Ecuador: el comienzo del fin del gobierno de Lenin Moreno. Dossier

Julio César Guanche, Cristina Vega, Jorge Estrella y Decio Machado

Ecuador

«A los ricos no les gusta / Que los pobres se reúnan»

Julio César Guanche

Lo que está pasando en Ecuador forma parte de un ciclo regional que cuenta con los rostros de Duque, Macri y Bolsonaro. La protesta social desatada es también una advertencia para ellos.

La primera ley marcial que registra la historia moderna fue impuesta en Francia en 1775. En su superficie, se trataba de controlar la explosión popular frente al alza incontrolada de los precios de la harina y, por consiguiente, del pan, el alimento básico de las grandes mayorías. En el fondo, “la guerra de las harinas”, como se conoce ese proceso, fue un intento social de combatir el despliegue capitalista de la nueva economía de libre empresa, que fue impuesta en esa coyuntura a sangre y fuego.

Es un origen, poco reconocido, de la relación moderna entre capitalismo y democracia. Sin embargo, no se trata, por supuesto, del único perfil posible entre ambos.

La Constitución ecuatoriana de 2008 no estableció que el sistema que institucionalizaba sería alguna clase de “socialismo”. Se trataba de un capitalismo regulado, que reconocía la importancia de la propiedad privada y del mercado, con límites a su ejercicio y complementación de formas de propiedad y de ejercicio mercantil, prácticas, por demás, habituales desde una edad tan antigua como el mundo clásico romano y griego.

En dicho texto constitucional quedó aprobado el que quizás sea uno de los artículos más comprehensivos en materia de derecho de resistencia en el constitucionalismo mundial actual. Además, impone obligaciones de promoción y defensa de la economía social y solidaria y acota los requisitos de la declaración de estado de emergencia.

En octubre de 2019 el presidente Lenin Moreno acaba de declararse literalmente en guerra contra esos tres contenidos.

Primero, ha declarado la guerra contra los resistentes. Pretendió reducirlos a los transportistas, a títeres de la mano larga de Correa y de Maduro y los cubrió con las etiquetas de zánganos, delincuentes y vándalos. Los hay, como en toda explosión social, pero es un crimen la generalización.

Los blancos preferidos de esa acusación son los indígenas y la población migrante venezolana y colombiana. Hospitales, universidades, centros de refugio de mujeres y niños, han recibido bombas lacrimógenas. Son prácticas condenadas incluso para situaciones de guerra convencional.

Cientos de detenidos, una parte importante de ellos en condición irregular, varios muertos, un gran número de lesionados, cientos de víctimas de violencia policial y de terror psicológico —en una escala que no se veía en Ecuador desde hace décadas— van siendo el saldo de la guerra declarada por Moreno contra sus ciudadanos.

Segundo, ha declarado la guerra contra cualquier consideración “social y solidaria” de la economía. El paquete propuesto, receta típica del FMI, supone la destrucción de puestos de trabajo, despidos masivos, rebaja de sueldos, cortes de derechos laborales, exención de impuestos a la salida de divisas, condonación de deudas a grandes empresas, privatización de activos públicos. Como siempre, ha dicho que “no hay alternativas”.

Por supuesto, existen. En lo particular, existen márgenes para financiar el transporte público a través de nuevas regulaciones sobre el transporte privado. En lo general, era posible evitar la condonación de deudas corporativas cuyo importe total es similar al préstamo del FMI y es posible potenciar soluciones al enorme desequilibrio del sector externo, que favorece las importaciones, condena a productores nacionales y asfixia el mercado interno.

Tercero, la Corte Constitucional convalidó — con una actuación completamente servil al Gobierno— el estado de excepción, que ha llegado hasta decretar el toque de queda. De política de contención y protección del orden civil, como está concebido, ha sido usado como recurso de guerra y terrorismo estatal contra la población civil. La desproporción del estado de emergencia, y la escala de la violencia, ha llamado la atención de observadores tan poco sospechosos de radicalismo como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Otros actores, en cambio, han sido descrito con mayor gravedad la situación.

El capitalismo regulado de 2008 en Ecuador no fue una panacea. Otros nombres también califican su política: neodesarrollismo o extractivismo. En el proceso, generó conflictos estructurales, duraderos y con diversos grados de violencia con movimientos sociales, señaladamente con los indígenas, cuyas demandas de acceso a agua y tierra, control de territorios, y necesidad de control de la minería y de uso de material transgénico mantuvieron una agenda de resistencia al gobierno de Rafael Correa.

Por ello, la idea de la traición de Lenin Moreno tiene más de una cara.

Efectivamente, ha actuado contra su base electoral, misma que ahora reprime. Está gobernando con la agenda contraria a la que lo llevó al poder. Es difícil no calificar ese gesto como traición.

Por otra parte, conflictos que se han visibilizado en las últimas jornadas tienen más larga data. La consigna “ni Lenin ni Correa ni Nebot” lo explica. Es un “que se vayan todos” a la argentina, que sitúa el problema en el conjunto del sistema político ecuatoriano, y en sus bases y en sus compromisos, no en un líder en particular. Así entendida, la “traición” tiene en Moreno un autor destacado, pero no el único.

La idea de que Correa controla la protesta es una fantasía recurrente de Moreno, que necesitaba agitar las denuncias de corrupción y sobredimensionamiento estatal, cometiendo todo tipo de exageraciones en el proceso, para ir allanando el camino hacia el ajuste. Pero es también el delirio de quien quiere ver en ese mapa de resistencias solo la vuelta del Mesías. La dicotomía Moreno-Correa no explica el actual conflicto ecuatoriano, ni sus salidas. Es un campo plural, atravesado por problemas comunes, con muchas articulaciones (estudiantes y profesores, sindicatos, indígenas, pequeños y medianos propietarios privados, feministas), que no ha construido hasta el momento agenda común ni contra Moreno ni a favor de Correa.

De hecho, el movimiento indígena, tan denostado por cierta izquierda durante el correísmo, es ahora el superhéroe de la movilización, la “tropa de élite” del pueblo ecuatoriano. Por otra parte, el propio gobierno de Correa tiene su expediente con el FMI. En 2008, ese organismo suspendió su revisión anual de la economía ecuatoriana, por haber sido expulsados del país sus calificadores, pero en 2014 las retomó y en 2016 entregó un crédito de 364 millones de dólares, abriendo nuevamente la puerta para su presencia en el país.

El cambio ahora comporta también una cuestión de escala. Lo que fue una puerta, ha devenido una avenida sin tráfico abierto más que para los importadores y los acreedores externos, las grandes empresas, la vieja oligarquía, los corruptos históricos y el propio FMI, cuyas políticas no han dado resultados positivos, en términos de pobreza y desigualdad, en 135 países donde han sido aplicadas. La imagen de Bucaram apoyando a Moreno en la sede del poder tradicional de Guayaquil es una pesadilla para millones de ecuatorianos.

Hace unos meses, Moreno explicó su cosmovisión sobre las virtudes de la libre empresa: un “monito” —niño guayaquileño— de cinco años aprende de espíritu emprendedor mientras vende botellas de Coca Cola en las esquinas contaminadas, e inseguras, de su ciudad. Con su paquete fondomonetarista, y más allá del cinismo de la metáfora sobre el niño trabajador, Moreno ha dejado claro cuál clase de emprendimientos defiende. Con su represión, ha dejado claro también cuál democracia defiende.

Lo que está pasando en Ecuador forma parte, en específico, de un ciclo regional que cuenta con los rostros de Duque, Macri y Bolsonaro, pero la protesta social desatada es también una advertencia para ellos.

En un plano más general, muestra cómo ni siquiera el capitalismo regulado le alcanza al capitalismo que se pretende “a secas” para cubrir sus necesidades de subsistencia y acumulación. Ese es el sentido de cómo va a por todo y a por todos. La cita del “ejemplo” de Venezuela confunde los términos: no se trata aquí de capitalismo vs socialismo, esa manía trumpista, sino de algo que está mucho antes que eso: una defensa del capitalismo sin alternativa alguna a sí mismo. Y esa, obsérvese, es una de las definiciones clásicas de dictadura.

Warren Buffet, dueño de una de las grandes fortunas del mundo, decía en 2004: “si se está librando una guerra de clases en América [los EEUU], mi clase lleva claramente las de ganar”. Según datos oficiales, para junio de 2019 la pobreza a nivel nacional en Ecuador se encontraba en 25,5% y la pobreza extrema en 9,5%. En áreas urbanas, llegó a 16,8% y la pobreza extrema a 5,6%. En zonas rurales, llegó a 43,8% y la pobreza extrema a 17,9%.

Es claro cuál clase está ganando la guerra en Ecuador.

El movimiento indígena y social en ese país andino llegó a ser de los más dinámicos y poderosos del continente en los 1990. Dicho perfil cambió con el gobierno de Rafael Correa, pero conoce, recuerda y afirma el significado de “voltear” a un presidente con programa impopular. Lo ha hecho más de una vez.

El himno de los Indios de Chimborazo dice en su letra: “/ Todos despertémonos / A los ricos no les gusta / Que los pobres se reúnan / Entre todos acordándonos / Busquemos la liberación / Entre todos reuniéndonos / solo así nos liberaremos.” Ahora mismo, no están solos en la protesta. Moreno, con su ley marcial ha activado una “guerra de las harinas” de proporciones que le son incalculables.

https://oncubanews.com/opinion/columnas/la-vida-de-nosotros/ecuador-a-los-ricos-no-les-gusta-que-los-pobres-se-reunan/?fbclid=IwAR1wZ5rVHa15JwE1nouYFkuqBkHcjKzS1AyDHsF6e1zrYY33KrcQQ0GSHeE

Ecuador, una lucha sin vanguardia ni retaguardia: todos de a una

Cristina Vega

¿Cómo se sostiene la lucha en Ecuador? Memoria y legado de luchas pasadas, acuerpamientos, saberes feministas, indígenas, campesinos… Contra la represión que continua y el racismo institucional y mediático. Segunda crónica de Cristina Vega desde Quito. La primera aquí.

Acaban de gasear a las puertas de la Universidad Salesiana en Quito, lugar al que históricamente han llegado los indígenas para alojarse en marchas y levantamientos. «La universidad es zona de paz», reza una pancarta en la Universidad Católica, también lugar de acogida, ante la arremetida de la policía. No ha pasado ni una hora cuando cientos de iniciativas buscan resguardar estos albergues y centros de acopio. Vecinas con solicitudes y firmas dirigidas al alcalde para que declare el área como «zona de no violencia», cartas de docentes universitarios, videos en las redes para hacer respetar la autonomía de las universidades. Y es que no se detienen las hostilidades, contra la gente que se junta, contra periodistas, contra wawas (bebés)…, mientras los voceros se llenan la boca con palabras que definitivamente no van: delincuencia y diálogo.

Resguardar, albergar, cuidar, acoger son palabras que resuenan el día de hoy, allí donde fluyen mil y una pequeñas, medianas y grandes iniciativas para sostener la lucha. Ni vanguardia ni retaguardia; todo de a una, como el palo horizontal que porta la comunidad para defender la tierra, para encabezar la marcha, para no seguir mandados. Ahí es donde se condensa lo se aprende peleando, lo que me gustaría compartir con mi hija y mi ahijada: la fuerza del cuerpo a cuerpo comunitario que enseña el movimiento indígena, y el par reproducción de la lucha y lucha por la reproducción, que alumbran las mujeres organizadas y los feminismos, los wambras también.

Muchos jóvenes urbanos, mestizos, populares y de clase media, se acercan a los centros de acopio. Llegan a dejar algo y se quedan, se arremangan y se ponen a hacer y a coordinarse con otros conocidos y desconocidos. Unos se juntan por aquí, otras por allá. Esto sucede de lo más grande a lo más pequeño. De lo grande: los centros de acopio y acogimiento en las universidades, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y alrededores, que ya hoy se sienten como santuarios. De lo pequeño: la brigada de limpieza que irrumpe y recompone el espacio, la enfermera que logra un auto para llevarse a una joven herida, la que acerca lo propio de casa y se queda. Ocurre, igualmente, de lo fijo a lo móvil. De lo fijo: la compa que reúne, clasifica y manda, los vecinos que cocinan, los amigos que ponen en marcha su colecta. Lo móvil: los paramédicos que van y vienen, adelante, detrás y a un costado de quienes resisten, las amigas que circulan repartiendo almuerzos, panes, coladas, los abogados que atienden y buscan a los detenidos. De pronto todo se recompone, las heridas si no se curan, se mitigan.

Cuentan que en la reciente historia de levantamientos y destituciones presidenciales desde mediados de los 80 y ya en los 90, también se debió forjar la memoria de estos niños, hoy chicas y chicos. Yo creo, seguía mi amiga, que de pequeños han vivido, hemos vivido, episodios que precisaban de la apuesta por lo común. Memoria corporal han de tener.

Hacia arriba, hacia El Dorado, algunas compañeras reportan un herido muy grave de bala, lo sacaban como podían para hacerlo atender. Estamos atentas a ver qué pasó con él, si está muerto. La represión comenzaba arreciar esta tarde en El Arbolito, y después se fue poniendo más fea, como anoche. Hoy pudimos ver imágenes del cordón humano que conectó La Casa de la Cultura con la Universidad Católica, por el que salieron mujeres, mayores, niñas, heridos ante la brutalidad policial.

Las mujeres y hombres indígenas y campesinos caminan juntos con los palos y las ramas de eucaliptus, con las que protegerse de los gases. Y más que juntos, acuerpados, los compañeros salen y entran del ágora preguntando por los de su pueblo, por los de comunidad; separarse es extraño, uno va con los suyos, a la marcha y al descanso, al almuerzo y al camión. Los estudiantes de la católica les aplauden cuando salen: «gracias por siempre estar».

De otro modo, pero también como con los urbanos, se siente el legado. Hermanos de una comunidad de Bolívar, provincia donde han tomado la gobernación, donde quedaron quienes no subieron a Quito, explican lo que todo el mundo ya percibe. Los jóvenes dicen, «ahora nos toca a nosotros». «Nuestros taitas y mamas han peleado, nosotras seguimos su senda igual». Y verá, «mujeres y hombres». En efecto, las mujeres, bien arrechas, gritaban con fuerza llamando a la resistencia, desde la asamblea ocupada y desde la calle. Como los urbanos: «somos los hijos del primer levantamiento», «no se construye el presente sin entender el pasado».

La indignación es mucha y no es de ayer, del paquetazo. Ya estaban los pueblos preparándose, y es que el racismo capitalista es fuerte y recorre el territorio. Estos días hemos podido percibirlo en toda su repugnante densidad: en las palabras de los socialcristianos de Guayaquil, en las palabras de las derechas desde la tribuna de los Shyris. Son la funcional contracara de la hipocresía represiva del presidente Moreno. En Guayaquil, decía la Sra. Viteri, «los que vienen lo hacen para destruir la ciudad en nuestro mes de orgullo», «está la política, pero la ciudad, la ciudad es como si se metieran a tu casa»… Nebot, sí sale directo… «qué se queden en el páramo». Así se las gastan las sudaderas blancas a nombre de la paz, destilando racismo. Porque al final la indiada no es sino un conjunto desordenado de vándalos, turba junta indeseable.

La libertad se va recortando por pedazos. Hoy ha llegado un comunicado advirtiendo que entre estos vándalos se encuentran muchos extranjeros pagados, colombianos y venezolanos, como se ha dicho en varios medios. Para quienes no respeten las leyes y ofendan a los ecuatorianos, sanción y deportación. Radio Pichincha Universal suspendida y así. Eso al tiempo salen con un paquetito de medidas adicionales para sentarse a dialogar con los «hermanos indígenas», mientras meten bala y gas a quienes se retiran a descansar. ¿Qué irá a pasar?

Hay un saber inmenso de las mujeres. Lo veíamos en un hermoso video compartido en redes con imágenes de sostenimiento. La mirada tradicional ve a las mujeres como retaguardia; las que acaban limpiando mientras los hombres se enfrentan arriesgando su cuerpo. Pero con los pueblos y las mujeres la imagen no casa bien, no encaja del todo, algo chirría, aun escapando de idealizaciones. En los últimos tiempos, los feminismos han hecho cambiar la lógica, la han volteado, empujando y revelando un nuevo sentido de lo político. Para que la gente luche, desde luego, hay que barrer, limpiar, curar, cocinar, cubrir el descanso, abrigar, alimentar, tranquilizar, alentar… ¡Eso de una! Pero también ahora jugamos a la inversa o a lo todo a la vez: la lucha es cada vez más lucha por el sostenimiento de los cuerpos colectivos que somos. La reproducción es la lucha, es la forma que nos damos para resguardar y empujar al mismo tiempo. Las luchas anti-extractivas, campesinas, por la soberanía alimentaria y el resguardo de las fuentes de vida muestran ese rostro, las peleas contra la violencia machista y por el acompañamiento en aborto muestran ese rostro, las que se libran ahorita contra el avance del neoliberalismo en calles, vías, comunidades y casas revelan ese mismo rostro. Porque hoy, queremos ir y vamos de a una.

https://www.eldiario.es/interferencias/Quito-lucha_6_951264885.html

La caída del gobierno es cuestión de tiempo

Jorge Estrella

El día de ayer en cadena nacional de radio y televisión, Lenin Moreno, decidió trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, ante la imposibilidad para seguir despachando desde la capital de los ecuatorianos.

Es necesario destacar que, a diferencia de otros levantamientos populares realizados en el Ecuador, que lograron el derrocamiento de los gobiernos de Abdala Bucarán 1996, Yamil Mahuad 2000, Lucio Gutiérrez 2005, las movilizaciones tuvieron su epicentro en la ciudad de Quito, centro político nacional, mientras que, en el resto del país, las protestas fueron muy débiles.

El levantamiento popular actual, registra una protesta generalizada y con fuerza parecida en casi todas las provincias del país, dejando claro que el repudio al actual gobierno es generalizado en todo el Ecuador.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, la oligarquía nacional, el ejército, y los medios han cerrado flas alrededor de Moreno, razón por la que, a pesar de la intensidad del descontento popular, aún el gobierno se sostenga.

Cuál es el origen de esta crisis institucional, que ha debilitado el régimen, y nos ha regresado a las condiciones de fragilidad institucional de hace más de una década, 1996-2006, en la que hubo 10 presidentes en 10 años, tres gobiernos derrocados, y las más baja calificación al régimen. Esta crisis institucional del poder constituido, durante esa década oscura en la política ecuatoriana, acompañada de fuerte desconstrucción democrática que, en la elección del 2007, pulverizará electoralmente a alas principales matrices políticas de la derecha, y permitió la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que construyó en Montecristi, la tierra del Gral. Alfaro, un nuevo pacto social, que desmontó un Estado de corte neoliberal, que había precarizado las relaciones laborales, tercerizado el trabajo, desregularizado la legislación laboral, privatizado empresas públicas, y establecido una reforma económica que colocaba al país en manos de especuladores financieros y parásitos de todo tipo.

La Constituyente de Montecristi, generó una década de estabilidad, eliminado mediante MANDATO CONSTITUYENTE, toda forma de precarización laboral, se elaboró una carpintería legal que permitiría la derogatoria de la legislación neoliberal, y el diseño de un Estado de bienestar, que fincaría su accionar en el control del Estado sobre la economía, un fuerte sistema de control de recaudaciones, que permitiría a partir de esto garantizar el gasto corriente, mientras que de la restructuración de la contratación petrolera el ingreso de las regalías del sector, permitió que el 87% de los ingresos de explotación petrolera, vayan directamente al Estado, y el 13 % para las petroleras.

Se eliminó, endeudamiento externo, para financiar gasto corriente, y se destinó los ingresos de las exportaciones para las cuentas de inversión en infraestructura en general, cambiando la cara del país con nueva vialidad, escuelas modernas, hospitales, universidades, y un programa agresivo para el denominado cambio de la matriz productiva, mediante el envío de miles de jóvenes a estudiar en centros científicos de todo el mundo.

Moreno en dos años desmontó absolutamente todo, ocasionando una crisis de régimen que ha generado la acumulación de una ira sin precedentes en la población.

Las condiciones que originaron la Constituyente del 2007, se han vuelto a plantear y el país se prepara para recuperar, las conquistas laborales, y la dinámica de la economía que Moreno destruyó aceleradamente.

La caída del gobierno es cuestión de tiempo, cuando además al mal desempeño político, se suma un gobierno de pocas luces intelectuales, que, frente al descontento de la población, solo se le ha ocurrido, al igual que los gobiernos atrasados de las décadas pasadas, señalar como culpable de la actual crisis, a un expresidente que vive en Bélgica y a Nicolás Maduro, quien todo el planeta conoce no puede sostenerse ni siquiera en su país.

https://portaldelaizquierda.com/autores/jorge-estrella/

País de lucha

Decio Machado

El estallido popular desencadenado por las exigencias del Fmi sacude a un país en transición y pone en jaque al gobierno de Lenín Moreno. Enfrentado tanto a la actual administración como a la oposición correísta, un renovado movimiento indígena lidera las protestas con una ambiciosa plataforma de reivindicaciones.

Ecuador está inmerso en una huelga general. Esta semana fue ocupado por manifestantes el edificio de la Asamblea Nacional, tras haber sido evacuados apresuradamente los pocos funcionarios públicos que quedaban dentro: los legisladores habían sido los primeros en abandonar el barco un día antes. La consigna de un sector de los movilizados es: “El gobierno de la Asamblea de los Pueblos en Quito y el Gobierno de Lenín en Guayaquil”. En estos momentos todo puede pasar. La Defensoría del Pueblo confirmó al menos cinco muertos en relación con las protestas y la brutal represión policial. Los detenidos se estiman en unos 800 según cifras oficiales.

El detonante

El jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto con sectores del sindicalismo tradicional, a un paro nacional con el objetivo de expresar su discrepancia respecto a las últimas medidas económicas del gobierno. El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena con el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito en demanda de la derogación del decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (Fmi). Este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5 por ciento de su Pbi mediante reformas de carácter tributario, a cambio de otorgarles algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico de Ecuador no es nuevo: ya en 2016 –última fase de la década de mandato de Rafael Correa– existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país, fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos en esta economía dolarizada desde los inicios del siglo. El gobierno correísta decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante la población.

Dos opciones tuvo que manejar el gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el Iva en tres puntos porcentuales –medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva– o la que definitivamente fue aprobada. A priori, la opción tomada por el gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva.

Un modelo de subsidio con escasa eficiencia, que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, a grandes flotas de transporte y a sectores de las elites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser el que menos rechazo social podría generar. De esta manera, Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” –la más usada en el país–, pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera, la gasolina Ecopaís (extra con etanol) pasó de 1,45 a 2,53 dólares y la súper, de 2,3 a 3,07 dólares.

Estados de excepción

Por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad, sean propietarios de vehículos o no. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas. Pero el descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición de Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política necesaria para el mejoramiento de las finanzas públicas y sobre la que “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado, mientras desemplea a un número cada vez mayor de funcionarios públicos.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el gobierno nacional optó por declarar el estado de excepción, en la búsqueda de suspender o limitar el ejercicio de varios derechos, como la inviolabilidad de domicilios, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y la de reunión. Con movilizaciones cada vez mayores en todos los territorios afectados por la convocatoria, la resolución fue unánime: una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, la salud, el transporte y las radios comunitarias.

Se llegaron a contabilizar 300 cortes de carreteras simultáneos durante diferentes momentos del sábado y el domingo pasados. En paralelo, el gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes, intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales). Nada sirvió, y la dirigencia nacional de Conaie ha manifestado públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros.

El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional y se llegó a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales que posteriormente fueron entregadas a cambio de la liberación extraoficial de civiles detenidos. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también declaró su estado de excepción y prohibió en sus comunidades la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Bajar de la sierra

El lunes amaneció más tranquilo, y los voceros del gobierno nacional salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a 50, el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado, el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió al movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La policía nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacia Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada: el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre de Oswaldo Jarrín, amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aun más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers conservadores en las redes sociales. Con los accesos de entrada a las ciudades altamente custodiados por las fuerzas de orden público –militares y cuerpos de elite de la policía nacional– los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de los poco creíbles llamados al diálogo e incluso alguna que otra tanqueta policial fue incendiada durante las reyertas.

Distintos puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada, y los periodistas destinados a cubrirla fueron desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovecharon la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones y protagonizaron asaltos de edificios públicos –como la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado–, que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 horas del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenín Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto con los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba –con cierto nerviosismo– que el pueblo ecuatoriano asistía a un intento de golpe de Estado vinculado a un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano e insistió en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos, la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el gobierno abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña. La estrategia política y comunicacional del gobierno de Moreno, que tiene una credibilidad inferior al 16 por ciento, no pudo ser más desacertada. Rodeado de militares, el presidente de la república realizó un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas en las que reiteró que bajo ningún concepto se revisará el decreto 883.

Con la situación al límite, los movilizados se dispusieron a pasar la noche en Quito en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales. Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atendían a los heridos y el periodismo alternativo trataba de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandaban los movilizados. Manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones. A partir de entonces, las marchas pasaron a ser resguardadas por unas improvisadas pero eficientes guardias indígenas. Los infiltrados, ya fuesen miembros de la policía secreta o agentes del correísmo, pasaron a ser expulsados violentamente de las movilizaciones por los propios manifestantes. Las acciones vandálicas disminuyeron radicalmente.

Un país en transición

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia. En este período se han desarrollado 11 contiendas electorales, se han aprobado tres constituciones –1978, 1998 y 2008– y se ha vivido una década de desestabilización política que comenzó con la caída de Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó con la decepción notable de la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizó aún más a Ecuador, tras implementar el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. El presupuesto general del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, y el endeudamiento público –interno y externo– pasó de 2,8 por ciento del Pbi en 2012 al 8,1 por ciento en 2016 y 9 por ciento en 2017.

La Conaie fue el motor de la resistencia rural comunitaria durante toda la década correísta. El propio Correa los llegó a definir como el principal enemigo de la llamada revolución ciudadana, término propagandístico con el que autodefinió su período de gestión. Pese a ese rol y a haber protagonizado episodios heroicos como el alzamiento de agosto de 2015 –fuertemente reprimido por el gobierno correista–, la Conaie no levantaba cabeza en su crisis interna, iniciada hace una década y media atrás durante el corto período de gestión presidencial del coronel Lucio Gutiérrez, cuando decidió apoyar al gobierno y ocupar carteras ministeriales, abandonando sus principios fundacionales.

Sin embargo, hoy Ecuador vive un momento de renovación política enmarcado en un mapa de transiciones. Con el inicio de las actuales jornadas de lucha, nuevos dirigentes sustituyeron a líderes históricos del movimiento indígena que se encontraban políticamente agotados. Estos últimos días se vio a una Conaie renovada en los diferentes territorios en los que tiene implantación: provincias de la Sierra Central y territorio amazónico. Una Conaie combativa y con fuerte capacidad de movilización popular.

El mismo gobierno de Moreno, inicialmente presentado como la continuidad del correísmo, se ha autodefinido como un gobierno de transición, transitando hacia posiciones neoliberales y entreguistas respecto al Fmi. Incluso en el seno del gobierno de Moreno se puede visualizar una transición con la conformación de nuevas figuras políticas que renovarán en breve la caduca derecha ecuatoriana. Personajes como el vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, o el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, son parte de esa regeneración en el frente conservador en detrimento de los liderazgos más clásicos.

Pero ahora, y a partir del jueves 3 de octubre, todo puede pasar. El gobierno sigue desesperadamente buscando canales de diálogo con el movimiento indígena, Lenín Moreno vuelve a Quito tras las fuertes críticas recibidas por todos lados tras refugiarse en Guayaquil, y en las calles más de 20 mil indígenas acompañados del tejido social solidario quiteño tienen tomado el centro de la capital.

Julio César Guanche es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

Cristina Vega Profesora investigadora en el programa de género de FLACSO-Ecuador y parte de la Revista Feminista Flor del Guanto.

Jorge Estrella dirigente del Frente de Organizaciones Populares de Ecuador.

Decio Machado ex asesor del Presidente de Ecuador Rafael Correa; Miembro del equipo fundador del periódico Diagonal y colaborador habitual en diversos medios de comunicación en América Latina y Europa. Investigador asociado en Sistemas Integrados de Análisis Socioeconómico y director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA). Corresponsal de Brecha.

Fuente: Varias

Revise también

Rodrigo Facio

26 de marzo: Cumpleaños de Rodrigo Facio

26 de marzo de 1917 nace Rodrigo Facio. Un año menor que José Joaquín Trejos, …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cambio Político
Este sitio usa cookies. Leer las políticas de privacidad.