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Discurso del Sr. Rodrigo Arias
Presidente de la Asamblea Legislativa
1 de mayo 2022
En el inicio de sesiones de una nueva conformación política de la Asamblea Legislativa, debo agradecer la confianza que ha sido depositada en mí para presidir el primer poder de la República.
Especial responsabilidad recae sobre mis hombros en la coyuntura compleja de una nueva administración que inicia con una sesión legislativa extraordinaria. Corresponde hoy al Poder Ejecutivo llevar la batuta de las iniciativas de ley.
Este es un año crucial de definiciones de largo aliento que arranca con un nuevo estilo legislativo. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de proponer el rumbo del país, en cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas.
Por lo tanto, el ejercicio de mi gestión debe responder a la mesura y prudencia que demandan los agitados tiempos que vivimos. El diálogo, la búsqueda de consensos y la buena comunicación serán ejes transversales del cargo a mí confiado, como presidente de la Asamblea Legislativa.
Vivimos tiempos en que la búsqueda de consensos es de obligado acatamiento. Escudriñar en la diversidad de banderas partidarias para propiciar encuentros de propósitos comunes se ha convertido en la única conducta política racional, conducente a obtener resultados.
El signo de nuestra época es la diversidad y el respeto a las diferencias es la única brújula para navegar en aguas de incertidumbre. Bajo ese signo de miradas divergentes necesitamos encontrar espacios de encuentro, en representación del pueblo.
Mi brújula será siempre una pronta disposición a facilitar la gobernanza oportuna de la nación. Para ese fin, la comunicación ágil y permanente con el Ejecutivo es una condición indispensable que necesitará un diálogo abierto, franco y transparente con el Ministerio de la Presidencia. Su aliento constante es decisivo para la acción oportuna del Legislativo, sobre todo en las sesiones extraordinarias con que inicia nuestra labor.
Es mi voluntad corresponder a la confianza en mí depositada para presidir esta Asamblea Legislativa, garantizando el control político de altura, vigoroso, y sobre todo, pertinente, que le confieren la Constitución y las leyes a este Poder de la República.
Procuraré que el ejercicio de control político no obstaculice el fluido quehacer del Estado. Especial énfasis tendrá, para mí, poner coto a actividades contra la buena gestión institucional, enfrentar toda práctica de corrupción y denunciar toda manifestación que contravenga la moral pública.
Debo celebrar un aspecto notable de la voluntad de la ciudadanía expresada en la conformación de esta Asamblea que hoy inicia. Su menor número de fracciones robustas, seis en total es el más reducido desde hace veinte años. Esto facilitará las negociaciones, hará más viable la construcción de consensos y limitará obstruccionismos que atentan contra la eficiencia del Poder Legislativo.
Las fracciones aquí representadas se sentirán siempre apoyadas por la Presidencia Legislativa. Es mi compromiso. Quiero servir de puente generador de encuentros hacia la construcción de consensos democráticos, con absoluto respeto a los derechos de las minorías.
Pero la Asamblea Legislativa no es una torre de marfil, sino el corazón de la democracia articulado en las venas de la participación ciudadana, sin cuyo vigor pierde todo sentido. La transparencia del quehacer legislativo, la constante rendición de cuentas de su ejercicio, la apertura a la crítica ciudadana y a los medios de comunicación son elementos decisivos de su propia eficiencia, a la luz de las expectativas ciudadanas.
Pero seamos francos. El dinamismo de un diálogo de buena voluntad se asienta también en encontrar una dosis urgente de innovación y de prudente audacia política. La responsabilidad de esta Asamblea de actuar oportunamente y con la inmediatez necesaria no se inserta en el vacío, sino que corresponde a los intereses de un país urgido de reformas estructurales.
Lo más sentido en la población y en la clase política es la necesidad de imprimir un nuevo rumbo institucional, siempre en el marco del pleno respeto a nuestro ordenamiento jurídico.
Nuestro país está agobiado, con necesidades agravadas por una crisis sanitaria sin precedentes. Todas nuestras carencias se vieron acrecentadas. En este contexto de urgencias apremiantes, me siento especialmente comprometido a fortalecer una agenda de reactivación económica. En ella es prioritario impulsar la generación y formalización de empleo como medio decisivo del combate a la pobreza y de la creación de mejores condiciones de equidad y movilidad social.
En este contexto serán clave la creación de un fondo de vivienda que atienda las necesidades de la clase media, así como la urgencia habitacional de una gran cantidad de familias que viven bajo el umbral de pobreza.
También corresponde a una visión que puedo pensar será de consenso, en el marco de prioridades de esta Asamblea Legislativa, entender que la infraestructura pública va más allá de la red vial, e incluirá la modernidad y universalidad de redes digitales y la mejora de la infraestructura de la educación pública.
En el cumplimiento de esa tarea tantas veces pospuesta se debe inscribir un diálogo
abierto y sin ideologías, tanto frente a las propuestas del Ejecutivo como entre las nuevas y robustas fracciones legislativas.
Nuestro gran desafío histórico es lograr los consensos difíciles para dar grandes giros de timón. Esa, creo yo, es la mayor responsabilidad de nosotros como diputados y diputadas. Para eso fuimos electos, porque lograr reformas significativas corresponde a las necesidades más apremiantes del país, expresadas en las urnas, con toda particularidad y precisión.
Debemos revalorizar el espacio trascendental que necesita tener una nueva comisión de Reforma del Estado. Ahí se deben articular visiones quizás contrapuestas, pero que exigen encontrar cauces que fructifiquen. Sólo así la democracia logrará en Costa Rica una oportunidad sustentable de supervivencia.
No nos engañemos. El nuevo Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa necesitan asumir con rigor la tarea aparentemente contradictoria de saneamiento de las finanzas públicas sin detrimento de la preservación de las conquistas del Estado Social de Derecho.
Es una muy difícil cuadratura del círculo: Por una parte, se necesita preservar la inversión social con escasez de recursos y, por otra, se requiere defender las finanzas públicas sin disminuir las prestaciones sociales. En ambos extremos chocan muchas veces las visiones políticas partidarias, porque estamos en un equilibrio muy precario.
Esa aparente oposición de contrarios, salud macroeconómica y equidad social, sólo puede ser superada si actuamos de buena fe y ponemos los intereses de Costa Rica primero. Debemos propiciar una mayor eficiencia en la producción y una mejor efectividad del gasto social y racionalidad en las instituciones sociales del Estado. Ninguna Reforma del Estado tendrá sentido sin resolver los factores de eficiencia, transparencia, gestión por resultados y rendición de cuentas en nuestra gobernanza económica y social.
La gran pregunta que yo me hago es esta: ¿hasta dónde seremos capaces de alcanzar acuerdos básicos, pero significativos, en una Reforma del Estado que ya no puede seguir esperando?
Es una pregunta pertinente.
¿Hasta dónde hemos comprendido que no es posible hacer cambios sin convencer, sin persuadir?
¿Qué esfuerzos tendremos que hacer para que se entienda que no hay cambios sin sacrificios, que no hay cambios sin provocar fracturas y efectos no deseados pero críticos y necesarios para Costa Rica?
Tenemos que ir adelante. Estamos ante una urgencia histórica. Debemos responder a ella. El inmovilismo no es una opción. La paciencia de los pueblos tiene sus límites.
Por eso, en el acto de apertura de sesiones extraordinarias, cuyas iniciativas de ley estarán a cargo del Ejecutivo, yo quisiera tener una voz de concordia y entendimiento desde la presidencia de la Asamblea. Es mi compromiso tender puentes de comunicación y de coordinación con todos los Poderes del Estado.
El poder legislativo es el único poder del Estado que tiene una permanente vinculación funcional con los otros Poderes de la República. En ese complejo encadenamiento de construcción del ordenamiento jurídico tenemos una tarea pendiente, en particular con el Poder Judicial.
A esta concatenación fáctica no siempre se le ha dado la fluidez comunicativa que tiene su trascendencia. La participación activa y oportuna del Poder Judicial es siempre un componente decisivo para alcanzar las metas comunes, para consolidar sinergias proactivas de gobernanza y concurrir con el esfuerzo legislativo para la pronta y oportuna solución a las necesidades del país. Por su parte, el Poder Judicial tiene también un gran reto histórico: hacer valer el principio de justicia pronta y cumplida.
Hagamos juntos lo que es posible. Hagamos posible lo que sea viable. Hagamos viable lo que nos opone. Mejoremos la gobernanza. Encontremos la justa medida de cambios razonables, socialmente apropiados, financieramente sostenibles y sobre todo urgentes para el futuro del país.
Hago votos por la buena marcha de la nueva administración, por el éxito de esta Asamblea y por la prosperidad de Costa Rica. Nada menos se espera de nosotros.
Muchas Gracias
