El caso de Keylor Navas: una violación gravísisma

Fernando Berrocal Soto

Fernando Berrocal Soto

Durante mi gestión como Ministro de Seguridad Pública me empeñé, como el que más, en la Administración Arias Sánchez, en que existiera una sola y unificada base de información policial y que la misma estuviera bajo control del Poder Judicial, para evitar “abusos de poder” desde el Poder Ejecutivo.

Al final eso se logró y, en ello, jugó un papel predominante el empeño del Presidente del Poder Judicial don Luis Paulino Mora que en paz descanse. El principio de esa necesaria aspiración, la base de datos unificada, es que la misma pudiera ser requerida solo por personal calificado, cuando estuviera en marcha una investigación seria y responsable o cuando estuviera de por medio un auténtico interés público. Nada más. Así, la base unificada sería de acceso restringido, a niveles superiores y sólo por autoridades calificadas del Ministerio Público, el OIJ, e incluso la DIS y la PCD previo cumplir un trámite ante las autoridades correspondientes. Nunca se contempló el acceso abierto de fiscales o agentes del OIJ y, menos aún, sin estar abierta una investigación.

Ahora resulta que la violación y el “abuso de poder” lo cometen autoridades del propio Ministerio Público y de la Policía Judicial (OIJ). El asunto, hay que decirlo con las palabras exactas, ES MUY GRAVE en un sistema democrático y lesiona principios constitucionales fundamentales, como el de las libertades individuales y políticas, en que se fundamenta el orden social democrático y la libertad de los costarricenses. No es un asunto para sancionar con medidas administrativas. Es una causal de despido para los actores y responsables de esta ilegalidad, incluso al más alto nivel y en la persona directa del jerarca responsable de los controles que deberían ejercerse en la Fiscalía General de la República y el OIJ, para que dichos entes que son poderosos dentro del Estado de Derecho, no incurran en “abuso de poder” y en violentar la Constitución Política. Así de grave y así de serio este asunto.

En este último caso, además, el prestigio de Costa Rica como un país en el que existe seguridad jurídica y se respeta y acata el Estado de Derecho, ha quedado en entredicho internacionalmente, porque la víctima ha sido uno de los costarricenses que goza de más prestigio y fama merecida como es el guardameta de la Selección Nacional y del equipo Real Madrid, el ciudadano Keylor Navas y su familia. Además no es la primera vez que esto sucede y que el hecho se transforma en virulenta noticia, en los medios de prensa y en las redes sociales, porque desde el OIJ o el Ministerio Público se ha espiado a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos honorables o se interfieren teléfonos sin previa orden judicial, como se ha denunciado sucede en el ICE. Este asunto hay que pararlo en seco y con medidas ejemplarizantes, en las que debe intervenir la Corte Suprema de Justicia, a la que están adscritos tanto en OIJ como el Ministerio Público. Lo que está de por medio es la esencia misma del Estado de Derecho y valores esenciales de la vida en libertad y en democracia, sancionados por la Constitución Política y profundamente arraigados en el alma nacional.

La que debe proceder es la Corte Suprema de Justicia, pero bien haría la Asamblea legislativa en emitir un voto de censura por estos hechos y el propio Poder Ejecutivo en manifestarse clara y terminantemente, independientemente de la investigación que se anuncia. A los responsables de la dirección y el control interno del Ministerio Público y del OIJ, hay que suspenderlos de inmediato y a los actores directos despedirlos. La sanción debe ser ejemplarizante para que nunca vuelva a suceder. Hechos como estos, deben ser sancionados drásticamente. Preservar el sistema democrático intacto y defender los derechos individuales y políticos de todos quienes habitan en el territorio de la República, que es lo mismo que observar normas esenciales de la Constitución Política, es la responsabilidad más alta del Poder Judicial, frente al “abuso de poder” de sus funcionarios responsables, precisamente, de mantener y acrecentar el Estado de Derecho.

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