El Fiscal General

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

La elección más importante que tiene el país, antes de las elecciones nacionales de febrero del 2022, es la del Fiscal General de la República.

Esa elección le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y es fundamental para la vida y vigencia del sistema democrático y el pleno ejercicio de nuestro Estado Constitucional y Social de Derecho.

La lista de oferentes para ser Jefe del Ministerio Público es de más de 20. Todos seguramente abogados respetables, pero muchos de ellos y ellas, bastante y exageradamente sobrevalorados a sí mismos, en relación con la importancia trascendental de este cargo. En Costa Rica, todos y todas nos sentimos capaces de ocupar cualquier función pública. Pero la verdad es otra y muy diferente. Esa es una perspectiva que hemos perdido en este país.

Es muy democrático y libre que todos aspiremos, pero en el caso del Fiscal General de la República se impone una valoración estricta y méritos reales y objetivos, aún en una democracia abierta y de “hermaniticos” como la nuestra.

La verdad sea dicha: la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una decisión trascendental, en la que debe primar la absoluta excelencia profesional al más alto nivel y gran experiencia en el litigio penal activo, desde los dos lados del mostrador sagrado de la Justicia y no solo desde el del Fiscal o el Juez, también el del enjuiciado y sus defensores; liderazgo para coordinar equipos técnicos y dirigir, eficientemente, el monopolio de la acción penal que le corresponde al Estado y una total imparcialidad política y capacidad de comunicación, porque vivimos en una sociedad abierta que exige rendición de cuentas, eficiencia y resultados justos y medibles del Ministerio Público.

En materia de seguridad ciudadana, nada hacen la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deteniendo criminales comunes, combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico, luchando contra la corrupción y encarcelando la delincuencia de cuello blanco, si el Ministerio Público y los Jueces no cumplen, eficientemente, con el precepto de justicia “pronta y cumplida”, conforme a las leyes y la Constitución Política.

La lucha por la seguridad ciudadana y contra la criminalidad, debe ser una misión compartida y coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en las áreas de sus propias competencias y de ahí la necesidad de fortalecer al más alto nivel, en la Ley General de Policía, el Consejo de Seguridad Nacional, para dictar, realizar y evaluar efectivas políticas públicas o, al paso que vamos, terminaremos siendo otro “país fallido”, como algunos de Centroamérica.

Señores magistrados: la crisis funcional del Sistema Judicial como un todo, es muy grande y Costa Rica necesita un Fiscal General de primer nivel. El Ministerio Público necesita recuperar la solidez y el prestigio institucional que ha perdido frente a la ciudadanía, como un factor esencial y decisivo para seguir viviendo siempre en libertad y en democracia. ¡Cumplan con su deber!


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