Guillermo Solís) o queremos un Estado más pequeño, funcional, eficiente, dedicado a funciones básicas y esenciales y no a más de 300 distintos objetivos estatales, tantos como instituciones existen.

2.- Ni que decir del gobierno de los jueces (Sala IV Constitucional), el gobierno de los auditores (Contraloría General de la República) y el gobierno de los abogados (Procuraduría General) que, por disposición de esas leyes que el Señor Presidente cree equivocadamente que no se deben alterar, anulan en los hechos y con su poder sobredimensionado y excesivo, lo que es el principio esencial de la democracia y es que el poder lo delega el pueblo en las urnas electorales para que se haga gobierno desde el Poder Ejecutivo.

El pueblo es el soberano, pero ese poder, delegado con creces al Poder Ejecutivo en las últimas elecciones, lo controlan en la realidad, los auditores de la Contraloría, los abogados de la Procuraduría y los jueces de la Sala IV.

Pronto descubrirá el Señor Presidente esa verdad y entonces sí, él y su Ministro de la Presidencia, sabrán que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella” y los límites del poder en una democracia secuestrada por burócratas no elegidos por el pueblo y con poder funcional de verdad.

Por eso es que no funcionará su llamado al diálogo en la Casa Presidencial, en el mes de setiembre. Ese camino ya lo intentó, sin éxito, el Ex Presidente don Miguel Ángel Rodríguez (PUSC). Por favor: la concertación y el diálogo tienen que hacerse en la Asamblea Legislativa, atendiendo a los factores reales de poder político representados y con la participación de los sectores de la sociedad civil organizada. En la Casa Presidencial solo será otro performance.

Pero para eso, insisto, el Poder Ejecutivo tiene que redactar (escribir en blanco y negro) sus propuestas de Reforma del Estado o, mejor aún, de la Contra Reforma del Estado, como pensamos algunos en este país y no solo en el PLN, también en otros partido políticos, incluyendo al PAC. Eso requiere definiciones políticas al más alto nivel y capacidad técnica profesional. No se trata solo de buenas intenciones. Eso no es suficiente.

Por lo demás que cada palo aguante su vela. Si hay denuncias firmes y concretas de corrupción que hacer, contra exjerarcas del PLN o del PUSC, el camino es presentarlas al Ministerio Público. Así funciona nuestro Estado de Derecho. Después de su imponente discurso, es necesario que lo haga o su excelente performance sobrevivirá solo como una anécdota política.

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